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Senadores EUA sugieren represalias contra promotores de crisis institucional en El Salvador

El demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio dicen que la instalación a la fuerza de una Corte Suprema declarada inconstitucional constituye una ruptura del orden democrático, y piden al gobierno de Obama que considere retirar visas a los promotores y que reconsidere la ayuda en programas como Fomilenio, que es fundamental para el gobierno de Mauricio Funes.

Martes, 17 de julio de 2012
AFP / El Faro
Washington, julio 17. Senadores estadounidenses presionaron este martes al gobierno del presidente Barack Obama para que asuma un rol más protagónico para desactivar la crisis política desatada en El Salvador con motivo del desacato de la Asamblea Legislativa a sentencias de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, y propusieron incluso suspender cierta ayuda a ese país.

'Urgimos al gobierno de Obama a trabajar con el más alto nivel del gobierno salvadoreño para lograr una pronta resolución de esta seria crisis constitucional', afirmaron en un comunicado conjunto el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio.

El enfrentamiento se originó porque la Asamblea hizo en 2006 y en abril de 2012 los nombramientos de magistrados a la Corte Suprema, y la Sala de lo Constitucional declaró ambas designaciones como inconstitucionales. No obstante, la Asamblea desoyó las sentencias, que le ordenaban elegir nuevamente, y forzó la instalación de los magistrados invalidados.

Para los senadores estadounidenses, El Salvador en este momento tiene el orden constitucional y su democracia rotos. El pronunciamiento de Rubio y Menéndez se produce dos días después de que en su editorial, el periódico The Washington Post planteó la misma situación y dijo que Estados Unidos tiene un interés grande en que se resuelva la crisis institucional.

El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brazo de la OEA que vigila el respeto a los derechos fundamentales en el continente, dijo que con lo ocurrido en El Salvador en las últimas semanas está en riesgo la independencia de los jueces. 

En el caso de los senadores Menéndez y Rubio, estos dijeron que el gobierno de Obama 'debe dejar claro a San Salvador que si no se implementan rápidamente medidas para restaurar el orden constitucional y democrático Estados Unidos considerará una serie de medidas bilaterales'.

Esas medidas podrían incluir la suspensión de un nuevo programa de la agencia Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) que está a estudio y el retiro de visas a personas 'que participen en la perpetuación de este estado inconstitucional', dijeron los senadores.

Esta última moción incluiría aparte de los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes, al mismo presidente de la República, Mauricio Funes, pues este participó en la maniobra para intentar desobedecer las sentencias judiciales, al negar espacio para publicación en el Diario Oficial a resoluciones de la Sala, y al avalar la publicación exprés de unas reformas legales negociadas bajo la mesa que permitirían a la Corte sesionar sin su presidente.

También podría verse afectado la llamada Asociación para el Crecimiento suscrito en 2011, a través de la cual Estados Unidos coopera con El Salvador para ayudarlo en su desarrollo económico, indicaron los senadores, líderes de la subcomisión para América Latina del Senado.

Menéndez y Rubio acusaron a la Asamblea de 'poner en riesgo los avances por los cuales los salvadoreños han luchado tan duro'. Justo esa misma idea manejaba en su editorial el Washington Post, cuando hizo ver que la decisión del FMLN de buscar apoderarse de la Corte amenazaba la democracia y la estabilidad tan duramente logradas después de una guerra civil de 12 años.

Según la Sala de lo Constitucional, la Constitución de El Salvador prohíbe que una misma legislatura elija magistrados en dos ocasiones durante durante sus tres años de funciones, y la Asamblea, faltando seis días para terminar funciones, eligió magistrados el 24 de abril pasado, a pesar de que ya lo había hecho también en julio de 2009.

Los congresistas elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia en Managua, la cual ordenó el 21 de junio a la Corte Suprema salvadoreña dejar sin efecto su resolución.

El gobierno de Obama admitió la semana pasada su preocupación por la crisis política, pero mostró su confianza en que sería resuelta. 'Es un serio problema que debe ser resuelto pero no tengo absolutamente ninguna duda acerca de la estabilidad del gobierno de (Mauricio) Funes y de la supervivencia de la democracia en El Salvador', dijo la responsable de la diplomacia para América Latina, Roberta Jacobson.

La CIDH también se declaró preocupada y pidió que la crisis sea resuelta con 'pleno respeto' de la separación de los poderes.

Este lunes, el abogado Ovido Bonilla ordenó la apertura forzosa de la oficina correspondiente a la Presidencia de la Corte Suprema y luego acudió a un mitin con simpatizantes del FMLN, donde fue vitoreado y donde los diputados de los cuatro partidos que lo promovieron le levantaron las manos como en señal de victoria.

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