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FMLN propone presidencia de Corte Suprema para Bonilla a cambio de dejar en paz Sala Constitucional

Mientras la Asamblea conoció la sentencia de la Corte Centroamericana en favor suyo, Arena se sigue oponiendo a apoyar a Ovidio Bonilla. El bloque FMLN-Gana-CN-Pes advirtió que su última oferta es desistir de su intento de separar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos en 2009, repetir la elección de 2006 y a cambio dar a su abogado favorito la presidencia del máximo tribunal.

Viernes, 17 de agosto de 2012
Sergio Arauz y Patricia Carias

La mesa de negociación montada por el presidente Mauricio Funes para intentar resolver la crisis provocada por el desacato legislativo a dos sentencias de la Sala de lo Constitucional llegó la noche de este jueves a un camino que podría empezar a normalizar el trabajo del Órgano Judicial: el FMLN propuso una fórmula que permita mantener en la Sala a los cuatro magistrados constitucionalistas elegidos en 2009, pero a cambio demanda el nombramiento del abogado Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema.

La discordia a resolver es entre dos partes. La alianza legislativa FMLN-Gana-CN-Pes, que anunció lo que llama su 'muestra máxima de voluntad política', y Arena, que se niega a que Bonilla presida el Órgano Judicial después de que este fuera vitoreado en una especie de mitin callejero por diputados de la alianza, en un acto que consideran que evidenció su falta de independencia.

En concreto, el bloque que entró en desacato y que acudió a la Corte Centroamericana de Justicia para defender el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia hecho en abril pasado, y que fue declarado inconstitucional, plantea que tiene derecho a que su propuesta de presidente de la Corte, Ovidio Bonilla, sea aceptada. Este acuerdo, dijo el vocero del FMLN y directivo de la Asamblea Legislativa, Roberto Lorenzana, implicaría que el decreto de votación aclare que Belarmino Jaime permanezca en la Sala.

A nivel legislativo, sin embargo, el FMLN y sus aliados han amenazado la permanencia de todos los magistrados en la Sala, y particularmente la de Rodolfo González y Florentín Meléndez. Una comisión especial determinó que la elección de 2009 violó la ley y, por lo tanto, es inexistente. Además, ha planteado que González mintió sobre su currículo cuando fue nombrado en 2009 por no decir que había tenido un proceso en un juzgado de familia en 2004 por un intercambio de palabras subido de tono con su exesposa, y en el caso de Meléndez, la supuesta usurpación de funciones al asumir la presidencia de la Corte Suprema ante la falta de nombramiento por parte de la Asamblea.

Consultado sobre esto, Lorenzana dijo que si Arena acepta que Bonilla sea presidente de la Corte, la alianza desistiría de seguir con el proceso iniciado en la comisión especial. “Esto significa que lo demás se desactivaría,” dijo Lorenzana. 'Si hay un acuerdo global pactado en la mesa, lo demás se desactiva”, insistió.

A la presidencia de la Corte Suprema corresponde, entre otras funciones, aparte de presidir la Sala de lo Constitucional, determinar la agenda de las reuniones de Corte plena.

El bloque de partidos dio este ultimátum al partido Arena en el momento en que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvía en favor de la Asamblea Legislativa una demanda en la que esta acusaba a la Sala de invadir el campo de acción de los diputados y, por lo tanto, de violar la independencia de poderes que prescribe la Constitución.

En caso de que Arena no ceda, el bloque de partidos amenazó con “hacer los movimientos necesarios” para hacer valer la sentencia de al CCJ.

“Esta es una copia digital, la notificación oficial será recibida ahora más tarde”, aclaró el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, el efemelenista que se convirtió en uno de los más férreos detractores de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que anularon la elección de magistrados que inició la crisis, al mostrar el documento resuelto con cinco votos a favor y uno en contra.

Reyes, en compañía de diputados de otros partidos que integran la alianza, anunció en rueda de prensa que la CCJ declaró 'inaplicables' las sentencias de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.  “La Corte Centroamericana emitió su fallo amparada en instrumentos jurídicos de la integración regional como el Protocolo de Tegucigalpa, que es el estatuto que dio vida a ese tribunal regional”, sostuvo Reyes.

