Nacionales /

Lo que la Fiscalía y Cuentas saben de los nuevos 'magistrados' de la Corte Suprema

Los diputados valoran destituir a uno de los magistrados nombrados en 2009 argumentando que tuvo un caso en un juzgado de familia, pero, en cambio, soslayan los reportes de juicios de cuentas, violaciones a la Ley de Probidad, multas y hasta denuncia de uso de documentos falsos en los expedientes de los elegidos el 24 de abril pasado.

Domingo, 15 de julio de 2012
Patricia Carías*

Los cinco abogados que los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes eligieron para integrar la Corte Suprema de Justicia y cuyos nombramientos son inconstitucionales, acarrean en sus hojas de vida juicios de cuentas, multas en juzgados de familia, multas por mala administración y hasta acusaciones en la Fiscalía por utilización de documentos falsos, según la información que tuvieron los legisladores que evaluaron a los candidatos a supremos jueces para el período 2012-2021.

El Faro tuvo acceso a los informes de la Fiscalía y la Corte de Cuentas que recibió en abril la subcomisión de la Asamblea a cargo de la selección de los abogados cuya instalación en la Corte ha sido forzada por la Asamblea Legislativa, incluido el presidente, Ovidio Bonilla, quien aspira a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema, lo que pondría al país a partir de este lunes ya no solo con dos Cortes Supremas, sino también con dos presidentes de Cortes Supremas: Bonilla, y Florentín Meléndez.

La bicefalía se debe a que los diputados decidieron desobedecer el fallo de la Sala y pretenden que Bonilla asuma el cargo. Pero según la Ley Orgánica Judicial, ante la ausencia del titular es al primer magistrado de la Sala de lo Constitucional a quien le corresponde asumir la presidencia en funciones. El titular en los últimos tres años ha sido Belarmino Jaime, pero dado que este no ha sido reelegido, terminó su período este domingo y, como la Asamblea no ha elegido de nuevo a los magistrados 2012-2021, Meléndez automáticamente se convierte en presidente.

Esa es parte del escenario que está planteado para este lunes. Otra parte es la lucha de los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes por deshacerse de otro magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Sobre este han argumentado dos cosas: una, que cuando lo eligieron en julio de 2009 él no iba en la lista de 30 candidatos que presentó el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y, por lo tanto, su elección fue ilegal. La otra es que en el momento de su elección tenía un antecedente que debió marginarlo de la elección, porque cinco años atrás un incidente con su esposa llegó hasta el juzgado 2o. de Familia, que terminó disponiendo que los dos excónyuges fueran a terapia para ser mejores padres. El documento en manos de los diputados expone que en diciembre de 2004 la ex esposa y madre de la hija de González sostuvo una discusión verbal con este. De acuerdo con lo que se narra en el acta enviada a la Asamblea, la situación no pasó de ser un altercado verbal, por lo que la jueza de familia a cargo prescribió terapia y archivó el caso. “Remítase al Centro de Atención Psicosocial de esta ciudad, a efecto de que reciban la asistencia terapéutica más convenientes a su situación y que mejores la relaciones de padres”, dicto la juez.

Los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes dicen que esto lo inhabilitaba porque incumplía el requisito constitucional de honradez y moralidad notorias. En este contexto, los diputados han forzado la instalación de una Corte paralela al negarse a elegir nuevamente a los magistrados, ya que la Sala de lo Constitucional determinó que la legislatura 2009-2012 violó la Constitución al atribuirse la renovación en dos ocasiones del máximo tribunal.

La Corte paralela que se instaló el 1 de julio está encabezada por Bonilla, y entre los otros nuevos cuatro 'magistrados' son José Argueta Manzano, Elsy Dueñas, Doris Luz Rivas y José Salomón Padilla. Todos fueron elegidos la última semana de la legislatura anterior para cumplir que la Corte Suprema se renueva por tercios cada tres años.

Su toma de posesión se produjo justo cuando los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes sostienen que fue un error haber nombrado hace tres años a González, por la denuncia de 'violencia sicológica' en su contra, y que no volverán a cometer un error similar. Dicen eso cuando en la tabla que resume los informes de Fiscalía y Corte de Cuentas aparecen señalamientos hacia los cinco nuevos integrantes de la Corte paralela.

