Mientras uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional denunció este martes que diputados de los partidos FMLN, Gana y CN intentaron dividirlos haciendo ofertas ilegítimas a cambio de dejarlos en paz, el fiscal general, Romeo Barahona, anunció que abrió expediente contra ocho legisladores acusados por cuatro ciudadanos de incurrir en el delito de desobediencia.
Rodolfo González, uno de los cuatro magistrados nombrados en la Sala en julio de 2009, confirmó una versión recibida por El Faro de fuentes jurídicas de la Sala de lo Constitucional, que aseguraron que en las últimas semanas diputados de Gana y Concertación Nacional pidieron una reunión con magistrados para plantearles una oferta de salida a la crisis que se abrió cuando la Asamblea Legislativa optó por desobedecer las últimas sentencias de la Sala.
Estas sentencias, emitidas a inicios de junio, declararon inconstitucionales los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema que las legislaturas 2003-2006 y 2009-2012 hicieron sobre el final de sus mandatos, con lo que renovaron dos veces en un solo período al máximo tribunal de justicia de El Salvador.
Según esas fuentes, que pidieron el anonimato, los parlamentarios hicieron una especie de oferta de paz a cambio de que la Sala revoque algunas de sus sentencias ya emitidas y resuelva demandas pendientes según le interesa a estos partidos políticos. 'Lo único que le puedo decir es que es cierto que pidieron que no se toque el nombramiento del fiscal general, que se avale el traslado de Belarmino Jaime a otra sala de la Corte y que se deje sin efecto las sentencias del 5 de junio', dijo González, en llamada telefónica, cuando El Faro le pidió confirmación. 'Están soñando si piensan que vamos a hacer eso', dijo.
Este periódico consultó también con los magistrados Florentín Meléndez y Sidney Blanco, y estos dijeron que no sabían de esas peticiones de los partidos.
González, además, en una entrevista en el canal 21 de televisión dijo la mañana de este martes que en un momento políticos de los partidos FMLN y Gana a quienes no identificó, le ofrecieron la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. “A mí me ofrecieron la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el FMLN y Gana, a cambio de que aceptara el movimiento del magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional a otra Sala de la Corte, y les dije que no”, dijo. “Esta forma de arreglos han sido la tónica constante entre los políticos en relación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y creo que por primera vez se han encontrado con un rechazo claro y abierto”, concluyó.
Algunas de estas reuniones se produjeron la semana anterior, jueves y viernes, aunque nadie quiso aclarar si se trataba de las citas a las que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió el fin de semana. El religioso dijo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, le había pedido una reunión. Hubo esa reunión, pero Escobar Alas dijo que no podía dar detalles sobre el asunto que trataron, aunque las respuestas del prelado estaban enmarcadas en el enfrentamiento entre Asamblea y una Sala que intenta que el Órgano Legislativo obedezca sus sentencias.
Un ejecutivo administrativo de la Corte Suprema explicó a El Faro que más allá de los puntos confirmados por González, en estas reuniones ha habido otras demandas de los diputados para dejar en paz a los magistrados. Aseguró que él participó como apoyo en la preparación de estas citas y que los diputados que hicieron de contraparte en sesiones con magistrados de lo Constitucional plantearon que los problemas iban a terminarse si los magistrados atendían tres puntos. Uno es no tocar el nombramiento de Ástor Escalante como próximo fiscal general. El otro es sobreseer la demanda contra la Asamblea Legislativa por el nombramiento de los tres magistrados de la Corte de Cuentas o, en el peor de los casos, anular solo uno de los nombramientos y dar validez a los otros dos. El tercer punto es que se abstengan de sentenciar que los nombramientos del ministro de Seguridad y del director de la PNC violan la Constitución.
El Faro llamó a fuentes de los partidos Gana y CN para consultarles sobre los señalamientos de chantaje, y solo el secretario general cenista, Manuel Rodríguez, respondió. Este negó que su partido hubiera hecho algún intento de negociar sentencias a cambio de terminar con sus reclamos públicos y jurídicos contra los magistrados. “Eso es mentira, nosotros no nos hemos acercado. Cuando Rodolfo vino a la Asamblea antes de las elecciones solo escuchamos y no tocamos ningún tema. Oficialmente no hemos participado en ninguna reunión”, dijo.
Los magistrados cuestionados por los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes dicen tener claras las razones de los acontecimientos de las últimas semanas, incluida la reforma transitoria a la Ley Orgánica Judicial para tratar de forzar la instalación de los magistrados elegidos en abril pasado, cuya elección fue declarada inconstitucional. González y el primer magistrado, Florentín Meléndez, coincidieron en que todo se trata de una venganza porque no son sumisos ante la Asamblea Legislativa. “Quieren desarticular la Sala porque hemos sido independientes, por haber tenido la osadía de haber emitido sentencias contra el poder político y hay otras sentencias en camino que quieren evitar”, dijo Meléndez.
