El trabajo de El Faro reúne sobradamente las cualidades que debe tener un periodismo responsable y serio en cualquier parte del mundo y debiera ser motivo de orgullo para el país. Pero hay que decirlo, ese tipo de periodismo es incómodo a cualquier instancia de poder. No importa si se trata de las instancias oficiales o de poderes de otro tipo. Ojalá que las autoridades y los líderes de las pandillas entiendan lo importante y saludable para la sociedad que es el trabajo periodístico, especialmente el que hace Carlos Dada y sus colegas de El Faro. Seguramente que más de alguna vez incomodan, pero esas incomodidades nos permiten acercarnos cada vez más a un Estado más transparente y eficiente y a una sociedad más tolerante y justa.
Desde la publicación, el 14 de marzo pasado, de un reportaje de El Faro en el que se informaba de una supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas, por la que se trasladó a 30 líderes de maras del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales, a cambio de que estos ordenaran o convencieran a las pandillas que no siguieran con los asesinatos, ha habido una serie de situaciones que por un lado alegran a la población (hay menos homicidios), pero que también preocupan: ¿Ha habido negociaciones?, ¿entre quiénes?, ¿a cambio de qué?, ¿bajo qué condiciones?, ¿con qué posibilidades de sostenibilidad en el tiempo?, etc.
El tema de por sí es complejo y controversial. A pesar de los silencios y la dificultad para conseguir la información, a la fecha ya se pueden establecer “hechos comprobados”, pero estos hechos tienen serias implicaciones. Veamos primero los hechos:
- 1. El Faro, que viene trabajando el tema de la delincuencia y las pandillas desde hace rato, tuvo acceso a informaciones que apuntaban a la existencia de una negociación entre gobierno y pandillas. Trató de corroborar esa información en instancias oficiales y no fue atendido. Un día después el Ministro de Justicia y Seguridad Pública señala que la disminución de homicidios se debe a la efectividad del trabajo de los cuerpos de seguridad e inteligencia.
- 2. Se comprueba el traslado de treinta líderes de pandillas, desde el centro de máxima seguridad a otros penales. Las autoridades dan diversas y a veces contradictorias explicaciones: medidas humanitarias, razones legales, amenazas de ataques a Zacatecoluca, etc. Las razones humanitarias pueden ser aceptables, pero no suficientes. ¿Por qué se traslada a treinta líderes de pandillas, pero solo a tres reos comunes? La amenaza de ataque da más dudas que certezas. ¿Resulta que el penal de máxima seguridad, en realidad no lo es? Aunque en un principio se niega que haya relación, al final el Director de Centros Penales, termina diciendo que “el traslado de pandilleros se mantendrá si se mantiene la tregua”. Entonces, sí hay una relación.
- 3. Monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango dan una conferencia de prensa en que afirman que sí ha habido un acuerdo, no entre gobierno y pandillas, pero sí entre pandillas. Sin embargo, para que la tregua pactada funcione, el gobierno debió aceptar el traslado de los líderes a otros penales, para que informen, convenzan u ordenen a los otros jefes lo pactado. Conclusión: el traslado no se dio por razones humanitarias o por seguridad, si no porque había una negociación de por medio.
- 4. El día 22 de marzo se conoció un comunicado firmado por los “voceros” de las pandillas que confirma que ha habido una negociación, no con el gobierno, si no con Colindres y Mijango, que las pandillas están dispuestas a parar los asesinatos y la violencia, que no piden amnistía ni beneficios, pero que esperan que este gesto sea correspondido por el Estado y la sociedad facilitando su reinserción.
Hasta allí bien. Sin embargo, dos apartados de ese comunicado aluden directamente a El Faro, a quien acusan de irresponsable, tendencioso, perverso y poco profesional. Más adelante acusan a Carlos Dada, de “jugar” con la vida de los líderes porque su publicación ponía en entredicho la integridad moral de los negociadores ante los ojos de los demás pandilleros.
Esto último es muy grave. Los periodistas de El Faro, incluido su Director, ya habían sido advertidos por el Ministro de Justicia de que podían correr peligro. El comunicado de las pandillas, no los amenaza directamente, pero es claro que allí hay un mensaje. Si bien es cierto que en la entrevista que hizo el Diario de Hoy, todos los líderes afirmaron que no existe ninguna amenaza, los señalamientos persisten. “Sentimos que Dada ha puesto en peligro nuestras vidas, al decir en público que nosotros nos hemos vendido por dinero, que ha habido negociaciones ocultas con el gobierno. Esto pudo haber provocado reacciones violentas contra nosotros, y hasta la muerte por traición'.
Esta serie de hechos tiene implicaciones muy serias. En primer lugar evidencian un manejo comunicacional muy deficiente por parte de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, manejo plagado de falta de transparencia, incoherencias y contradicciones. Se negó acceso a la información a los periodistas de El Faro cuando trataron de verificar la información que habían obtenido de otras fuentes. Se convocó a una reunión con medios para tratar el caso, mas no se invitó al Director de El Faro, pero se habló de él y de lo que podía sucederle por tratar esos temas. Después se reúnen con Carlos Dada y le informan que saben que podría correr peligro.
La información de El Faro y de otros medios confirma que ciertamente algo ha estado sucediendo y no ha sido casualidad. Se reducen los homicidios, ha habido negociaciones y se trasladó a los pandilleros. Y ese traslado sí tiene relación con el tema. Hay un comunicado de las pandillas que lo confirma. El Diario de Hoy entrevistó en Ciudad Barrios y Cojutepeque a los líderes reubicados y a otros más y en ambos casos se da la misma versión.
Procede entonces, concluir. Es evidente que ha habido un pésimo manejo mediático del tema por parte del gobierno. Extraña el silencio del presidente Fune en algo tan trascendental. Ante esto, lo menos que puede hacer un ciudadano es dudar de la efectividad y transparencia del trabajo de las autoridades encargadas de la seguridad pública. Más grave, esta situación ha expuesto a los periodistas de El Faro y a su Director, Carlos Dada, a una situación incómoda y sobre todo peligrosa.
Basta con revisar los archivos de El Faro para comprobar que, en primer lugar, vienen trabajando estos temas desde hace rato, por lo tanto han acumulado amplia experiencia en este campo. Que sus publicaciones son producto de cuidadosas investigaciones; que siempre tratan de conseguir una segunda versión, pero no siempre las autoridades o los implicados acceden a darla. Que sus reportajes no están dirigidos ni contra el gobierno, ni contra las pandillas. Sobre lo último, es suficiente ver sus notas sobre las condiciones infrahumanas en que viven los privados de libertad en los penales.
