El FMLN ha comenzado a negociar con GANA y CN un 'combo' para nombrar al fiscal general, mover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombrar nuevos magistrados y presidente de la Corte. Es el guión de un madrugón legislativo que supondría un golpe más al ya mermado proceso democrático con el abuso y la prepotencia de quienes creen, como dijo uno de los diputados envueltos en la negociación, que haber sido electos diputados les da derecho a hacer lo que les venga en gana.
La elección de magistrados y de fiscal general requiere un estudio serio de los candidatos en el que se debe establecer sin lugar a dudas su idoneidad y sobre esta base hacer la elección política. No es correcto que un candidato a fiscal sea negociado antes siquiera de que se conozca la lista de aspirantes y de que los diputados tengan oportunidad de evaluar, públicamente, las calificaciones de los candidatos.
Con la amenaza del crimen organizado penetrando las instituciones del Estado, es determinante elegir a magistrados y a un fiscal probos, tal como lo exigen los artículos 176 y 177 (192) de la Constitución respectivamente, que precisan que para ser magistrado o fiscal se requiere 'moralidad y competencia notorias'.
La elección de estos funcionarios recae en la Asamblea para establecer los debidos contrapesos y evitar que un Organo del Estado, el Ejecutivo, tenga también el poder incontestable de nombrarlos. La elección en la Asamblea pretende, en el espíritu, someter a discusión y debate entre diversas posiciones políticas la idoneidad de los candidatos.
Por eso pretender arreglar a puerta cerrada una distribución de cargos de esta naturaleza es un atropello al proceso democrático. Es peligrosa y además es injusta.
Hace seis años, cuando ARENA hizo lo mismo que hoy pretende hacer el FMLN -y también, como hoy, justo antes del cambio de legislatura que les dejaría en una posición menos ventajosa como resultado de las recientes elecciones legislativas-, el FMLN protestó con la razón de su lado, pero la aritmética legislativa en contra. Entonces dijeron que se estaba burlando la voluntad popular. Hoy también. Pero además con este tipo de pactos son las cuotas de la negociación, y no los criterios de idoneidad, las que definen a quienes ocupará cargos tan importantes para el sistema de justicia y seguridad. Y así es mucho más fácil que el crimen organizado se nos cuele, con la venia del poder legislativo.
