Opinión /

El General reparte zanahorias


Miércoles, 30 de mayo de 2012
Ricardo Ribera

Rectificar es de sabios, dice el dicho popular. Hay que reconocer, entonces, que algo de sabio tiene el actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés. En unas pocas semanas pasó, de convocar a conferencia de prensa para refutar a El Faro sin invitar a El Faro, a impulsar iniciativas de acercamiento y reconciliación con este medio electrónico.

Efectivamente, pocos días más tarde invitó a su director, Carlos Dada, a una plática privada para aclararle que sus recriminaciones por haber publicado que el gobierno estaba negociando con las maras no debían interpretarse como una amenaza, ni siquiera su advertencia de que a los periodistas de El Faro podía pasarles lo que a Poveda, documentalista asesinado por pandilleros.

Después le ha concedido a El Faro una entrevista exclusiva, una deferencia poco habitual en este gobierno para con los medios no tradicionales. Por último se hizo invitar, en el marco del Foro de Periodismo Centroamericano 2012, organizado por El Faro, a un conversatorio con el periodista estadounidense Douglas Farah. Y accedió a responder las preguntas del público asistente al evento.

Ahí reconoció, el pasado viernes 18 de mayo, que no haber incluido a El Faro en aquella rueda de prensa había sido un error. Insistió en la versión que ha dado sobre la tregua entre pandillas: que es iniciativa de la Iglesia con el conocimiento y colaboración ministerial, que las sucesivas medidas humanitarias adoptadas hacia los líderes mareros presos están en el marco de las leyes y no son parte de una negociación, y que todo ello es un logro de su gestión, que logró sobrepasar la meta de reducción de las tasas de homicidios al propiciar dicho pacto de no agresión.

Tal parecía que el ministro no iba a decir nada nuevo, para decepción del público, cargado de dudas y ávido de respuestas. Pero al rato el general despertó el interés de la concurrencia al dar otras informaciones, interpretaciones y valoraciones, llamativas por su gravedad y franqueza.

Afirmó que debe entenderse la situación de la siguiente manera: “las maras han llegado para quedarse” y que “dentro de veinte años seguirá habiendo pandillas en este país”. O sea, habrá que ir haciéndose a la idea de que nos tocará, por mucho tiempo, convivir con ellas. ¿Se nos quiere preparar para una rendición?

El ministro llegó a decir que, tal vez porque en El Salvador las pandillas están tan fuertes, es que no tenemos en el país presencia de los carteles del narcotráfico, como hay en México, Guatemala y Honduras. ¿Habrá que considerarlas como el mal menor? ¿O habría incluso que contribuir a fortalecerlas, para así evitar que entre el narco? “Acá el narcotráfico paga peaje para mover la droga – aseguró Payés – pues las pandillas son las que tienen el control territorial.” Advirtió, no obstante, que las maras podrían evolucionar hasta convertirse en carteles.

A mí todo esto me pareció muy inquietante. Y posiblemente yo no era el único en la sala con cara de desconcierto. No lo superé pese a las cifras que el general empezó a dar sobre el accionar policial, probablemente para no dejar una imagen de blandura: 19 mil capturas de pandilleros desde que inició el presente año, en menos de cinco meses. Es decir, más de 200 capturas diarias, puntualizó. Pero casi inmediatamente el ministro echaba el jarro de agua fría: muy pocas pasan a ser judicializadas, menos del 20%, dijo. Es decir, la gran mayoría de los capturados no quedan procesados sino que salen libres pasadas las 72 horas iniciales. 

Estas cifras se completaron con otras: en 160 municipios, o sea, en más de la mitad del país, hay presencia de maras organizadas. Según los cálculos del ministro, la cifra total de pandilleros es de 62 mil. A estos datos no siguió la esperable explicación sobre cuál es la estrategia estatal para enfrentar tal realidad.

No comentó si hay un plan para la recuperación del control del territorio por el Estado. Tampoco qué se hará para contrarrestar las extorsiones, la llamada “renta”. “Los mareros y sus familias de algo tienen que vivir”, llegó a decir hace poco Raúl Mijango, uno de los facilitadores de la negociación entre pandillas. Quien ha sido asesor de inteligencia de Payés, lanzó la idea de que del subsidio que el Estado entrega a los buseros una parte se le pase a las maras a cambio de que dejen de rentearlos. Vendría a ser casi lo mismo, argumentaba, pues es del subsidio que los empresarios del transporte público sacan para pagar las extorsiones.

Si se ha pensado avanzar por este camino habría que advertir que la población no está en condiciones de pagar doblemente por su protección. Mucha gente les paga a los mareros y además tributa al fisco. Si el Estado va a tolerar y legitimar el cobro de renta por las pandillas, entonces debería aceptar que los recibos de la clica local sirvan para deducir impuestos en la declaración de renta. O se le paga la renta al palabrero de la pandilla o al del gobierno, lo que no es posible es pagarle a ambos a la vez. Si el Estado no va a cumplir con su obligación de dar protección y tener control del territorio, que renuncie también a exigir el pago de impuestos a la población, la cual resulta doblemente expoliada. Una declaratoria oficial de Estado fallido por lo menos traería alivio económico al ciudadano.

¿Qué planes hay? El ministro sólo dijo que, si la tregua fracasa y regresan las anteriores tasas de asesinatos, “hay un plan B”. ¿En qué consiste? El general no quiso detallar, pero mencionó la necesidad de cambiar las leyes actuales “garantistas”, “hechas para un tiempo de normalidad” y agregó “necesitamos leyes para una situación de guerra”. También recordó reiteradamente la idea de “decretar estados de excepción focalizados”.

Cuando asumió había prometido actuar, no con mano dura, sino con mano inteligente. Pero no se ve imaginación, ni inteligencia. Sólo el péndulo: si se portan bien los tratamos bien, pero si regresan a las andadas pasaremos al Plan B. Éste será represión pura y simple. Como le recordase la periodista chilena Mónica González, presente en el evento: “Cuando los gobiernos ponen a militares al frente de la seguridad pública, es siempre para eso”.

O sea, lo que viene es la criminalización de los jóvenes de las “zonas de riesgo” y la estigmatización de toda la población que reside en tales áreas de dominio pandilleril. El remedio puede ser peor que la enfermedad, ampliando su base social, como ya pasó con los planes de Mano Dura y de Súper Mano Dura.

Con justa razón el padre Pepe Morataya, del Polígono Industrial Don Bosco, le inquirió al general Payés si no podría pensarse en un Plan C, que combinase el lado represivo con el preventivo y se acompañase con rehabilitación. El general eludió el tema. En la cabeza de las autoridades de seguridad al parecer no cabe más que el método del palo y la zanahoria. Colgar ésta adelante para que camine el burro y si deja de andar, darle de palos.

Al fin y al cabo son las fórmulas con que el imperio formó a las elites de nuestros subdesarrollados países: primero se intenta la “diplomacia del dólar”, y si fracasa lo que viene es “el gran garrote”. O como cuando Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, para apaciguar a las masas regalando alimentos, y al mismo tiempo mandó a preparar a los militares latinoamericanos en la doctrina de seguridad nacional, para definir al enemigo interno y lanzarlos a una guerra de exterminio. No es pues “mano inteligente” la que guía el pulso del ministro sino la vieja y desgastada rutina del palo y la zanahoria. Por ahora zanahorias y después palos de ciego.

 

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