El lunes pasado, el jefe de los diputados de Gana, Walter Guzmán, incluso habló de destituir a González antes de que la comisión que estudia la legalidad del nombramiento conociera los detalles del caso. “González fue encontrado culpable en un caso de violencia intrafamiliar y eso lo inhabilitaba para ser magistrado de la Corte. Nosotros esperamos que él tome la iniciativa de renunciar al puesto que tiene puesto que él mismo debe comenzar por dar el ejemplo, de no hacerlo, nosotros nos vamos a ver en la situación de declarar nula su elección”, dijo.

De lo que no dijo nada, como ninguno de los diputados que persisten en instalar la Corte declarada inconstitucional, fue de los informes enviados por la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia; por la Corte de Cuentas, y por la Fiscalía, entre otras instituciones. Los informes son escuetos y no detallan mucho más que el informe que el juzgado 2o. de familia preparó sobre González.

En el caso de Ovidio Bonilla, quien fue elegido presidente de la Sala de lo Constitucional el 24 de abril, la Fiscalía reportó que tiene dos demandas en su contra. Él lo niega, pero el informe que tuvieron en su poder los diputados expone una acusación de 2009 por uso y tenencia de documento falso. La acusadora es Mirna Argueta de Mayén, quien alegó -y alega todavía- que contrató los servicios de Bonilla en 1990 para que este la representara en un proceso de repartición de herencia en el que estaba involucrada la madre de la demandante.

En ese momento Bonilla accedió a trabajar para Argueta de Mayén, quien le facilitó toda la información correspondiente al caso. Más tarde, la denunciante decidió despedir a Bonilla dado que este tenía una relación cercana con los abogados de la contraparte del caso. Según Argueta de Mayén, después que ella despidiera al abogado, este comenzó a trabajar para la parte demandada, que además eran sus familiares y disputaban la herencia. En ese momento Bonilla presentó una copia certificada de la escritura de uno de los inmuebles en disputa y alegó que la madre de la que fuera su cliente en un inicio no tenía derecho sobre dichos inmuebles. Argueta entonces lo demandó por falsedad documental agravada argumentando que le escritura era falsa.

El Faro consultó con el jefe de comunicaciones de la Fiscalía, Erick Álvarez, quien aseguró que el caso todavía está vigente. Agregó que no se le ha dado seguimiento ya que Bonilla fue nombrado magistrado suplente de la Corte en 2009 -año en el que se puso la demanda-, por lo tanto gozó de fuero político.

Bonilla aseguró vía telefónica que los argumentos de Argueta de Mayén fueron infundados, por lo que el caso nunca prosperó. “En ese caso todo era infundado. Yo nombré a un apoderado (cuando fue nombrado magistrado suplente en 2009) y él estuvo insistiendo en que se desestimara el caso pero la Fiscalía nunca resolvió”. Sobre Argueta de Mayén añadió: “Esa señora es conocida en Oriente por andar levantando hechos falsos, ha denunciado a medio mundo”, dijo.

Ella maneja una versión diferente sobre las razones por las que su caso no prosperó. “El caso no terminó en nada porque el fiscal que lo llevaba me dijo que había recibido una llamada de arriba que decía que ya no siguiera con el caso. Me imagino que fue de Ástor Escalante, que en ese momento era fiscal. Yo no sé de dónde está agarrado ese hombre, pero no me querían recibir la denuncia en la Fiscalía”, dijo.

Además de este expediente, el informe de la Fiscalía señala que Bonilla tuvo otro proceso en el Juzgado Primero de Familia en 1998. Esa vez se le obligó al abogado a pagar una multa. De acuerdo con fuentes en la Fiscalía, la multa se le impuso por incumplir el pago de una cuota alimenticia. Según el informe, el expediente Ref. 162-GCM-98 se archivó posteriormente.

Cuando se cuestionó a Bonilla sobre este otro caso, este negó la acusación y aseguró que no recordaba haber tenido ninguna demanda por cuotas alimenticias. “No que yo me recuerde, eso no es cierto, nunca he tenido multas por eso, es falso”.