Meléndez enumeró una serie de demandas ciudadanas que ellos, como jueces, aún tienen que resolver, y que cree que la sola posibilidad de sentencias desfavorables genera gran presión en la clase política. Mencionó la demanda contra la elección del abogado Ástor Escalante como fiscal general 2012-2015, la demanda contra el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas, la demanda de inconstitucionalidad contra lel Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la demanda contra los nombramientos por parte del presidente de la República de dos generales en cargos de seguridad pública.
Con los magistrados de lo Constitucional inamovibles en su posición de que no tienen nada que negociar con la parte demandada -en este caso, la Asamblea Legislativa-, El Salvador llegó este martes a su tercer día con dos grupos de abogados que se dicen magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El lunes sesionaron por separado y durante casi todo el día tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional como los abogados cuyo nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa tiene en contra sentencia judicial de inconstitucionalidad.
'Nosotros no nos hemos puesto a debatir cuál Corte es la legítima y cuál no', dijo González, cuando El Faro le preguntó qué discutieron en su sesión de inicio de semana. 'Las sentencias de inconstitucionalidad ahí están y son de obligatorio cumplimiento', añadió. Dijo que él y otros cuatro magistrados -incluida una magistrada suplente ante la salida de Néstor Castaneda, cuyos nueve años terminaron el 30 de junio- simplemente estuvieron conversando sobre el trabajo normal de la Corte. Y en un momento abordaron la posibilidad de un encuentro con los magistrados de la promoción 2006 y los nombrados en abril pasado. 'Dijimos que si Ovidio Bonilla -nombrado presidente electo por la Asamblea, a partir del 16 de julio próximo- venía acá, le íbamos a pedir que nos sentáramos a platicar', dijo González. Y lo mismo acordaron en caso de que llegaran el resto de personas nombradas por la Asamblea que están reclamando se les reconozca legitimidad.
González aseguró que el plan de los magistrados constitucionalistas es seguir trabajando con normalidad en la Corte, y para eso laborarán con magistrados suplentes. 'Si nosotros prácticamente así estuvimos trabajando desde cuando declaramos inconstitucionales los nombramientos correspondientes a 2006 y a 2012. Hemos estado resolviendo estos días con Mirna Perla, Miguel Ángel Cardoza y Néstor Castaneda, y entonces no es que la Corte no pueda funcionar', dijo. Cuando El Faro le preguntó si es viable seguir a este ritmo indefinidamente, asintió. 'Quizás yo sea demasiado optimista, pero yo creo que podremos seguir trabajando así, con los suplentes'.
El presidente Mauricio Funes también volvió al debate este lunes por la noche en una entrevista en el canal 5 de televisión. En el programa Debate con Nacho, el mandatario aseguró que no intervendría en la controversia entre la Sala y la Asamblea, aunque criticó el trabajo de Belarmino Jaime como presidente de la Corte alegando que la convocatoria de magistrados suplentes era “ilegal”, dado que los nombramientos de magistrados propietarios de 2006 y 2012 siguen siendo legales hasta que la Asamblea elija una vez más, según la sentencia.
Además, Funes dijo que la Sala debe aceptar la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, que ya ordenó hace dos semanas a los magistrados que suspendan las consecuencias de las sentencias que invalidaban las elecciones de nuevas Cortes.
Otro de los personajes que entró al debate en la última semana es el exmagistrado de la Sala de lo Penal Ullices del Dios Guzmán, cuyo mandato acabó el sábado. Este ha dicho que las sentencias de la Sala son inapelables y de obligatorio cumplimiento. La de Guzmán es una interpretación que podría eventualmente favorecerle, ya que él aspiraba a ser nombrado magistrado durante otros nueve años, pero quedó fuera. Si obedeciera la sentencia de la Sala, la Asamblea tendría que negociar de nuevo los nombres de los magistrados 2012-2021, y ahí Guzmán volvería a tener opciones.
A pesar de que los magistrados no consideran que las reuniones en las que participen los magistrados electos en 2012 sean oficiales o legítimas, Rodolfo González dijo a El Faro que la secretaria general de la Corte estuvo presente en la reunión de los abogados nombrados en abril pasado. Según explicó el magistrado la función de esta es dar fe de las reuniones y los acuerdos a los que llegan los magistrados. 'La secretaria general de la Corte fue llamada por los cinco magistrados de la promoción 2006 y por los cinco que están en si son o no son, y ella concurrió a la reunión', dijo.
