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FMLN, Gana y CN pactan sacar a Jaime de Sala Constitucional y nombrar a Ástor Escalante fiscal general

El cuarteto de magistrados cuyas sentencias redujeron el control de las cúpulas partidarias sobre quiénes se convierten en diputados será desintegrado por decisión de los diputados de FMLN, Gana y CN. Estos han acordado trasladar a Belarmino Jaime y nombrar al magistrado suplente Ovidio Bonilla como nuevo presidente de la Corte Suprema, en un pacto que incluye el relevo del fiscal Romeo Barahona.

Martes, 24 de abril de 2012
Patricia Carías

Los legisladores de los partidos FMLN, Gana y Concertación Nacional pactaron este lunes romper el cuarteto de magistrados elegidos en 2009 cuyas sentencias dieron a los salvadoreños el derecho a votar directamente por candidatos a diputados, una decisión que les significó la animadversión de las cúpulas partidarias, que ya para 2010 amenazaban con destituirlos.

El acuerdo, negociado a escondidas desde mediados de marzo, se terminó de afinar este día para sacar de la Sala de lo Constitucional al magistrado Berlamino Jaime, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, decidieron nombrar como nuevo presidente del máximo tribunal al magistrado suplente Ovidio Bonilla, al ex fiscal adjunto Ástor Escalante como nuevo fiscal general, y al magistrado saliente de la Corte Suprema Marcel Orestes Posada como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.

Astor Escalante. Foto El Faro
Astor Escalante. Foto El Faro

Las negociaciones, impulsadas por el FMLN para hacer los nombramientos en la Asamblea Legislativa saliente y así evitar la necesidad de tener que llegar a acuerdos con el partido Arena en la legislatura que iniciará labores el 1 de mayo, también incluye cómo quedará integrada la junta directiva de la próxima Asamblea: cuatro sillas para Arena, cuatro para el FMLN, tres para Gana y tres para CN.

Estos últimos tres partidos pretenden hacer los nombramientos en una sesión plenaria programada para arrancar a las 10 de la mañana de este martes.

La salida de Jaime de la Sala de lo Constitucional ha ocupado la discusión legislativa y extralegislativa en las últimas cinco semanas, porque según algunos, los magistrados constitucionalistas son nombrados para permanecer durante nueve años en dicha sala, pero en el FMLN, Gana y CN dicen estar convencidos de que la presidencia de la Corte está excluida de esa disposición porque la Constitución dice que ese cargo se renueva cada tres años.

Jaime más los magistrados Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez se ganaron en julio de 2010 el mote de 'los cuatro fantásticos' entre sus admiradores, y de 'los cuatro jinetes del Apocalipsis' entre sus detractores. En un lapso de un año emitieron una serie de sentencias sobre demandas contra el poder de los partidos políticos para controlar quiénes se convierten en legisladores, sobre el trato favorable de la ley penal a los periodistas y dueños de medios de comunicación en delitos contra el honor, y sobre la atribución de la Presidencia de la República para asignarse millonarios fondos sin aval legislativo.

Hasta las 7 de la noche de este lunes, dirigentes del FMLN, Gana, CN y Arena coincidían en la descripción del pacto. La primera de las instituciones que definieron los legisladores fue la Corte Suprema, donde este próximo 30 de julio terminan su período cinco magistrados, por lo que quedan libres un cargo en la Sala de lo Constitucional, uno en la de lo Penal, una en la de lo Civil y dos en la de lo Contencioso Administrativo. El miércoles pasado la discusión sobre la elección de magistrados tomó un nuevo rumbo cuando el vocero oficial del FMLN, Roberto Lorenzana, declaró a medios de comunicación que una de las intenciones de su partido era remover a Belarmino Jaime de la presidencia de la Corte.

