Estamos ante uno de los días más nefastos de la historia política salvadoreña. Hoy la justicia ha perdido su independencia. Con ojos atónitos presenciamos los momentos convulsionados que precedieron a la instalación de unos magistrados electos en forma viciada y creándose una Corte paralela a la legítima.
Esta dualidad nace de las acciones tendientes a ir minando la composición de la actual Sala de lo Constitucional altamente productiva y temida por su independencia; por ello se han dado nuevamente (pues su inicio fue el Decreto 743) todos los pasos para lograr su desintegración. Frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la elección de los magistrados 2012 y 2006 la Asamblea llevó a cabo una serie de actos que vaticinaban una rebeldía en cumplir los fallos, entre ellas una consulta pública en donde mayoritariamente se escucharon las voces de los detractores de las sentencias, procedieron a reformar su Reglamento Interno (RIAL) en materia del antejuicio y así poner una espada sobre las cabezas de los magistrados, se procedió a la creación de Comisión para investigar la elección 2009 y como medida desesperada se recurrió a la figura de una instancia regional a través de la presentación de un recurso ante Corte Centroamericana de Justicia el día 20 junio y sorpresivamente dicha Corte admitió la demanda y decretó medidas cautelares de 21 junio, ¡vaya celeridad!
He trabajado muchos años en temas de integración y siempre he creído que la viabilidad de los países centroamericanos es a través de una región unida pero de eso a que se haya cedido el control constitucional a una instancia regional, estamos aún distantes. Es más, ni en Europa se revisan los asuntos constitucionales internos, sería una intromisión indebida. Diferente es cuando la materia es de integración, me pregunto ¿Qué tiene que ver la elección de magistrados de un país en materia de integración? Nada.
Sin embargo nos encontramos en un atolladero jurídico que a la mayoría de la población le cuesta comprender pues los argumentos son variados, llenos de articulados y muchos medios de comunicación pasaron semanas sin ayudar a clarificar los hechos. En esta enredada situación lo que este día presenciamos fue la instalación de una Corte ilegítima y además sus integrantes seriamente dañados en su capacidad de mantener la independencia ante la Asamblea Legislativa. Ese órgano estuvo hasta el último momento siendo el vehículo que viabilizó la toma de posesión al haber realizado una reforma transitoria aberrante en donde modificaba el quórum de las sesiones de Corte Plena en la Ley Orgánica Judicial y le quitaba al Presidente de la misma la potestad de convocar. Además el Presidente de la Republica estuvo presto a contribuir con semejante atentado y así clarificar que no sería parte de la solución sino del problema.
El debilitamiento a nuestra democracia continúa en la agenda de muchos integrantes de la clase política, no hay respeto a la institucionalidad y ni hablar de ética profesional. Lo que dicte la aritmética legislativa es la ley o decreto del momento sin pensar en la importancia del cumplimiento de las reglas de juego que como sociedad nos hemos autoimpuesto a través de nuestra Constitución. La Sala de lo Constitucional es su máximo intérprete, cuando está legítimamente elegida. Ahora tenemos una legítima y una ilegitima gracias a las argucias de la Asamblea Legislativa ayudada por una Corte Centroamericana incompetente para conocer de estos asuntos internos.
