La Secretaría Técnica de la Presidencia, la cancillería y la Dirección de Estadísticas y Censos coordinarán las labores.
La medida incluye entrevistas a sobrevivientes para registrar a los fallecidos en ese hecho, informó el gobierno.
David Morales, director de la oficina de Derechos Humanos de la cancillería, dijo que la medida busca anticiparse a un fallo sobre la masacre que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
'La posición de la actual gestión de gobierno sobre este tema ha sido aceptar esta responsabilidad histórica, asumir el compromiso con las víctimas, aún desde antes que haya sentencia, desde antes que lo ordene la Corte', declaró Morales en el comunicado oficial.
David Mena, de la Secretaría Técnica, comentó que para realizar la investigación han impulsado 'un proceso de acercamiento' con diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y líderes de la zona.
El gobierno busca además apoyar iniciativas productivas y de conservación de la memoria histórica.
La masacre, que dejó más de mil nuertos y conmocionó a la comunidad internacional, ocurrió entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 y fue cometida por tropas del Batallón Atlacatl del ejército.
En 1993, una comisión de La Verdad de las Naciones Unidas culpó del hecho a varios militares, algunos de los cuales murieron durante la guerra.
En diciembre pasado, El Faro publicó una crónica en la que mostraba cómo los sobrevivientes siguen cargando una doble pena: la que les causa la pérdida de sus parientes -contrariando a quienes alegan que las heridas cerraron- y la que les provoca la pasividad de un Estado que se ha rehusado a atender sus demandas de justicia. El fiscal general, Romeo Barahona, ha replicado el argumento de sus antecesores al negarse siquiera a investigar responsabilidades, aduciendo que la Ley de Amnistía de 1993 impide procesar penalmente a cualquier persona involucrada.