El artículo 174 de la Constitución establece que la Sala de lo Constitucional tendrá cinco magistrados y que uno de ellos será el presidente, elegido por los diputados cada tres años. Aunque el FMLN dice tener claro que los magistrados de lo constitucional deben durar nueve años en sus puestos, consideran que el caso de Jaime es distinto porque él fue elegido presidente de la Corte, no magistrado de la Sala de lo Constitucional. El mismo artículo 174 sin embargo precisa que es el presidente de lo Constitucional quien se convierte en presidente de la Corte y a la vez en presidente del Órgano Judicial.

Esto último es lo que argumentan decenas de organizaciones cívicas que se aglutinaron en junio de 2011 para hacer causa en favor de los cuatro magistrados, cuando la derecha legislativa y el presidente Mauricio Funes hicieron una rápida maniobra para maniatar a la Sala, obligándola a emitir sentencias de inconstitucionalidad solo por unanimidad. El decreto creó una crisis de institucionalidad que llevó incluso a la comunidad internacional a denunciar el irrespeto a la independencia de poderes y a la autonomía judicial debido a las reformas.

Si FMLN, Gana y CN concretan la remoción de Jaime, la Sala de lo Constitucional quedaría con dos vacantes, porque el magistrado Néstor Castaneda está terminando sus nueve años.

Esta mañana, Lorenzana reiteró la postura de su partido, desdiciéndose de su discurso previo a las elecciones del 11 de marzo, cuando en una entrevista con El Faro el vocero efemelenista aseguró que su partido no iba a forzar la elección anticipada ni de la Corte Suprema ni del fiscal general. 'En el caso de Belarmino Jaime, él fue electo presidente de la Corte por un plazo de tres años y por eso llegó a la Sala de lo Constitucional. Él va fuera de la sala porque fue electo para tres años'.

La versión de los efemelenistas fue apoyada por el cenista Francisco Merino. 'Consideramos que Belarmino Jaime concluye sus tres años como presidente para los cuales había sido elegido. Entonces hay que reemplazarlo. Todavía no se ha definido dónde, ni quien va para aquí o para allá. Pero nosotros tenemos todo el soporte jurídico para reemplazarlo', dijo.

El acuerdo es que el reemplazo sea el abogado Ovidio Bonilla Flores, quien en julio de 2009 fue elegido magistrado suplente.

Las otras cuatro plazas vacantes en la Corte serían ocupadas por José Salomón Padilla, representante legal y notario de la constitución de la asociación intermunicipal Enepasa que posteriormente constituyó Alba Petróleos de El Salvador; la abogada Doris Luz Rivas Galindo (ambos propuestos por el FMLN);  José Roberto Argueta Manzano, propuesto por CN, y Elsy Dueñas de Avilés, propuesta por Gana. Por el momento, los partidos aún no definen quién podría ocupar el lugar de Jaime en la Sala de lo Constitucional.

Uno de los aspirantes que había dicho que quería ser presidente de la Corte es el magistrado Ullices del Dios Guzmán, de la Sala Penal, que se postuló para la reelección en el cargo y que al parecer solo obtendría una magistratura suplente en la Corte. Los magistrados elegidos en 2009 han acusado de Guzmán de ser el líder de un grupo de magistrados del máximo tribunal que protegen a los jueces corruptos de El Salvador y boicotean su depuración.

La segunda institución en juego es la Fiscalía, cuyo titular, Romeo Barahona, termina sus funciones en septiembre próximo. En esta institución los legisladores acordaron nombrar a Ástor Escalante, exfiscal adjunto que en 2009 dejó su cargo como viceministro de Seguridad para tomar las riendas de la institución dado que la Asamblea no lograba un consenso en la elección del nuevo fiscal. En ese momento, fue el partido FMLN quien se negó a que Escalante quedara en dicho cargo y tras cinco meses de acefalía y con la intervención del presidente Mauricio Funes, la Asamblea acordó nombrar a Barahona.

En abril de 2009, unos días antes de que Escalante dejara el cargo de fiscal general en funciones, sorprendió al país cuando en un lapso de cuatro días y sin responder apenas a las principales dudas sobre la muerte del exdirigente arenero Adolfo Tórrez, cerró el caso concluyendo que se había suicidado.

