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Asamblea renuncia a investigar anomalías detectadas por auditoría a Corte de Cuentas

Jimena Aguilar

Según los diputados, el examen les confirmó la necesidad de reformar una institución incapaz de controlarse adecuadamente a sí misma y carente de documentación suficiente como para que los auditores externos opinen sobre sus estados financieros. Dos meses después de haber conocido las anomalías, los legisladores prefieren no deducir responsabilidades y pensar solo en una reforma a la institución.
ElFaro.net / Publicado el 18 de Junio de 2012

Dos meses después de que la Asamblea Legislativa recibiera el resultado de la primera auditoría en la historia que se le ha hecho a la Corte de Cuentas, el informe del auditor -que muestra en 2010 una institución sin controles internos adecuados, con deficiencias importantes para vigilar a las instituciones que usan fondos públicos, y con un 86% de mora de tres años en los juicios de cuentas- ha sido relegado por la agenda legislativa a un segundo plano y los diputados lo que ofrecen es tomarlo como insumo no para investigar lo que ha sucedido en la institución, sino para discutir cómo diseñar una nueva.

Aunque los mismos diputados después de leer el informe dicen que este confirmó sus peores temores sobre la Corte, y aunque la compañía auditora dijo que no hay documentación suficiente para opinar sobre los estados financieros de la institución encargada de vigilar el buen manejo de los recursos del Estado, los legisladores se han quedado cruzados de brazos.

Hasta ahora, el informe de auditoría al ejercicio 2010 no ha traído consecuencia alguna, pues los legisladores dicen que lo usarán como un insumo para reformar la Corte y, para mientras, como una herramienta de presión sicológica para los actuales magistrados. El año 2010 el presidente de la Corte era Hernán Contreras, un veterano dirigente del ya extinto Partido de Conciliación Nacional (hoy CN), quien dejó el cargo en junio de 2011, después de 17 años de una gestión a la que califica con una nota de 8 en una escala de 0 a 10.

El informe de auditoría entregado a la Asamblea Legislativa está dividido en cuatro partes. Una presenta los hallazgos de la auditoría de los estados financieros de la Corte de Cuentas; otra en la que se presentan los hallazgos de control interno, es decir, cómo la Corte se cuida y supervisa a sí misma; la tercera presenta los hallazgos de la gestión operativa o cómo la Corte realiza sus funciones; y la cuarta expone los hallazgos de cumplimiento legal, es decir que se analiza cómo la institución cumple con la ley que la rige y otras normativas.

Es tan pobre la documentación sobre las finanzas de la institución que al final de la evaluación, la empresa auditora se abstiene de dar opinión al respecto. "No hemos podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para fundamentar una opinión de auditoría. En consecuencia no expresamos una opinión sobre los estados financieros".

En la auditoría al control interno, la firma reporta que la Corte de Cuentas no tiene suficientes mecanismos de vigilancia hacia lo que sucede dentro de ella. "El alcance de auditoría interna es limitado e insuficiente respecto al nivel de riesgo que la institución enfrenta (...)", señala la empresa auditora. La unidad de auditoría interna no se hace de las maneras apropiadas: "La metodología de auditoría no está basada en prácticas de control interno aceptadas, resepcto del uso de tecnologías dentro de la institución".

El documento agrega que dentro de la Corte no hay un plan de entrenamiento al personal del departamento informático, que incluya, por ejemplo, aspectos de seguridad informática.

La firma BDO Figueroa Jiménez destacó dos casos de auditorías realizadas por la Corte de Cuentas, en el análisis de su gestión operativa en los que la institución evidenció deficiencias. En una auditoría realizada a Fonavipo en 2008, los auditores de la Corte no analizaron evidencia para evaluar la cartera de los préstamos otorgados a la institución, y en la auditoría a la Alcaldía de Santa Tecla en 2008 utilizaron para el análisis información de otro municipio: incluyeron evidencia de la auditoría realizada a la alcaldía de Quezaltepeque en 2007.