El segundo abogado nombrado por la Asamblea para ser magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Roberto Argueta Manzano, también tenía denuncias en su contra. En el expediente que está en manos de la Asamblea se registra el caso de la Fiscalía Ref. 2175-DE-UI-05 por el incumplimiento en el pago del impuesto sobre la renta. Según el informe, el caso fue archivado después de que el abogado cancelara su deuda. El documento no aporta más detalles.

El nombre de José Roberto Argueta Manzano reporta en el buscador Google 1,100 resultados. Uno de ellos lleva a una entrevista con un abogado en relación con la anómal venta de tierras de la cooperativa El Espino. Esa entrevista está relacionada con otra entrevista, a José Elías Escobar, publicada en El Faro en septiembre de 2010. En ella, Escobar asegura que Argueta Manzano fue un prestanombres de la cooperativa -'es de los nuestros'- para lograr su propósito de hacer transacciones que están bajo investigación del Ejecutivo.

El tercer abogado nombrado para la nueva Corte es José Salomón Padilla, quien según el registro legislativo fue reportado tanto por la Fiscalía como por la Corte de Cuentas por un señalamiento cuando fue gerente legal de la alcaldía de Soyapango, en diciembre de 2003. Fue condenado a pagar 480 dólares en concepto de responsabilidad administrativa por una demanda en su contra, según el expediente Ref. 340-DE-UJC-5-05, y el caso continuaba pendiente de pago en abril pasado, cuando los diputados recibieron el informe, dado que el demandado apeló la resolución. Padilla es más conocido por haber sido el notario de la constitución de la Asociación Intermunicipal (Enepasa) que constituyó Alba Petróleos en El Salvador, compañía conformada por alcaldías del FMLN y una subsidiaria de la petrolera venezolana PDVSA.

En cuanto a la abogada Doris Luz Rivas, los informes de la sección Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, señalan un vacío en su declaración patrimonial en 2010, cuando ocupó el cargo de consejal suplente en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). A Rivas se une Bonilla, quien de igual forma no presentó su declaración cuando fungió como magistrado suplente de la Corte en 2009. Esta es una infracción a la Ley de Probidad, que pone plazos para que los funcionarios presenten declaración de patrimonio cuando asumen un cargo público y cuando lo dejan.

El informe sobre la abogada Elsy Dueñas incluye un reporte del Departamento de Investigación Judicial de la Corte, que le acreditó una demanda en su contra. Sin embargo, los documentos no especifican de qué se trató. El Departamento de Investigación Judicial procesa denuncias sobre el desempeño de jueces y magistrados.

Dado que los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes argumentan que no quieren cometer de nuevo el error de nombrar magistrados que tengan algún antecedente como el de González, El Faro preguntó a algunos de ellos si no estaban falseando su discurso porque han tenido a la vista los expedientes de estos cinco abogados y no tuvieron problema en nombrarlos.

El diputado Benito Lara, del FMLN, uno de los legisladores que ha insistido ante la prensa en que es legal desobedecer a la Sala de lo Constitucional porque esta se ha extralimitado en su interpretación de la Constitución, respondió que ignora lo que dicen los informes sobre los magistrados electos por los que él votó.  “Ahí sí me agarró en curva, yo no he estado en otras comisiones y no sé”, dijo.

Al secretario general de CN, Manuel Rodríguez, también se le hizo ver que cuando en junio del año pasado su partido votó junto a FMLN y Gana para nombrar magistrados de la Corte de Cuentas, lo hicieron a sabiendas de que los tres seleccionados acumulaban 38 casos diversos, incluidos juicios de cuentas. Rodríguez aseguró que la diferencia es que en esos nombramientos los casos estaban abiertos, no eran conclusivos aún, a diferencia del de González.

A inicios de abril de este año la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad planteada por un ciudadano que consideraba ilegal el nombramiento de estos tres magistrados por supuestamente no cumplir con los requisitos de honradez y competencias notorias que establece la Constitución.

Sobre este caso, Lara prefiere descartar desde ya cualquier resolución de la Sala de lo Constitucional, alegando que su partido no reconoce a la Sala que hasta hoy sigue trabajando. “La Sala no puede resolver anda en este momento porque ahorita no hay una Sala de lo Constitucional instalada”.

*Con reportes de Jimena Aguilar

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.