La comisión de diputados que investiga la elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia de 2009 presentó al pleno legislativo un informe preliminar en el que asegura que la Asamblea Legislativa violentó tanto leyes como preceptos constitucionales al elegir a dichos funcionarios. El informe asegura que entre los diputados y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura cometieron al menos cuatro ilegalidades: elegir a los funcionarios a pesar de que había una resolución de la Sala de lo Constitucional que lo prohibía; pedirle al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que rellenaran los puestos vacíos de las listas de candidatos a magistrados; elegir a un magistrado que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución que el CNJ haya propuesto al magistrado Rodolfo González sin haber investigado sus antecedentes.
Con el informe, los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes creen tener a la Sala de lo Constitucional donde estaban procurando tenerla: en un punto en el que pudieran justificar la remoción de alguno de los magistrados nombrados en julio de 2009.
'La Asamblea Legislativa se encontraba imposibilitada para elegir magistrados a la CSJ por la medida cautelar señalada en dicha resolución, haciendo caso omiso elige magistrados', dice el documento firmado por Francisco Merino, de CN; Rodolfo Parker, de Pes; Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, de Gana, y Benito Lara y Jackeline Rivera, del FMLN. Todos los firmantes del texto presentado eran diputados en la legislatura pasada y dieron sus votos en favor de esa elección. Otro miembro de la comisión especial, Roberto Angulo, de CN, que también era diputado en julio de 2009, no firmó el documento, posiblemente porque estaba en el extranjero el jueves pasado.
Después de que el presidente de la comisión que dirigió la investigación, Francisco Merino, leyera el informe, un representante de cada partido intervino durante la sesión plenaria para fijar posición. 'Fue una elección amañada', dijo a manera de resumen el diputado Guillermo Gallegos, de Gana, vicepresidente de la Asamblea. Cuando se produjo la elección, él era legislador por el partido Arena, que junto con CD se rehusó a participar en la comisión investigadora.
Los diputados concluyeron que las ilegalidades cometidas en 2009 podrían hacer inexistente el decreto de elección de magistrados, con lo cual, el país podría llegar al punto de tener invalidados a todos aquellos que han sido votados en la Asamblea para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El 5 de junio la Sala de lo Constitucional declaró que las elecciones de magistrados de 2006 y 2012 eran inconstitucionales y mandó a la Asamblea elegir de nuevo. Hasta la fecha, los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes se han rehusado a acatar los fallos argumentando que dichas sentencias violan la Constitución.
Las acusaciones de los diputados contra la Sala comenzaron en julio de 2010, cuando los magistrados determinaron que era ilegal el sistema de votación salvadoreño para elegir diputados. Desde entonces legisladores como Rodolfo Parker, de Pes, hablaron de la posibilidad de destituir a los magistrados.
En junio, la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (Sittoj) pidieron a los diputados que investigaran la constitucionalidad de los nombramientos de magistrados de 2009. La Asamblea aceptó el reto pero, sabiendo que no puede determinar la constitucionalidad de ninguna elección, cambiaron la petición para investigar la legalidad. Así formaron la comisión que el jueves rindió su informe.
El informe tiene cinco partes. En la primera expone la denuncia de Unajud y Sittoj; en la segunda hacen un resumen de las entrevistas que hicieron a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y a los demandantes; como tercer punto el informe presenta los documentos que solicitó la comisión, entre los cuales se encuentra el resumen del caso de la denuncia de violencia intrafamiliar en contra del magistrado Rodolfo González; en el cuarto, una lista de las infracciones a leyes o preceptos constitucionales, y por último, las conclusiones, entre las cuales está la posibilidad de la inexistencia de la elección de los magistrados de 2009.
'Se concluye que habiendo estado vigente la medida dictada por la Sala de lo Constitucional al momento de la elección de los magistrados, la atribución de la Asamblea Legislativa estaba en suspenso constitucionalmente', determina el informe, refiriéndose a la medida cautelar que interpuso la Sala de lo Constitucional en la que prohibía que la Asamblea eligiera a magistrados mientras no se resolviera el proceso de amparo que interpuso la abogada Michelle Gallardo en mayo de 2009. Esta es la irregularidad que los diputados destacaron como la más grave dentro de su informe, pues según ellos podría dejar inexistente dicha elección.
Gallardo argumentaba en el amparo que sus derechos se habían violentado porque tres miembros del CNJ se había autonominado en la lista de candidatos a magistrados que dicha institución envió a la Asamblea Legislativa, limitando las posibilidades de que otras personas que no tuvieran poder de decisión estuvieran en la lista. La Sala de lo Constitucional prohibió en mayo de ese año que la Asamblea eligiera magistrados.
El 30 de junio de ese año, cuatro de los cinco magistrados constitucionalistas terminaron su período como funcionarios, dejando a la Corte Suprema de Justicia sin Sala de lo Constitucional que pudiera resolver el amparo. El 10 de julio, Gallardo envió una nota a la Corte, notificando que desistía del amparo porque los autopropuestos miembros del CNJ habían accedido a sacarse de la lista de candidatos. Sin embargo no había Sala que pudiera dar por terminado el proceso de amparo. Ante tal entrampamiento, la Asamblea eligió a los magistrados días después de la carta de Gallardo, a pesar de que la medida cautelar todavía seguía vigente.
En las conclusiones del documento presentado este jueves, la comisión determina que 'en ACATAMIENTO a aquel fallo, los decretos 71 y 72 (de elección de magistrados de 2009) son o podrían ser inexistentes porque NUNCA NACIERON A LA VIDA JURÍDICA'. Según explicó el diputado Merino, la comisión no estableció la existencia o no de los decretos en el informe porque todavía están en el proceso de investigación, pero tanto él como otros diputados dieron por hecho en sus declaraciones que dichos decretos no son válidos y por lo tanto tampoco la elección de hace tres años.