El diputado Mario Ponce, quien abiertamente se ha negado a dar su voto por la elección de una nueva Corte y un nuevo fiscal, reveló que algunos miembros de su fracción habían acordado con el FMLN y Gana que Escalante fuese el nuevo fiscal. 'En la elección de fiscal estaban entre Astor y Barahona. Al final quedó Astor. No sé cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para elegir, no sé si son partidarios o de idoneidad. Pero ambos conocen la Fiscalía y tienen la capacidad', dijo.

En sus declaraciones Ponce aprovechó la oportunidad para reiterar que no daría su voto a favor de los nombramientos, dejando claro que en el partido hay una división respecto a la votación. Minutos antes, su colega, Reynaldo Cardoza, había asegurado a los medios que a pesar de que Ponce no daría su voto el partido se encargaría de llamar a un suplente para que los 10 votos de CN estuvieran disponibles. Al conocer la reacción de Cardoza, el legislador aseguró que nadie lo podía obligar a llamar a un suplente ni a votar a favor.

Para que la elección sea un hecho y se concrete lo pactado son necesarios al menos cinco votos favorables de CN, dado que en total se necesitan 56 votos, es decir dos tercios de los 84 diputados. FMLN y Gana suman únicamente 51 escaños.

Los partidos también incluyeron en su acuerdo nombrar al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, silla que quedó vacía en 2011 al terminar su mandato Lizette Kuri de Mendoza. El escogido para el cargo es Marcel Orestes Posada, magistrado saliente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Posada fue propuesto por el FMLN para este cargo, sin embargo, estos nunca consensuaron con Arena la presidencia del Tribunal, ya que estos últimos proponían a Helen Clímaco de Esquivel. De acuerdo con el pacto, Esquivel sería ahora suplente de Posada en el TEG.

El último acuerdo pactado fue la presidencia de la Asamblea para la próxima legislatura, donde los tres partidos decidieron crear una junta directiva de 14 miembros, tal como lo planteó el CN en sus declaraciones. De estos, le corresponderían cuatro miembros a cada uno de los partidos mayoritarios, FMLN y Arena; y tres a cada uno a Gana y CN. La propuesta ya había sido planteada la semana pasada por los diferentes partidos políticos, entre ellos Arena, que dijeron en sus declaraciones mediáticas estar de acuerdo con dicha conformación siempre y cuando la mayoría para la toma de decisiones los pusiera en igual posición que los demás partidos.

Con este arreglo el gran ganador es CN, pues con apenas siete escaños ganados para la legislatura 2012-2015, tendrá el 43 por ciento de sus diputados con cargos directivos. Cada miembro de la junta directiva recibe un sobresueldo que puede ser hasta mil 700 dólares superior al sueldo que recibe un legislador no directivo.

La presidencia de la próxima legisaltura quedaría a cargo del FMLN, partido que desde el 1 de febrero del año pasado está a cargo, bajo el mandato de Sigfrido Reyes. Esta mañana fue el mismo Reyes quien confirmó a los medios de comunicación que la presidencia de la institución se mantendrá bajo el dominio efemelenista. Sin embargo, esta podría ya no estar a cargo de Reyes, y hay quienes ya hablan de la posibilidad de que la diputada Lorena Peña asuma el cargo. 'A Lorena hay muchos sectores que la apoyan en el partido y ella estaría a la par de Sigfrido, pero aún no hay acuerdo', dijo Roberto Lorenzana la semana pasada a El Faro. Peña es presidenta de la Comisión de Hacienda.

Si lo pactado por los partidos políticos se mantiene, los nombres mencionados podrían ser juramentados este mismo martes, con excepción de los directivos de la próxima legislatura, que tomarán posesión de sus cargos el 1 de mayo.

La Comisión Política de la Asamblea se reunirá la mañana de este martes para tratar de afinar los últimos detalles del pacto, que pasa por decidir dónde quedaría ubicado cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Foto El Faro
Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Foto El Faro

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