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Durante la presente semana se llevó a cabo la visita in situ con  expertos internacionales y Estado examinadores del “Mecanismo de revisión para la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”. Algunas ONGs incluyendo la Fundación DTJ, contribuimos dando apreciaciones  sobre el cumplimiento que hace  nuestro país.

 Considero que este es un momento importante para hacer una reflexión en torno a la transparencia y lucha contra la corrupción en El Salvador.  Nos encontramos en medio de una crisis institucional, sin precedentes en la quel fuerzas políticas se encuentran arrinconadas en un conflicto que nace por la resistencia de varios Diputados de la Asamblea Legislativa en reconocer la división de poderes en el país y el respeto a las sentencias de la Sala de lo Constitucional independientemente si resultan favorables o no a sus intereses.

Resulta irónico que mientras  el Órgano Ejecutivo intenta darle seguimiento a compromisos internacionales en materia anticorrupción, también escucha cómo la sociedad civil organizada, entre ellos ISD, CASALCO, FUNDE, FUSADES, FESPAD y la IDHUCA, expresan como si bien la legislación salvadoreña tiene todos los elementos básicos e indispensables para luchar contra la corrupción, hay un desinterés gubernamental por pasar de la letra de la ley a la realidad.

Hay que repetir que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido catalogada como la cuarta mejor del mundo. Sin embargo su reglamento la pone en grave peligro puesto que ha permitido que se creen los espacios de arbitrariedad y fue así como el Presidente de la República rechazó las ternas de los Comisionados del Instituto garante sin justificar dicha acción de manera que permitieran tener criterios con los cuales trabajar. Este Reglamento que hoy por hoy espera la resolución de una demanda ante la Sala de lo Constitucional, también ha creado esa categoría llamada “Seguridad Política” que no dudo que prontamente pueda ser invocada para reservar información y ser utilizada por las autoridades públicas para nulificar la ley.

Mientras tanto, se ha hablado mucho en los medios sobre una tesis que comparto: no estamos frente a un conflicto ideológico de derechas y de izquierdas, sino que la polarización que vivimos es causa de intolerancia, búsqueda de beneficios, usurpación de funciones y corrupción versus una falta de transparencia, respeto a la Constitución y valores democráticos. Por ahora a la sociedad civil se le presenta como un desafío incidir en la implementación de estos instrumentos puesto que la información de las diferentes instituciones que tienen dentro de sus atribuciones el combate a la corrupción, no la tienen disponible y es necesario el registro estadístico sobre investigaciones en materias penal relacionadas con los delitos a la corrupción.

Por ahora, la transparencia no está en la agenda nacional de una manera convincente. Sin embargo, cada vez que un organismo internacional nos pide un informe, se decide hablar de los avances. La realidad es ineludible: 1. No existe instituto garante; 2. Aún no se incorpora una partida presupuestaria para su creación; 3. No existe una agenda anticorrupción; 4. No existen registros estadísticos confiables; 5. Ni se está permitiendo el funcionamiento de la Justicia Constitucional para avanzar en la materia; 6. Falta el nombramiento de los miembros del Tribunal de Ética Gubernamental; y 7. Veamos cómo se explica a la comunidad internacional que la Corte ilegítima sesione para hacer entrega de vehículos y otras prestaciones cuando la misma ha usurpado sus funciones.

lucha contra la corrupción

Escrito el 2012-08-03 18:15:51 por radamel valle delgado

comencemos de los niveles mas alto de ámbito político.

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