La sentencia fue objetada por uno de los magistrados, el vicepresidente de la CCJ Alejandro Gómez Vides, de El Salvador. En su voto disidente, este explica que él no interpreta que exista un conflicto de poderes ni que alguno de los Órganos –Legislativo y Judicial- haya invadido las funciones del otro: “He llegado a la conclusión de que no existe dicho conflicto. Afirmo lo anterior tomando en cuenta que para que se dé este supuesto, se necesita un requisito muy importante, cual es que uno de los Órganos invada las atribuciones del otro, que se considera agraviado, y según mi opinión eso no ha sucedido, sino más bien lo que ha pasado es que cada Órgano ha cumplido con su propia función.” Dijo que el hecho de que el mismo Bonilla, a quien la CCJ recibió el fin de semana como representante de la Corte Suprema de Justicia, con su declaración apuntala que no existe tal conflicto. Bonilla dijo que da la razón a la Asamblea en la demanda.

Para Arena la resolución de la controversia no solo se resume a quién llenará la vacante en la Sala de lo Constitucional, esto si el bloque de los partidos FMLN, Gana, CN y Pes acuerdan no desintegrar a la Sala moviendo o incluso destituyendo a los magistrados Jaime, Meléndez, Sidney Blanco y González, sino sobre quién presidiría la CSJ. “Con los de 2006 que hagan lo que quieran. Con los de 2012 también; que queden los que ellos quieren, pero no Bonilla como presidente”, dijo Donato Vaquerano, jefe de la bancada de Arena.
 
Vaquerano explicó que le negativa de su partido ante la magistratura de Bonilla está ligada a la cercanía que este último tiene con el partido FMLN. “El punto es la toma de la Corte Suprema por el FMLN. Las acciones de Bonilla no han generado independencia. El tema no solo es la Sala sino todo el Órgano de justicia”, dijo.

La propuesta del partido, según Vaquerano, es que se elija al abogado Sergio Luis Rivera como el nuevo integrante de la Sala, sin que esto signifique que éste deberá ser el nuevo presidente de la Corte. De esta forma, Arena estaría dispuesta a que los demás partidos seleccionaran de este quinteto al nuevo presidente de la Corte.
 
Rivera fue el abogado más votado a inicios de año, cuando el gremio de abogados salvadoreños votó en secreto para nombrar a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema cuyos nombres llegaron a la Asamblea Legislativa.

Al cierre de esta nota, el presidente de la República anunciaba que los partidos abrirán la posibilidad de continuar las negociaciones este viernes 17 y realizar una sesión plenaria en la que se concrete los posibles acuerdos. 

Casa Presidencial emitió un boletín en el que dijo que según Funes había un 'acuerdo preliminar' de no desarticular la Sala de lo Constitucional, pero no mencionó que los partidos FMLN-Gana-CN-Pes lo condicionaban a que Arena acceda a dar sus votos para que Bonilla sea presidente del Órgano Judicial.

La dirección del FMLN reveló este miércoles que Bonilla fue el pasado 11 de marzo candidato a cargo de elección popular bajo la bandera efemelenista. Bonilla fue inscrito como candidato a regidor para la alcaldía de San Miguel, pero la municipalidad fue ganada por el partido Gana.

La Sala de lo Constitucional determinó el 5 de junio pasado que los ciudadanos que habían demandado a la Asamblea Legislativa por violación a la Constitución al elegir en un mismo período legislativo a dos Cortes Supremas distintas, tenían razón. La Sala ordenó a la Asamblea elegir nuevamente al lote de cinco magistrados nombrados el último día de la legislatura 2003-2006, y a los cinco nombrados el 24 de abril pasado, faltando seis días para que expirara la Asamblea 2009-2012.

Las sentencias provocaron el rechazo de los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes, que primero dijeron que sus nombramientos eran legales, y luego fueron encontrando razones para desobedecer los fallos judiciales.

Con la instalación de la nueva legislatura el 1 de mayo, la Asamblea no puede elegir magistrados sin contar con los votos del partido Arena, ya que se requiere el apoyo de dos tercios (56) de los 84 diputados.

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