La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en la que le advierte que a raíz de la desobediencia de la legislatura a varias sentencias de la Sala de lo Constitucional vislumbra una amenaza a la independencia judicial y un perjuicio a la seguridad jurídica y a los derechos humanos en El Salvador.
La carta, fechada 18 de julio y publicada por el Observatorio Judicial de Fusades, hace un relato breve de las actuaciones del Legislativo para cambiar las reglas de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y el desacato a las dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que obligan una nueva elección de magistrados de la CSJ correspondiente a los años 2006 y 2012.
“Entiendo que estas decisiones están pendientes de ser implementadas”, dice la carta con respecto a dos fallos que declaran inconstitucional la elección de magistrados en 2006 y 2012 y que los diputados de los partidos FMLN, Gana, CN y Pes se niegan a obedecer.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas expresa en la misiva “una profunda preocupación por la situación existente entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, por cuanto puede afectar seriamente la independencia del Poder Judicial y estado de derecho' y le pide a Reyes que busque la manera de poner fin a la situación.
Pillay es una abogada sudafricana que cobró más relevencia por su papel como jueza del Tribunal Penal Internacional de Ruanda. En su escrito hacia Reyes, la funcionaria de las Naciones Unidas cuenta que está al tanto del decreto aprobado por la Asamblea casi a la medianoche del 28 de junio pasado. Dicha normativa, impulsada por el FMLN, Gana, CN y Pes, suprimió de forma transitoria la atribución exclusiva de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces en manos de Belarmino Jaime, de convocar a sesiones de Corte plena y entregó esa potestad a cualquier magistrado.
El decreto modifica las reglas de funcionamiento del máximo tribunal solo durante un mes, pues es una reforma transitoria cuyos efectos vencen el último día de julio.
La misiva, con membrete de la Organización de las Naciones Unidas, dice literalmente: “Conforme lo establecen los principios y normas contenidos en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos de los cuales la República de El Salvador es Estado Parte, el poder judicial debe decidir los asuntos que son de sus conocimiento y competencia de forma independiente e imparcial, libre de cualquier injerencia o amenaza y con irrestricto respeto a los establecido en la Constitución y en leyes de la República. Sus fallos deben ser acatados por todos los Órganos de Estado.”
El pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos es uno más a la ya larga lista de posicionamientos en favor de la Sala de lo Constitucional, que ha estado bajo fuego de la Asamblea Legislativa desde cuando en julio de 2010 emitió una primera sentencia que golpeó el poder de los partidos políticos. En esa ocasión, los magistrados determinaron que ilegalmente las cúpulas de los partidos políticos se salían con la suya al tener en el Código Electoral un mecanismo que les permitía decidir quién se convertía en diputado y quién no, más allá de la voluntad del electorado.
La semana pasada, dos senadores estadounidenses -uno demócrata y otro republicano- sugirieron al gobierno de Barack Obama que revise la cooperación con El Salvador y que valore la posibilidad de suspender las visas a los funcionarios involucrados en la crisis institucional. Su petición surgió solo dos días después de que el periódico The Washington Post dijera en un editorial que el FMLN, con su control de la Asamblea Legislativa y con su actitud de desobedecer a los máximos jueces del país, ponía en riesgo la tan difícilmente lograda democracia salvadoreña después de la guerra civil de 12 años.
El Post decía, además, que Estados Unidos tenía un interés relevante en que la crisis en El Salvador se resolviera. Hace una semana también las Salas de lo Constitucional de Honduras y Costa Rica, y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala manifestaron públicamente su respaldo a la Sala salvadoreña. Asimismo, organizaciones cívicas nacionales de todo signo ideológico y tanques de pensamiento y organismos internacional de promoción de la justicia y los derechos humanos han afirmado que la Sala de lo Constitucional es el único y último tribunal competente para resolver asuntos de control constitucional.
Con su posicionamiento, han descalificado a la Corte Centroamericana de Justicia, organismo al que acudieron los diputados de los cuatro partidos que promueven el desacato, en un intento de obtener argumentos para seguir en desobediencia.
Después de que Washington puso atención a la crisis institucional salvadoreña, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dio un viraje a su posición. Aunque en el último año Funes abiertamente se ha posicionado contra la Sala, el sábado anunció que iba a convocar a los partidos políticos con representación legislativa para intentar mediar en el litigio.
Funes fue parte de una maniobra conjunta con la derecha legislativa en junio de 2011 para maniatar a la Sala de lo Constitucional al obligarla a sentenciar inconstitucionalidades solo por unanimidad. El 28 de junio pasado repitió su coordinación con los diputados -esta vez con el concurso de los del FMLN en lugar de los de Arena- para validar expeditamente un decreto negociado a puerta cerrada, que permite a la Corte sesionar sin su presidente. También dijo en su momento que los magistrados de la Sala deberían obedecer una eventual sentencia de la Corte Centroamericana, aunque los magistrados salvadoreños ya han dicho que sería inaplicable porque el tribunal regional es incompetente en materia de constitucionalidad.
Asimismo, en las semanas anteriores y a sabiendas de que los magistrados tienen en estudio una demanda ciudadana contra el nombramiento de dos generales del ejército en la cartera de Seguridad Pública, Funes se dedicó a hacer presión contra los magistrados. Repetidas veces, en declaraciones a la prensa, Funes dijo que la Sala no podía con una sentencia invalidad el nombramiento de un general como ministro de Seguridad o de otro general como director de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta la situación apremiante de violencia que vive El Salvador y 'los buenos resultados' que están dando estos funcionarios.
Funes se reunirá este martes con representantes de los partidos políticos, en el inicio de este proceso de búsqueda de una solución. La Universidad Centroamericana, que se ha posicionado demandando que la Asamblea obedezca los fallos judiciales, publicó este lunes un editorial que tituló 'El reto de ser juez y parte', en referencia al anunciado intento de Funes de convertirse en mediador, dado que ya se ha decantado en favor de una de las partes abiertamente.
En el litigio ha participado también el fiscal general, Romeo Barahona, quien ha dicho que la pretendida Corte Suprema forzada por la Asamblea y presidida por el abogado Ovidio Bonilla, no tiene legalidad. El viernes pasado, Barahona advirtió a Bonilla que debe cuidarse de sus actuaciones porque podría incurrir en la comisión de graves delitos si firma acuerdos actuando como si fuera magistrado.
