Ninguna discusión que tenga implícito un enfrentamiento entre principios básicos es fácil pero abre la puerta a plantearse preguntas, y buscar respuestas, que son fundamentales para definir el rumbo y el tipo país que queremos y merecemos. La nota publicada por El Faro sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno y los líderes de las pandillas, así como las reacciones que ésta ha provocado, nos pone frente a preguntas de esta naturaleza.
La primera pregunta clave tiene que ver con la legitimidad de las supuestas negociaciones -hayan sido éstas directas o través del aval o anuencia para que fueran realizadas por terceros- entre funcionarios del Ejecutivo y los miembros de las pandillas. Si tomamos como punto de partida el valor intrínseco de cada vida humana es posible argumentar que la negociación es legítima en la medida en que ha logrado reducir, en forma significativa y durante un determinado periodo de tiempo, el número de homicidios. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, como forma de organizar y ejercer la autoridad que garantice que todos sus habitantes gocen de los derechos fundamentales derivados del valor y la dignidad de la vida humana, la pregunta a responder se convierte necesariamente en una pregunta sobre la legitimidad política y jurídica de la negociación.
Desde esta perspectiva, al recurrir a una estrategia de negociación el Estado salvadoreño estaría dando indicaciones de su incapacidad para hacer cumplir la ley y consolidaría los niveles de impunidad crónica que afectan al país, esto tiene dos implicaciones políticas: a) pérdida de autoridad y legitimidad (la autoridad y la legitimidad del Estado en el monopolio del uso de la fuerza están basadas en su capacidad de garantizar la seguridad de sus habitantes y en hacer cumplir la ley); b) transfiere poder y legitima a las organizaciones con quienes negocia. Esta preocupación por la´legitimización´ también es pertinente de cara al texto atribuido a representantes de las dos pandillas en el cual se utilizan expresiones y comparaciones que hacen borrosa la distinción entre insurgencia armada y crimen organizado. Distinción que es importante en términos políticos y que tiene además consecuencias jurídicas, ya que el primero de los casos obliga a la aplicación de instrumentos internacionales que regulan los conflictos armados.
Además de las consideraciones arriba anotadas y tomando en cuenta los términos de los acuerdos logrados, según las versiones ofrecidas por quienes asumen la responsabilidad de la mediación, cabe cuestionar una estrategia de negociación que compromete el funcionamiento de instituciones y recursos del Estado a cambio de un acuerdo de buenas intenciones para disminuir la violencia letal pero que no desarticula –si no más bien confirma- las estructuras organizativas y que no demanda la entrega de las armas que han venido dando soporte a las operaciones ilegales.
Si la incapacidad para hacer cumplir la ley cuestiona la autoridad y legitimidad del Estado salvadoreño, la forma de reacciónar de las autoridades gubernamentales frente a un trabajo periodístico levanta preguntas sobre su compromiso con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. Más aun, la forma en que otros medios de prensa y periodistas han reaccionado frente a la nota de El Faro genera interrogantes sobre su compromiso a favor de la libertad de prensa y, al centrar la discusión en el mensajero y no en el mensaje, generan dudas sobre su capacidad de ejercer un periodismo responsable y respetuoso hacia sus lectores.
Las limitaciones del periodismo investigativo, sobre todo cuando busca esclarecer acciones que se desarrollan desde los mecanismos ocultos del poder, son reales y no se pueden desestimar; es por ello que la responsabilidad de un medio informativo no es nada más –pero tampoco nada menos- que ofrecer una explicación plausible de los hechos de interés público y hacer una lectura critica de las versiones oficiales. La verdad absoluta es privilegio de la fe; la crítica y el cuestionamiento son demandas de la razón pública.
El Faro ha cumplido –mostrando una dosis de valentía, como queda demostrado por el tono y contenido del debate de la semana pasada- con la responsabilidad de investigar y dar conocer una explicación de los hechos basándose en la triangulación de la información ofrecida por distintas fuentes. A las autoridades les corresponde brindar una explicación de los hechos coherente y consistente con los principios de transparencia y rendición de cuentas propios de la democracia. La gravedad del problema de seguridad que afecta al país así lo exige.