Además, BDO Figueroa Jiménez resalta que la Corte de Cuentas no realiza evaluaciones de riesgo de fraude en las instituciones examinadas, lo que implica que no puede saber qué tanto riesgo hay de que haya irregularidades dentro de una institución. "En los procesos de auditoría revisados no se observa la evaluación de los factores de riesgo de fraude", se lee en el hallazgo 7 de la gestión operativa. En esta área también se menciona que hay 68 borradores de informe de auditorías de los años 2008, 2009 y 2010 que todavía no han sido leídos, es decir que nunca se les informó a los funcionarios señalados sobre los hallazgos inicluidos en los borradores. Además, resalta que hay auditores con profesiones diferentes a las que determina la ley para que alguien pueda ejercer la auditoría gubernamental. Hay, por menos, un cirujano dental en labores de auditoría, un nutricionista y un anestesiólogo.

En el área de cumplimiento legal, el informe de auditoría a la Corte hace un señalamiento directo hacia el área de responsabilidad precisa de Contreras: en la Cámara de Segunda Instancia de la Corte -que es el último paso en un juicio de cuentas y donde Contreras era el juez principal-, un 86% de los casos se encontraban en enero de 2010 en mora de más de tres años.

La auditoria a la Corte solo fue posible cuando la Asamblea Legislativa llegó a manos de un diputado del FMLN, Sigfrido Reyes. Desde 1996, según la ley, debió practicarse una auditoría a la institución, pero los diputados siempre soslayaron su responsabilidad, y en algún momento, en 2008, fue el mismo Contreras quien logró evitar que auditaran a la institución.

Cuando la diputada del FMLN Lorena Peña califica a la Corte de Cuentas de Hernán Contreras a partir del informe, la caracteriza como una institución con autoritarismo, carente de transparencia y complaciente con la corrupción. "Para mí la Corte era un espacio donde no ha habido control, donde había autoritarismo", dice Peña, quien asegura que el resultado de esta auditoría solo confirma todos los señalamientos que el partido de izquierdas hizo a lo largo de los años sobre la Corte de Cuentas.

"La Corte fue el marco de gestión que permitió la corrupción", asegura la diputada, quien cree que como mínimo la auditoría muestra una institución desordenada y que confirma que es un ente que ha sido manejado unipersonalmente, bajo un criterio que no es técnico y tampoco transparente.

Cuando Hernán Contreras la califica hace una descripción totalmente opuesta. Dice estar orgulloso del legado que dejó a lo largo de sus dos gobiernos (un primer período, de 1990 a 1998, y otro de 2002 a 2011), y aunque acepta que en el país no es esa la imagen que hay de la institución, asegura que es por falta de conocimiento o por intenciones políticas que se hacen comentarios en su contra. "Siempre nos esforzamos en que los auditores hicieran un trabajo lo mejor posible y ese trabajo fue reconocido internacionalmente. Algunos funcionarios de aquí reconocían el profesionalismo de los auditores de la Corte de Cuentas", dice.

Cuando se le pide que en una escala de 0 a 10 califique la calidad de su gestión, le da un 8. "Cualquiera diría que es una apreciación subjetiva. Pero si hacemos un esfuerzo de objetividad y de reconocer el mérito y los esfuerzos, en un promedio general de los auditores, lo menos que podría ponerle a muchos de ellos es un 8", dijo Contreras, quien enfatizó que con esta calificación reconocía el trabajo de su equipo y no el propio.

En cuanto a la percepción general que hay de la institución, afirma que el sector político califica contrariamente a la Corte justamente por ser político, mientras que los demás hablan desde el desconocimiento. "Desgraciadamente siempre ha estado presente el ingrediente político, precisamente en el sector que mencionó, el sector político. En cuanto a los tanques de pensamiento, a mu manera de ver, así honrada y honestamente, pienso que les faltó un acercamiento con funcionarios de la Corte de Cuentas para tener un conocimiento más cercano", respondió Contreras cuando El Faro le preguntó por qué creía que en el país siempre se señalan deficiencias a pesar del reconocimiento internacional que mencionaba.

En septiembre de 2011 la Asamblea Legislativa inició un proceso que el diputado Sigfrido Reyes anunció con orgullo: la junta directiva del Órgano Legislativo, con el aval de todas las bancadas legislativas, acordó auditar a la Corte de Cuentas. Por primera vez desde que en 1995 se aprobó la Ley de la Corte de Cuentas que obliga a la Asamblea a realizar una auditoría anual a dicha institución, se inició el proceso para hacerla. Reyes argumentó que era necesario hacerlo para que la ley no fuera letra muerta. "Nos parece que eso va en la ruta de un fortalecimiento institucional de la misma Corte de Cuentas", agregó.

