En un movimiento sorpresivo y saltándose la discusión en comisiones legislativas, los diputados de los partidos FMLN, Gana, Concertación Nacional y de la Esperanza aprobaron una petición de la Presidencia de la República de sacar de la directiva de 19 instituciones autónomas a los representantes del sector privado -en varios casos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)-, concediendo la potestad de llenar esas vacante al presidente Mauricio Funes y, con ello, la posibilidad de que este logre el control en las decisiones de algunas de las empresas estatales más importantes del país.
En todos los casos, ocho días después de que el Diario Oficial publique las reformas a las leyes orgánicas de instituciones como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el sector privado ya no tendrá más la facultad de nombrar a un representante en dichas instituciones. En cambio, el gobernante tendrá el poder de escoger de una lista abierta, a quien quiera nombrar en el cargo.
Para el presidente Funes, las reformas tienen como propósito 'democratizar' el acceso a los puestos de dirección de esas empresas estatales, y en esto coincidió el partido FMLN, cuando la Asamlea Legislativa comenzó a debatir las propuestas de enmiendas y de aprobación con dispensas de trámites. Para el FMLN, la ANEP ha tenido hasta ahora el monopolio de la presencia del sector privado en las directivas, y ahora serán otros actores los que podrán obtener representación.
Las reformas no solo quitan a la ANEP y otras organizaciones privadas el privilegio de integrar las directivas, sino que da al presidente la atribución de escoger de sectores no precisados que en teoría representen también al capital privado, a las personas que se conviertan en directivas. Sin embargo, las reformas incluyen un ingrediente que favorece aún más las posibilidades de correlación favorable para el presidente, porque no tendría que escoger de ternas, sino de 'listas abiertas' en las que ningún organismo o institución o gremio tendría posibilidad de filtrar nombres.
Las reformas afectan a instituciones tan diversas como el Fondo Social Para la Vivienda (FSV), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Banco Central de Reserva (BCR).
En algunos casos, como la ANDA, el ISTU o Corsatur, las reformas también afectan al sector sindical, porque ya no serán los sindicatos de empresas los que por medio de sus mecanismos y filtros propongan o hagan nombramientos a las directivas de dichas instituciones, sino que también Funes escogería en su lugar por medio del mecanismo de listas abiertas.
Las 19 peticiones de reforma fueron incluidas por diputados del FMLN, en la tercera versión de la agenda de la sesión plenaria de este viernes. El debate duró varias horas y la aprobación de las reformas comenzó prácticamente la madrugada de este sábado.
La sesión plenaria había quedado abierta desde el jueves, como una de las medidas que facilitaban las negociaciones entre los partidos políticos moderadas por el presidente Mauricio Funes en Casa Presidencial, a fin de resolver la controversia en la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Mauricio Funes dijo este sábado en su programa radial 'Conversando con el presidente' que la ANEP es la que propone a los miembros de las juntas directivas, a pesar de que no representa a todos los empresarios del país. Cuestionó, además, que muchos de los nombramientos 'son de dedo'.
'No es cierto que en forma autoritaria me estoy tomando las instituciones, lo que estoy ampliando es la representación empresarial y yo digo que nos hemos quedado cortos, aquí falta hacer una reforma de ley que la podemos hacer en otro momento. Y el sector laboral, ¿por qué no está representado? En algunas sí, en otras no. Habría que presentar en una reforma integral', dijo Funes.
Los diputados de Arena, que rechazaron las reformas, criticaron el carácter sorpresivo del pacto que habían arreglado de antemano los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes con el presidente. Después de que los partidos del bloque liderado por el FMLN votaran a favor de una dispensa de trámites que permitiría efectuar todas las reformas esa misma noche, pidieron una justificación ante la urgencia y las motivaciones de las reformas al partido FMLN.
Las enmiendas, hechas una a una, se ejecutaron prácticamente en horas de la madrugada. A las 3 de la mañana quedó concretada la última de ellas.
Los efemelenistas, sin embargo, alegaron que simplemente estaban revertiendo una situación histórica injusta. Recién comenzado el debate, el diputado Orestes Ortez justificó a las 9 de la noche la larga lista de reformas que tenían preparada: “Vamos a liberar a las instituciones del Estado, por 23 años han hecho un uso clientelista de ellas. El presidente ha estado pintado en estas instituciones”, dijo, en referencia al cambio de manos que van a tener los nombramientos. En varias de estas instituciones, un cambio en una sola silla puede cambiar la correlación en las directivas y darle al presidente de la República la posibilidad de controlarlas gracias a que nombraría a una persona más.
Según Ortez, la ANEP ha sido juez y parte en estas instituciones, en las que tenían acceso a información privilegiada que más tarde utilizaban para “traficar influencias”. “Este no es un ataque a la ANEP, es una corrección ante esa pacotilla que la dirige”, dijo.
Otro de los diputados del FMLN que justificó las reformas en el pleno legislativo fue Benito Lara, quien aseguró que la urgencia en la aprobación de los decretos se debía a que muchos de los períodos de juntas y consejos directivos de las autónomas vencían este mes, por lo que era necesario hacer las reformas con el tiempo suficiente para que las próximas elecciones de miembros incluyeran las modificaciones. “Deben tener un margen de tiempo para definir las próximas juntas directivas conforme a la política del gobierno”. Cuando se cuestionó a Lara sobre la incidencia en la toma de decisiones que tendría el presidente en cada una de las autónomas, este explicó que, aunque los nuevos funcionarios fueran elegidos por el presidente, estos no tenían por qué responder a sus intereses.
