En una sesión histórica de nuestra Asamblea Legislativa se llevó a cabo un proceso atropellado que quebranta la legalidad. ¡Vaya nefasto paquete de negociación de diferentes funcionarios de segundo grado que incluyen Fiscal General, Magistrados y Tribunal de Ética! A la Asamblea Legislativa saliente, no le correspondía esta atribución, por lo que independientemente de las trayectorias profesionales de estos funcionarios, quedarán con dudas de independencia en su gestión y problemas muy serios de legitimidad de su elección.
Lo que ha prevalecido es la aritmética legislativa y no la meritocracia, y ahora resulta que como ya se ha hecho antes se puede volver a hacer; qué terrible pensar que porque en el pasado se actuó incorrectamente entonces ese es el destino de las instituciones, ¿acaso no podemos evolucionar? La clase política no tiene el nivel de madurez necesario para ir fortaleciendo las instituciones y ciertamente no está escuchando las voces de la sociedad civil que desea transcender hacia una democracia de calidad.
Sin duda los políticos estaban al acecho de la Sala de la Constitucional por su independencia; el objetivo era desarticularla, por eso se le está irrespetando al Presidente de la Corte su periodo de nueve años, trasladándolo a otra sala y nombrando a un nuevo presidente. El cargo de Presidente sí era factible sustituirlo al transcurrir 3 años pero de trasladarlo a otra sala es inconstitucional, es inaceptable e ilegal. Se han esgrimido criterios que desafían los pensamientos de un estudiante de los primeros meses de derecho constitucional. He escuchado que han hecho interpretaciones que señalan: ¿En dónde dice que todo esto no se puede hacer, digan en dónde está el artículo de la ley? La respuesta es que los funcionarios públicos están sujetos al tenor de la ley; es decir, sus actuaciones deben estar dentro de la misma, llamándose esto reserva de ley. A los funcionarios no se les aplica el principio de libertad, esa es para todos nosotros los ciudadanos.
Sin embargo, esta jugada política no es por desconocimiento sino por maniobras políticas oscuras. En el libro '¿Por qué las naciones fallan?' se concluye que es porque los políticos están más interesados en el poder que por tener mejores sociedades. Muy seguido se escogen caminos de irrespeto a las leyes, retribuciones rápidas para políticos, se retrasan las reformas institucionales, no se combate la corrupción. Realmente algunos están haciendo todo lo posible para fallar como país.
Concluyo diciendo:
1. Rechazo con vehemencia el actuar de los diputados que votaron por este paquete,
2. Apoyo una demanda de inconstitucionalidad,
3. Denuncio el proceso atropellado con que se eligió a estos funcionarios,
4. Critico la falta de transparencia con la que se actuó,
5. Lamento que se haya dañado la institucionalidad, violado la Constitución y por ende al Estado de derecho.
Estas actuaciones deben ser conocidas por la comunidad internacional ya que la denuncia que podemos hacer ante las instancias respectivas es uno de los caminos para propiciar la reversión de estas prácticas políticas.