En abril, finalmente la junta directiva recibió el informe. BDO Figueroa Jiménez reconoce que uno de los propósitos de su auditoría externa es opinar sobre los estados financieros de la Corte. "Nuestra obligación es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoría (...) no pudimos obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para fundamentar una opinión de auditoría", se lee en una carta dirigida a la junta directiva de la Asamblea.

En los nueve hallazgos que presenta la firma sobre los estados financieros de la institución comentan que no obtuvieron documentación para satisfacer el proceso de auditoría. La frase "y no fue posible satisfacernos por otros procedimientos de auditoría", se lee en siete de los nueve hallazgos de la auditoría financiera.

Por ejemplo, el hallazgo 4 destaca que para el 31 de diciembre de 2010, los registros de la institución aseguraban que tenían 641 mil 888 dólares disponibles en sus cuentas bancarias, pero el reporte de los bancos para esa misma fecha era diferente. "Al 31 de diciembre de 2010, el Estado de Situación Financiera presenta Disponibilidades por US$641 888, estos saldos no se encuentran conciliados con los saldos reportados por los bancos a dicha fecha ni con los registros del módulo de tesorería", dictamina el documento.

La diputada Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda, comenta que en el lenguaje de auditores no emitir opinión sobre los estados financieros es muy grave porque la institución no puede justificar sus finanzas con documentación. "Cuando no hay un mínimo de información, no emitís opinión. No decís que están robando porque no tenés información", dice la diputada.

Según Jaime López, especialista en transparencia y combate a la corrupción y hasta mayo pasado coordinador de Transparencia Internacional capítulo El Salvador, esta auditoría refleja desorden dentro de la institución, pero también empieza a destapar inconsistencias y dibuja el mapa del funcionamiento de la misma. Además, comenta que dentro de una institución desordenada, cualquiera puede cometer actos de corrupción fácilmente. "En lo personal, la auditoría evidencia toda la práctica de clientelismo que ha tenido la Corte", agrega.

López, un ex empleado de la Corte y fundador de una oenegé ya desaparecida llamada Probidad, cree que una de estas evidencias podrían ser el hallazgo 10 de la auditoría a la gestión operativa, el cual muestra un número significativo de informes que no fueron leídos a los funcionarios auditados. Según la auditoría, 68 investigaciones que fueron realizadas entre 2008 y 2010 todavía no habían sido leídos. "Estas son auditorías que nunca se terminaron, engavetadas. Puede haber un probema de corrupción o de favor político, pero hay que ver cada caso", asegura.

Según López es inaceptable que una auditoría no se termine y cree que este informe debería dar pie para que la Asamblea realice auditorías más específicas.

Dos meses después de los hallazgos, la diputada Peña dice que sobre el pasado ya es poco lo que se puede hacer. "No vamos a rehacer los 30 años de esta Corte anterior. Podemos ordenar y la Corte va a saber que va a ser auditada y que las auditorías van a estar a la mano", dice Peña, quien cree que las auditorías van a ser un mecanismo de presión para que los magistrados que estén en la Corte arreglen los problemas en ella.

Cuando Reyes anunció que la firma BDO Figueroa Jiménez iniciaría la auditoría externa a la Corte de Cuentas, dijo que esta acción formaba parte del compromiso del Órgano Legislativo en reforzar la transparencia del Estado, además de cumplir la ley. Además, Reyes expresó que hacer la auditoría era una muestra de que ambas instituciones estaban abiertas a la mutua supervisión. "Esto hará que se fortalezca la credibilidad de nuestras instituciones públicas y la credibilidad de nuestra democracia", comentó.

Hasta ahora, sin embargo, lo único que ha ocurrido es la divulgación del informe, y tanto Arena como el FMLN creen que lo que procede no es estar montando comisiones investigadoras o llamar a los ex magistrados, sino que la comisión de Hacienda comience a discutir reformas a la Corte. Ahí ya hay varias propuestas del FMLN, Arena y CD.

La diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, de Arena, ex presidenta de la Comisión de Hacienda, dice que el informe servirá de base para plantear modificaciones a la institución. Cuando El Faro le preguntó si realizarían más auditorías para profundizar los hallazgos y determinar responsabilidades, rechazó esa posibilidad. "Nosotros no somos los encargados de buscar culpables, sino que yo diría de reformar la ley para que no vuelva a ocurrir". Agregó que si la auditoría revela hechos castigados por la ley, debería ser la Fiscalía la que actúe.

El diputado y vocero del FMLN Roberto Lorenzana asegura que además de hacer las reformas a la ley y a la Constitución para convertir a la Corte en una institución que no solo controle a posteriori, sino que prevenga, el siguiente paso deben ser más auditorías porque lo que ha salido a la luz con este informe es solo un mínimo de lo que hay dentro de la institución. "Lo que hemos dicho dentro de la bancada del FMLN -no sé si ya se está haciendo- es que un equipo nos iban a hacer un análisis de la auditoría para ver qué implicaciones puede tener. No sé si ese equipo ya está funcionando, pero sí se planteó", dijo.

El jefe de la bancada arenera y miembro de la dirección nacional del partido, Donato Vaquerano, aseguró que todavía no habían abordado el tema de si hacer una investigación especial sobre los resultados arrojados por la auditoría. "Deberíamos hacer un análisis muy concienzudo de lo que ha arrojado esta auditoría. Porque a mí lo que más me interesa es ver a futuro, ver cómo podemos realmente rescatar a la corte de cuentas", comentó.

Los areneros, con 33 legisladores en la presente Asamblea, tienen otras prioridades, dijo. "Ahorita estamos enfrascados en el tema de la Corte Suprema de Justicia de una forma que estamos perdiendo la oportunidad de perder temas tan importantes como la Corte de Cuentas", dijo.

Uno de los hallazgos del examen que se le hizo al ente contralor y que Jaime López considera de suma importancia, es que tanto en el áre de control interno como en las auditorías que la Corte realiza a otras instituciones, esta no realiza revisiones a los sistemas informáticos. Según Jaime este es un paso básico a la hora de realizar auditorías. "Esta es una institución con métodos obsoletos de auditoría. Sin eso puede que no tengás forma de saber qué pasó", asegura.

A pesar de las grandes fallas que muestra la Corte de Cuentas, no solo en el control de sus finanzas, sino también en su forma de auditar y de procesar los casos, los diputados se culpan los unos a los otros ya sea por el funcionamiento de antes o por el de ahora de la institución.

Para la diputada del FMLN Lorena Peña, esta auditoría implica una confirmación de los señalamientos que su partido ha hecho. "Si algo me satisface es que se comprobó los señalamientos que el FMLN hacía sobre Arena y PCN", comenta. Los efemelenistas históricamente señalaban que la Corte ocultaba la corrupción por un pacto de mutuo beneficio entre Arena y PCN. Los efemelenistas también señalaron siempre que un problema fundamental era la partidización de la Corte. En junio de 2011, el FMLN hizo un pacto con el partido Gana para repartirse la institución, de tal manera que uno de los tres magistrados elegidos en esa ocasión es el presidente de Gana, Andrés Rovira, y otro es un militante efemelenista.

Vaquerano y Calderón de Escalón aseguran que el FMLN es el que ha politizado ahora la institución al poner a Andrés Rovira como magistrado, y por eso la institución ha retrocedido. A partir de esa afirmación, cuando El Faro le preguntó a Calderón si realmente las auditorías serían un mecanismo de presión suficiente, ella respondió que en verdad todo queda en manos de los mismos funcionarios: "A veces hay consecuencias legales y a veces morales. Creo que con eso queda dicho todo. Creo que una persona que es responsable en su trabajo quiere tener una institución que sea de calidad mundial".

Según la Constitución de la República, la Asamblea Legislativa puede formar comisiones especiales investigadoras de temas de relevancia nacional, pero ningún legislador parece interesado en saber si las anomalías eran producto de manipulación premeditada, como solía denunciar el FMLN, o no.

En el momento en que se dio la orden de inicio de la auditoría a la Corte de Cuentas, estaban presentes el presidente de la Asamblea Legislativa, representantes de la empresa de auditoría externa, y el presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, quien también dio unas palabras a la prensa. "Este es un esfuerzo enorme, visionario, también del señor presidente de la Asamblea Legislativa y su junta directiva, porque somos la primera Contraloría General de la República de América Latina sujeta a esta auditoría", dijo.

