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Pandilleros anuncian propuesta de desarme con participación de la OEA

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llegó este jueves a El Salvador para conocer de primera mano sobre la tregua entre pandillas. Visitó el centro penal La Esperanza, donde se reunió con líderes de las pandillas. Carlos Mojica Lechuga, (a) Viejo Lin, del Barrio 18, anunció una propuesta de solución al problema de violencia generada por las pandillas.

Jueves, 12 de julio de 2012
AFP / El Faro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, verifica este jueves en El Salvador el avance de una tregua sin precedentes entre pandillas, que redujo los homicidios de un promedio de 13.6 que se registraba hasta inicios de marzo, a 5.6, que se mantiene hasta la fecha. Después de participar en una reunión en el penal La Esperanza, Insulza abandonó el lugar y uno de los líderes de la pandilla Barrio 18, Carlos Mojica Lechua, (a) Viejo Lin, anunció una propuesta de desarme que implicaría la participación de la OEA como organismo verificador.

Invitado por el vicario castrense Fabio Colindres, facilitador del pacto, Insulza dará continuidad a la visita que en mayo realizó el subsecretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, quien confirmó que esa organización realiza un 'acompañamiento y observación' del proceso.

Insulza, quien apenas llegó se encontró con el canciller Hugo Martínez, primero visitó La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador, y en la tarde de este jueves se reunirá con el presidente Mauricio Funes.

El viernes, cuando concluye su visita, el secretario general participará en el denominado 'Acto humanitario por la paz y el cese de la violencia en El Salvador', en una céntrica plaza capitalina, acompañado de Colindres y del otro mediador del pacto, el antiguo comandante guerrillero y ex diputado Raúl Mijango.

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, vinculadas con narcotraficantes, dispusieron en marzo una tregua producto de acuerdos progresivos con el gobierno del presidente Funes, con la intermediación de Colindres y del negociador Raúl Mijango, un exguerrillero y exdiputado.

Al inicio, Funes negó que su gobierno haya negociado con las pandillas, pero reconoció que permitió el traslado de los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales para que ordenaran a las 'clicas' (células) y se frenara la violencia.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, al bajar los homicidios El Salvador salió del grupo de países más violentos del mundo -en el que están Honduras y Guatemala-, pero advirtió que el desafío es el 'mantenimiento' de la tregua y 'evitar que más jóvenes se sumen a las pandillas'.

Según Medrano, el Estado debe 'quitarles' a las pandillas los 'territorios que controlan', con proyectos de prevención que, por requerir una 'millonaria inversión', deben tener la colaboración de diversos sectores del país y la comunidad internacional.

Funes inició una serie de encuentros con empresarios, iglesias, académicos y y otros sectores para alcanzar 'un gran acuerdo nacional' que ayude a generar oportunidades de empleo, a fin de reducir la violencia que afecta al 38% de los 6.1 millones de habitantes.

A pesar de que en el marco de la tregua las pandillas decidieron en mayo el cese del reclutamiento forzoso de jóvenes y declararon además los disputados centros escolares como 'zonas de paz', los crímenes y desaparición de estudiantes han continuado, según organismos sociales y de derechos humanos.

Mijango precisó a la AFP que en los primeros 123 días de tregua se evitaron mil 77 muertes y una 'reducción significativa' de las extorsiones que las maras cometen contra particulares, comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.

Los 'enemigos' de la tregua, para Mijango, son 'grupos de extermino' que están matando pandilleros y el 'escepticismo' de la sociedad, sobre la solución del problema.

En el hacinado sistema penitenciario salvadoreño con capacidad para 8 mil 100 internos, hay 26 mil 195 presos, 9 mil 627 de estos pandilleros, según cifras del ministerio de Seguridad.

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