Hasta el momento las autónomas funcionan, como lo indica su nombre, como instituciones dentro del Estado que se rigen mediante normas propias y que, en algunos casos, funcionan con la colaboración de fondos privados. En la mayoría de casos, las juntas directivas y consejos directivos que dirigen estas instituciones cuentan con miembros que llevan a votación todas las decisiones que se toman. Las votaciones se rigen por mayorías simples, es decir, un voto es decisivo.
Los miembros que forman estas directivas son propuestos por el presidente, el sector privado, universidades, tanques de pensamiento o asociaciones formales cercanas al gremio en cuestión, así este balance contribuye a que se mantenga la autonomía de estas instituciones con una correlación que no beneficia a ningún sector en específico.
Hasta la fecha, para las propuestas que venían del sector privado se aplicaba un mecanismo en el que este sector le proponía una terna al presidente para que este eligiera de esos nombres, previamente consensuados por el sector, a un delegado.
Las reformas aprobadas la madrugada de este sábado eliminaron este primer filtro y trasladaron la responsabilidad total al presidente, quien seleccionará a los delegados a partir de listas abiertas y no ternas. De manera que todos los interesados en optar a uno de estos cargos podrán incluirse en una lista abierta, siempre y cuando provengan de alguna de las organizaciones que tienen asignadas representación en las juntas directivas. Esto favorece las posibilidades de que aunque en teoría una persona sea representante de un sector, no atienda a la visión o al criterio del gremio o sector que represente.
“Estas listas infinitas de nombres se prestan a que el presidente elija directamente a quien quiera porque puede usar a cualquiera de estas gremiales, oenegés, e instituciones para meter a la persona que él quiere. Él le quitó la potestad a la empresa privada de elegir”, denunció Edwin Zamora, diputado de Arena.
De todas las normativas de las autónomas que fueron reformadas hubo una en la que no será necesario pasar por listas de candidatos y, por lo tanto, la facilidad de que el presidente tenga correlación favorable es más clara: CEL. A la fecha, la CEL cuenta con una junta directiva de ocho miembros, de estos, seis eran nombrados por el presidente, uno por los presidentes de bancos que operan en el país y uno más por el gremio de tenedores de bonos. Con la reforma, la persona que era electa por los presidentes de bancos que operan en el país será ahora elegida por el presidente, directamente del Banco de Fomento Agropecuario.
El ISSS puede ilustrar las posibilidades que se abren al presidente a partir de las reformas. Tiene un consejo directivo de 12 miembros: un delegado del Ministerio de Trabajo, cuatro miembros gubernamentales -uno por cada uno de los siguientes Ministerios- provenientes de Hacienda, de Trabajo, de Salud Pública y de Economía, dos miembros representantes de los trabajadores, dos miembros representantes del sector patronal, un miembro representante del Colegio Médico de El Salvador, un miembro representante de la Sociedad Dental de El Salvador y el director general del Instituto, que es nombrado por el presidente. Hasta ahora, entonces, el presidente tiene seis sillas favorables ahí, pero con la reforma, los dos miembros hasta ahora nombrados por el sector patronal serán elegidos por el presidente, a partir de una lista abierta de candidatos. Eso pondría al alcance de sus posibilidades ocho de 12 sillas nombradas por él.
Uno de los principales señalamientos de los diputados de Arena fue que con las reformas el Ejecutivo podría contar con un fácil acceso al presupuesto de estas instituciones. Y es que las decisiones que están a cargo de las autónomas, van desde su presupuesto interno hasta la aprobación de licitaciones, contrataciones y proyectos.
Durante el gobierno anterior, del presidente Antonio Saca, hubo una disputa pública entre el gobernante y la CEL. Saca, decidido a mantener los subsidios a la electricidad aun cuando su gobierno careía de fondos para sostenerlos, intentó forzar a CEL a que le proveyera esos recursos, pero la CEL, dirigida entonces por Nicolás Salume hijo, se rehusó, aduciendo que la institución no podía subvencionar el precio de la electricidad sin arriesgarse a quebrar.
En casos más específicos como el de CEPA y la Autoridad Marítima Portuaria, las reformas no fueron tan sorpresivas, ya que desde el año pasado la Asamblea recibió una pieza de correspondencia del FMLN que solicitaba la modificación. En estas instituciones están en juego decisiones como a qué empresa se le concederá la licitación del Puerto Cutuco, en La Unión. Con una mayoría en ambas directivas el gobierno podría fácilmente decidir por sí solo quién sería el concesionario.
En un comunicado que divulgó este sábado, la ANEP dijo que la iniciativa de los diputados es un intento de 'acallar' a la Asociación y a la sociedad civil en su lucha por defender la democracia. 'El sector privado organizado reitera que seguiremos impulsando medidas y acciones para frenar a los políticos en su intención de obtener el poder total y destruir nuestra democracia'. La gremial ampliará su postura en una conferencia de prensa programada para el próximo lunes.