Sobre la mora de tres años en el 86% de los casos que están en la última instancia, Jaime López asegura que esta es otra fuente de corrupción dentro de la institución. "Comienza a salir evidencia que la forma tradicional que ha tenido la Corte de Cuentas de trabajar es la omisión", dice.

Se refiere a que si esos casos han llegado hasta dicha instancia es porque tanto los auditores como los jueces de primera instancia encontraron responsabilidades para procesar en juicio de cuentas a funcionarios, pero al final los casos que se desvanecen en la Cámara de Segunda Instancia dejan como resultado una significativa pérdida de causas respecto de las iniciales.

Cuando Reyes anunció la licitación para contratar a una empresa auditora, justificó que la Corte es una institución importante con un presupuesto significativo. "Los fondos públicos que maneja la Corte de Cuentas, que como les he dicho no son pocos, son de una gran escala, más de 30 millones de dólares anuales, pues que sean debidamente auditados", dijo.

El principal responsable de la institución auditada, Hernán Contreras, se queja de que nadie le informó sobre los señalamientos de la auditoría para poder defenderse. Esa es la razón por la cual no podía dar opinión sobre el examen, dijo. Que el trabajo de BDO Figueroa Jiménez no puede llamarse "auditoría" porque una auditoría tiene normado en su proceso la notificación a las partes involucradas.

"Se están faltando a las normas que rigen la auditoría. No es auditoría, puede ser cualquier cosa, una investigación, pero no es una auditoría", dijo. El expresidente explicó que dicha firma debería haberse regido al igual que los auditores de la institución por la Ley de la Corte de Cuentas o los mecanismos de control interno que esta da, los cuales establecen que después de que la Corte realiza los informes preliminares, deberá presentarle los hallazgos a los auditados para que estos puedan presentar pruebas de descargo.

El sucesor de Contreras, Gregorio Sánchez Trejo, explica que recomendó que se notificara al expresidente, pero que fue su administración la que fue notificada sobre los hallazgos y por eso a su personal le correspondió presentar información para desvanecerlos. Además, aclara que por ser una auditoría externa esta no sigue los procediminetos de una gubernamental por lo que sus resultados son recomendaciones para la Asamblea y no pueden resultar en un juicio de cuentas porque es una auditoría a la Corte de Cuentas. "El anterior puede tener el derecho de considerar que hay señalamientos que no son justos y de hacer una solicitud de que le notifiquen para él aclarar cualquier situación que el día de mañana le puede afectar en sus pretensiones políticas de nombramiento a un cargo", dijo.

Además de rechazar la auditoría en sí por no haber seguido las normas que él cree deberían haber seguido, Contreras rechaza los hallazgos que han presentado a la Asamblea y dice que muchas de las cosas que señalan la Corte no hizo, como analizar los sistemas informáticos durante las auditorías, sí se hizo.

Sobre la sombra de corrupción que desde hace años rodea a la Corte de Cuentas, los cables diplomáticos de Estados Unidos revelados por WikiLeaks muestran que para Washington, la institución dirigida por Contreras era encubridora de corruptos y tenía más poder que la Fiscalía pero para no cumplir con sus funciones de vigilar el buen uso de los fondos públicos. En uno de los cables, la embajada estadounidense en San Salvador dejaba clara su convicción de que la corrupción en ANDA, por ejemplo, fue encubierta por la Corte de Cuentas.

En cuanto a la abstención de información de la firma auditora sobre los estados financieros de la Corte, Contreras dice que sí es algo grave, pero solo si realmente así fuera y él asegura que la información que la empresa auditora dice no haber recibido, está dentro de la Corte de Cuentas. Para Contreras esto significa que o la firma no hizo bien su trabajo o la Corte no dio documentos que deberían estar ahí. "Yo no tengo la información, ahí está en la corte. No sé por qué dicen que laCcorte no se los dio. Habría que investigar si fueron acusiocos o no. Por otra parte  la Corte de Cuentas tenía la obligación legal de dar la información. Esa información financiera está en la dirección financiera de la Corte de Cuentas, ahí está o ahí debería estar", dice.