La Asamblea Legislativa creó la noche de este jueves una comisión especial de antejuicio contra el diputado Rodrigo Samayoa, de Gana, quien a inicios de este mes propinó una golpiza a su cónyuge, Mireya de Samayoa.
Aunque los legisladores de Gana salieron en defensa de su correligionario y trataron de persuadir a los demás de que no procedía formar la comisión que juzgará la actuación de Samayoa, terminaron uniendo sus votos a los del resto de grupos parlamentarios para elegir a ocho de ellos que integrarán la comisión. Ana Vilma de Escobar, de Arena, es la presidenta del equipo juzgador; los demás integrantes son Julio Fabián, de Arena; Emma Julia Fabián y Nery Díaz, del FMLN; Lorenzo Rivas, de Gana; Rafael Machuca, de Concertación Nacional; Rodolfo Parker, del Partido de la Esperanza, y Douglas Avilés, de Cambio Democrático.
Asimismo, el pleno acordó por unanimidad que el fiscal del caso sea el diputado Jaime Valdez, del FMLN, y ahora solo fataría que Samayoa, quien se encuentra en el extranjero, deberá decidir si se defiende él mismo o si escoge a otro legislador para que asuma su defensa.
La comisión se integró después de que la comisión de Legislación en la Asamblea dictaminara que el requerimiento presentado por el fiscal general, Romeo Barahona, para que se quite el fuero a Samayoa, contenía toda la información de la que habla el artículo 294 del Código Procesal Penal, por lo que era necesario crear una comisión de antejuicio.
En la relación circunstanciada de los hechos que presentó Barahona, es decir, la conclusión de posibles delitos cometidos a la que llega la Fiscalía General después de hacer una investigación, se mencionaron tres delitos. De ser desaforado por el pleno legislativo, Samayoa podría ser juzgado por los delitos de lesiones, amenazas y violencia contra las mujeres.
Ninguna de estas conductas está clasificada en la normativa penal como delito grave, y la Constitución establece que no se puede despojar de fuero a un diputado por delitos que no son graves. Sin embargo, el fiscal argumentó en su informe un concurso de delitos, es decir, una acumulación de delitos, lo que supondría un agravamiento de las acusaciones tomadas cada una de manera individual.
La comisión tendrá a su cargo investigar los hechos. La idea es que los legisladores identifiquen a los testigos y armen un caso en un plazo máximo de 60 días.