Después de la lecutra del texto, la diputada Jackeline Rivera, del FMLN, solicitó la palabra y aseguró que no se declarará nula la elección de 2009, sino que esta simplemente no existe. 'Esto no nos va a llevar a un acto nulo porque un acto se hace nulo cuando nacen a la vida jurídica, son actos inexistentes', dijo la diputada.
El diputado de CN Francisco Merino explicó que cuando se llegue a determinar oficialmente la inexistencia del proceso de elección de magistrados de 2009, esto no implicará la anulación de las sentencias emitidas por dichas personas, sino que se hará uso de la figura de 'funcionario de hecho'.
Esta previsión ya está plasmada en el informe preliminar de la comisión investigadora que en sus conclusiones también determina que en otro momento determinarán las consecuencias que tendrá la aceptación de la inexistencia de dicha elección sobre los procesos en los que hayan participado dichos magistrados. 'Oportunamente esta Comisión Especial se pronunciará sobre las consecuencias de los actos realizados en condición de 'magistrados electos' en 2009, no obstante las circunstancias constatadas a que se ha hecho referencia', reza el texto.
Además, la comisión estableció como una segunda ilegalidad que el CNJ, ante petición de los mismos diputados, haya incorporado tres nombres a la lista original de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para rellenar los vacíos que dejaron los tres miembros del CNJ. Rivera aseguró que esta era una de las irregularidades que encontraron en el proceso de elección de magistrados. 'Ni la ley ni la Constitución dice que cuando una lista quede incompleta debe completarse. Primera ilegalidad', sentenció durante su intervención.
La diputada se refirió al hecho de que el CNJ tuviera que rellenar las listas de candidatos, después de que los consejales que se había autonominado como candidatos renunciaran a su puesto y dejaran tres vacíos en la lista. La diputada no aclaró qué ley prohíbe explícitamente que se rellenen las listas de candidatos. Según el artículo 8 de la Constitución, nadie está obligado a privarse de lo que ella no prohíbe. Sin embargo, esta misma establece en el artículo 86 que los funcionarios del gobierno no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.
A la ilegalidad de haber rellenado las listas de los candidatos, el texto que el diputado Merino leyó en el pleno le agregó una tercera: que el CNJ haya incumplido lo establecido por la ley a la hora de investigar al abogado Rodolfo González.
'Es de hacer notar que varios consejales manifestaron que la Unidad de Selección del CNJ no tuvo el tiempo suficiente para solicitar los atestados a que hace relación el artículo 73 del Reglamento de la Ley del CNJ', reza el texto en la sección donde enumera las ilegalidades incurridas en aquella ocasión. Además, la comisión agrega en el informe que los consejales expresaron que no sabían del proceso de violencia intrafamiliar en contra de González y que de haberlo sabido no lo hubieran elegido como candidato.
La comisión especial revisó el proceso de violencia intrafamiliar en contra del magistrado González. De acuerdo con la certificación del proceso enviado por la jueza segunda de Familia, referencia SSF2—916-7LDl-2004/6, en un primer momento el magistrado negó, a través de su apoderado legal, haber cometido los hechos denunciados por su exesposa ('violencia sicológica'), pero luego los aceptó. 'RODOLFO ERNESTO GONZÁLEZ BONILLA manifiesta: Que acepta los hechos denunciados y que se compromete a no volver a incurrir en los mismos', se lee en el informe presentado por la jueza, en el cual también se establece que ambas partes acordaron respetarse mutuamente y acudir a terapia sicológica, que fue lo que dispuso la jueza. Durante la lectura del informe, Merino aseguró que la denunciante era la esposa de González, no la exesposa, como dice el expediente judicial.
Al haber elegido a González, los diputados aseguran que violaron los requisitos de tener que pone la Constitución para ser magistrado. Esta es la cuarta irregularidad que destaca el informe de los legisladores. Según los diputados, ellos obviaron el requisito de moralidad notoria que la Constitución establece en el artículo 176 para poder ser magistrado de la Sala de lo Constitucional.
El diputado Guillermo Gallegos dijo que se comprometía a arreglar los errores cometidos en 2009. 'Tenemos que aceptar la culpa y la responsabilidad los que elegimos en 2009 y ese error tenemos que enmendarlo', dijo.
Con el informe, los diputados tienen una herramienta para declarar que tanto González como Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez en realidad no son magistrados. La investigación les daría una razón para intentar por esta vía desarticular la Sala.
Los legisladores sin embargo no aclararon qué medidas van a tomar con los diputados que cometieron las irregularidades en 2009. Todos los diputados que firmaron el documento Merino, Gallegos, Parker, Rivera, Lara y Tenorio votaron a favor de la elección de los magsitrados en 2009 y ahora admiten que cometieron ilegalidades.
Cuando El Faro le preguntó al diputado de CN Francisco Merino qué consecuencias habrá para los diputados que infringieron la ley al elegir a dicha promoción de magistrados, este evadió dar una respuesta clara. 'Eso está claramente demostrado (que se cometió una ilegalidad) y eso trae una consecuencia directa que es la inexistencia de la elección. ¿Entonces hay que buscar responsables? Se puede, se puede', dijo el diputado. Cuando se le preguntó si el Fiscal General de la República debe abrir un proceso de investigación en contra de las 84 personas que dieron sus votos en ese momento, algunos de los cuales siguen siendo diputados y otros que ya dejaron de gozar del fuero constitucional, este solo respondió: 'Habría que ver, habría que ver'.
