La Fiscalía de El Salvador pondrá en marcha en mayo un centro de intervención de telecomunicaciones montado con ayuda de Estados Unidos, que permitirá realizar escuchas telefónicas para combatir al crimen organizado, informó este martes el fiscal general, Romeo Barahona, justo el día en que la Asamblea Legislativa ha decidido que no lo reelegirá para un segundo mandato.
'Se están haciendo las últimas pruebas (técnicas) de enlace con todos los operadores de telefonía y, posteriormente, estaríamos en capacidad de comenzar las intervenciones', aseguró Barahona a los periodistas, preludiando el final de un proceso tan tardado en que el funcionario incluso llegó a ser cuestionado por la diplomacia estadounidense y por el presidente de la República, Mauricio Funes.
La instalación del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE), comenzó desde 2010 con ayuda de Estados Unidos, que donó 5 millones de dólares en equipo informático de última generación, y en su instalación participaron especialistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El FBI también se encargó de capacitar a un equipo de fiscales y agentes de policía que trabajarán en el CITE en la labor de intervención de telecomunicaciones, añadió el fiscal general.
Las intervenciones telefónicas serán una realidad gracias a una reforma constitucional ratificada en 2009 por la Asamblea Legislativa. La ley correspondiente fue aprobada en febrero de 2010 y según la normativa, el centro de intervenciones telefónicas debería comenzar a funcionar seis meses después. Pero se llegó agosto y lo que hizo el fiscal Barahona fue pedir una prórroga, aduciendo que necesitaba buscar los recursos económicos para sufragar los costos de montar el centro. Estados Unidos entonces anunció un donativo de 5 millones de dólares y en enero de 2011, cuando la Fiscalía parecía estar paralizada, la embajadora Maricarmen Aponte le hizo un llamado a apresurar las cosas. 'Invito al fiscal a que firme el memorando de entendimiento', dijo la diplomática esa vez. Una semana más tarde llegó el reclamo del presidente Funes, quien dijo no entender por qué Barahona no firmaba el memorando.
Para permitir la intervención, la Asamblea aprobó la normativa que dispuso que el CITE estará bajo la dirección de la Fiscalía, y que regula el tipo de investigaciones que permitirían el espionaje telefónico bajo orden judicial: extorsiones, homicidios, secuestros, pornografía, narcotráfico y asociaciones ilícitas, entre otros. La ley permite la intervención a la telefonía celular y fija, mensajes electrónicos en internet, medios ópticos y electromagnéticos.
'Ya se tiene en estudio algunos casos en donde podríamos hacer una intervención', sostuvo Barahona, sin entrar en detalle.
El fiscal general, cuyo mandato de tres años termina en septiembre, añadió que en las próximas semanas la Fiscalía también comprará al menos cuatro vehículos dotados de equipos para hacer intervenciones.
El crimen organizado, sobre todo los narcotraficantes y las pandillas juveniles, convirtieron a Centroamérica en una de las regiones más violentas del mundo, sobre todo a Guatemala, Honduras y El Salvador.
No obstante, desde hace poco más de un mes el índice de homicidios se ha reducido de un promedio de 14 diarios a seis, luego de que las principales pandillas iniciaran una tregua auspiciada por el gobierno.
Barahona había pedido a la Asamblea Legislativa que lo considerara como candidato a seguir en el cargo durante otros tres años, pero los diputados optaron por nombrar a un ex fiscal adjunto, Ástor Escalante, quien en los años 90 cobró notoriedad cuando se convirtió en acusador particular de la Asociación Nacional de la Empresa Privada en casos se secuestros. Escalante posteriormente fue viceministro de Seguridad Pública en el gobierno de Antonio Saca, y también ejerció como fiscal adjunto.