La normalidad con la que aseguran los magistrados seguirá funcionando la Corte, a pesar de las reuniones paralelas del otro grupo de magistrados, incluye el funcionamiento de Corte Plena en conjunto con los suplentes. El viernes la Corte llamó a tres suplentes para que se incorporen a Corte Plena y uno para que asuma en la Sala de lo Constitucional. Entre ellos Sonia Barillas de Bonilla, que integra la Sala de lo Constitucional, y Ricardo Suárez Fishnaler y Antonio Durán como suplentes de las demás salas. Según explicó Rodolfo González, esto es bastante normal en el funcionamiento de la institución, pues no siempre llegan todos los propietarios a las reuniones y ahora la situación es diferente.
Agregó que, no obstante la reforma a la Ley Orgánica Judicial hecha por la Asamblea sorpresivamente la noche del jueves y avalada el viernes por el presidente Funes, el intento de quitar a Belarmino Jaime la atribución de convocar a Corte plena como presidente de la Corte Suprema, sigue intacta. “Hay otros artículos de la ley que facultan al presidente a convocar. Lo que ha cambiado es que Corte plena se podría convocar por llamado del presidente o por llamado de cualquier magistrado'.
González también dijo que ha escuchado a Jaime decir que a las cinco personas que fueron electas en abril no se les asignará recursos como carros, personal de seguridad, ni vales de gasolina porque ellos no son magistrados.
Sobre la actividad del domingo, cuando los magistrados invalidados por la Sala llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema, Meléndez dijo que no era nada oficial, pero reveló que las autoridades vigentes les dieron por cortesía las facilidades para que pudieran acceder al edificio. “Porque algunos son colegas y algunos podrían serlo después, y otros son amigos nuestros”, dijo Meléndez.
Fiscal investiga a diputados
El viernes pasado, cuatro ciudadanos salvadoreños presentaron ante la Fiscalía una demanda contra ocho diputados, incluido el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, acusándolos del delito de desobediencia. El fiscal general, Romeo Barahona, anunció este martes que abrió expediente contra ocho legisladores, pero se rehusó a revelar las identidades de los investigados.
En su denuncia, los ciudadanos dicen que acuden al fiscal porque consideran que al desobedecer las sentencias de inconstitucionalidad, que van acompañadas de la orden explícita de repetir la elección de magistrados de 2006 y 2012, los diputados cometieron el delito de desobediencia, que se castiga con prisión de hasta un año.
'Señalamos como partícipes del hecho denunciado al diputado Othon Sigfrido Reyes Morales...', plantean los denunciantes, en referencia al efemelenista que preside la Asamblea Legislativa, y agregan a la lista a Roberto Angulo y Francisco Merino, de CN; a Guillermo Gallegos, Walter Guzmán y Mario Tenorio, de Gana; a Roberto Lorenzana, del FMLN, y a Rodolfo Parker, del Pes.
Barahona es otro actor relevante en el debate de las elecciones de la nueva Corte y de su sucesor, pues él termina su mandato de tres años en septiembre. Por procedimiento de ley, la Sala de lo Constitucional tiene que pedir la opinión del fiscal general cuando procesa una demanda de inconstitucionalidad. En el caso de las sentencias contra la Asamblea por las elecciones de magistrados de 2006 y 2012, el fiscal coincidió con los magistrados en que los diputados violaron la Constitución.
Y la Sala aún procesa una demanda contra la elección del abogado Ástor Escalante como fiscal 2012-2015. Pero el último paso antes de emitir sentencia ya ocurrió: fue oír al fiscal, y este, que delegó al fiscal adjunto por considerar que es parte interesada, opinó que efectivamente la elección de Escalante viola la Constitución, porque no puede ser que una misma legislatura -la 2009-2012- elija dos veces fiscal general.
Por lo tanto, a Barahona, que quería un segundo mandato en el cargo, le conviene la invalidación del nombramiento de Escalante, porque la Asamblea Legislativa tendría que construir un nuevo acuerdo, y la composición del parlamento 2012-2015 no es igual al que eligió a Escalante y a los magistrados 2012 en la última semana de sus tres años de gestión.
Renuncia a magistratura en Corte Centroamericana
La Asamblea Legislativa al rechazar las sentencias de la Sala acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, un organismo regional que en sus estatutos establece la posibilidad de dirimir conflictos entre poderes del Estado. Mientras los diputados alegan que hay un conflicto entre Asamblea y Corte Suprema, los magistrados dicen que la Sala con sus sentencias solo actúa como juez y no como parte. Que, en todo caso, el conflicto es entre los ciudadanos que se sienten agraviados por la Asamblea y esta, y que la Sala solo cumple su juez de árbitro que administra justicia.
El artículo 22 literal 'f' de los estatutos de la Corte Centroamericana (CCJ) es el que posibilitó a los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes soslayar la orden de cumplir las sentencias de la Sala. Aunque los mismos diputados aceptan que la Sala no es un poder del Estado, en su demanda ante la CCJ dijeron que la parte demandada es la Corte Suprema de Justicia. La CCJ admitió la demanda y ordenó a los magistrados salvadoreños suspender la invalidación de las elecciones de 2006 y 2012. La Sala replicó que en materia constitucional la CCJ no tiene competencia y declaró inaplicable la orden del tribunal centroamericano.
Ahora, Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, habla de la posibilidad de procesar a los magistrados por desobedecer a la Corte Centroamericana, mientras esta dijo el fin de semana que el responsable en El Salvador de hacer cumplir las resoluciones del tribunal regional es el presidente de la República, quien la noche del lunes dijo que él no intervendrá en este conflicto.
La CCJ está integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y cada país tiene dos magistrados propietarios y dos suplentes. Este martes, junto al anuncio del fiscal de que abrió investigación contra ocho legisladores, vino el anuncio de la magistrada salvadoreña suplente en la CCJ, María Silvia Guillén, quien renunció a su puesto porque considera que la Corte actuó incorrectamente al admitir la demanda de los diputados.
Según Guillén, el artículo 183 de la Constitución de la República de El Salvador establece que en materia constitucional el límite es la Sala de lo Constitucional y, por lo tanto, la CCJ no tiene competencia en esa área. 'Justifico esta renuncia en mi exigencia profesional y ciudadana por el respeto y total sometimiento a los mandatos constitucionales', dice Guillén, en su carta de dimisión.
Apenas el lunes la Corte Centroamericana había sido objeto de otro cuestionamiento, cuando Costa Rica declaró oficialmente que rechazaba una condena emitida por el tribunal, a partir de una demanda de Nicaragua por una disputa en el río fronterizo entre ambas naciones. Costa Rica desde el inicio rechazó la demanda, porque este país no es parte de la Corte. Sin embargo, los magistrados no solo admitieron el reclamo nicaragüense sino que emitieron condena.
El gobierno costarricense dijo que iba a denunciar esta actuación ante los gobiernos de Honduras y El Salvador, para que estos evalúen si el organismo está cumpliendo correctamente su papel.
En el caso de la exmagistrada Guillén, ella es directora ejecutiva de la oenegé Fespad, una de varias organizaciones cívicas de izquierda que se han alzado junto a otras organizaciones de todo signo ideológico para desvirtuar los argumentos de los diputados. En el FMLN, el discurso de los legisladores y principales dirigentes ha sido que la Sala de lo Constitucional responde a los intereses del partido Arena, y que quienes han salido en su defensa han sido simpatizantes de Arena o de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Entre quienes se han puesto del lado de los magistrados están personajes como el político retirado Abraham Rodríguez y el sacerdote jesuita José María Tojeira, e instituciones como la Fundación para el Desarrollo (Funde), la Iniciativa Social para la Democracia y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Asamblea incursiona en Corte
Por ahora no queda claro en qué terminará la disputa, y dependiendo de quién se imponga así podría haber posibilidad de que alguno de los involucrados incurriera en delitos como actos arbitrarios o incluso falsedad ideológica o falsedad material, aparte del delito de desobediencia que ya está investigando el fiscal.
En el acto de 'instalación' de los magistrados invalidados por sentencia de inconstitucionalidad, los periodistas fueron testigos el domingo de cómo personal de comunicaciones de la Asamblea Legislativa ingresaba a las instalaciones de la Corte Suprema como si se tratara de una actividad legislativa.
Óscar Alas, gerente de comunicaciones de la Asamblea, apareció acompañando a la magistrada Roxana Núñez, una de las personas nombradas por los diputados para asumir cargos en el período 2012-2021. El Faro preguntó a Alas por qué anduvo en la Corte haciendo labores que parecían de un coordinador de la cobertura periodística o de protocolo del acto de reunión de los abogados. Dio tres versiones diferentes: una, que coordinaba la seguridad de la ceremonia. Otra, que solamente coordinaba a su equipo de comunicaciones que cubría el acto; y una tercera, que nunca estuvo en las instalaciones de la Corte.
Alas aseguró que la Asamblea Legislativa cubre usualmente actividades de otras instituciones que le parecen relevantes y por eso mantiene una estrecha relación y coordinación con el jefe de comunicaciones de la Corte, Mario Larín. Este, sin embargo, dijo que no estaba al tanto de que Alas tenía intenciones de cubrir el acto del domingo. “Yo no estaba sabedor de eso, ni me enteré de eso. Yo me enteré cuando hablamos por la tarde y él me dijo que había venido (a la Corte) a dejar a su cámara”, dijo. “Eso no es normal, que él llegue así a la Corte. Nuestra relación no llega a eso”, añadió.
El Faro conversó con los diputados Antonio Almendáriz, de Concertación Nacional, y Douglas Avilés, de Cambio Democrático, quienes coincidieron en que la actividad no era de incumbencia de la Asamblea y por lo tanto no se justificaba la presencia de Alas el domingo en las instalaciones de la Corte.
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