Un nuevo conflicto quedó servido la medianoche de este martes cuando, tras elegir a 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido a su nuevo presidente, los diputados que adversan a la Sala de lo Constitucional decidieron emitir un nuevo decreto que obligaría al magistrado Belarmino Jaime a prestar juramento nuevamente.
A las 10 de la noche, el abogado Salomón Padilla, gerente legal de Alba Petróleos, fue juramentado como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y junto a él hicieron la protesta de ley otros 17 magistrados, entre propietarios y suplentes, que pertenecen a los períodos 2006-2015 y 2012-2021. Los nombramientos tuvieron el respaldo de todos los partidos.
Hasta ahí todo indicaba que se respetaría el guion dibujado en el pacto que los partidos firmaron en Casa Presidencial la mañana del domingo para poner fin a la crisis de dos meses. Sin embargo, cuando parecía que por fin iba a normalizarse la situación en el Órgano Judicial, los legisladores del bloque FMLN, Gana, CN y Pes pidieron modificación de agenda para reformar el decreto que en julio de 2009 permitió elegir a los cuatro magistrados que integran la Sala de lo Constitucional.
La reforma la hicieron para dejar explícito que a Jaime, quien hasta el 15 de julio pasado fue presidente de la Sala, lo ubicarían en dicha cámara. Con esto, según dijeron los diputados de FMLN, Gana y CN, daban cumplimiento al pacto suscrito ante el presidente Mauricio Funes, que incluía la permanencia de Jaime en la Sala de lo Constitucional. Pero, además, dijeron que este decreto obliga a Jaime a presentarse a la Asamblea para que sea juramentado y para que pueda tomar posesión de su cargo.
Cuando esta reforma se puso en movimiento, los diputados de Arena, que ya anticipaban la maniobra, se habían retirado del Salón Azul. El jefe de los diputados areneros, Donato Vaquerano, advirtió que hasta entonces todo había estado bien, que la Asamblea había corregido sus errores, pero que su partido no se hacía responsable de lo que el resto de diputados pudieran hacer después de cumplido el deber de honrar el pacto interpartidario.
Los diputados de Arena, con excepción de Sigifredo Ochoa Pérez, votaron junto a los otros 50 legisladores para nombrar a Padilla como presidente del máximo tribunal para el período 2012-2015. Ochoa Pérez, sin embargo, votó en contra, y también votó en contra de Ovidio Bonilla, el abogado que el 24 de abril había sido nombrado como nuevo presidente del Órgano Judicial. El legislador arenero, un coronel retirado, adujo que no iba a apoyar el nombramiento de funcionarios cuya independencia quedó cuestionada por su gran cercanía con el FMLN.
La sesión plenaria extraordinaria en la que se traduciría el acuerdo político firmado por todos los partidos políticos en decretos legislativos se frustró por más de ocho horas. El problema era la divergencia respecto de cómo reflejar en decretos el pacto. A finalizar la tarde, los partidos resolvieron la situación parcialmente: en el caso del magistrado Jaime, el bloque encabezado por el FMLN acordaron ignorar el fallo de la Sala que determinó que Jaime jamás dejó de ser un miembro de la Sala de lo Constitucional, y por tanto declaró inconstitucional el decreto emitido en abril pasado para removerlo de esa cámara.
La discusión terminó entonces girando alrededor de dos aspectos. Por un lado, el bloque de los partidos que lidera el FMLN se rehusaba a crear un nuevo decreto legislativo que nombrara magistrados a las promociones de 2006 y 2012, tal como ordenó la Sala de lo Constitucional. Los argumentos con los que defendían su postura se basaban en que los decretos de elección que hizo la Asamblea en abril de este año eran válidos. Por lo que para cumplir con el acuerdo político solo era necesario crear un nuevo decreto en el que se aclarara que Jaime seguiría siendo miembro de la Sala de lo Constitucional, que Salomón Padilla sería presidente de la Corte y miembro de la misma Sala y que estos dos sustituirían a José Argueta Manzano y a Ovidio Bonilla como miembros de la Sala nombrados en abril. En contraposición, Arena pedía que se hiciera un solo decreto en el que se elegía a las promociones de magistrados de 2006 y 2012 partiendo de cero, es decir, sin hacer alusión a los decretos firmados antes, dado que los consideran ilegales porque la Sala los declaró inconstitucionales.
Después de haber discutido por este punto toda la mañana, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, abrió la sesión plenaria cerca de las 2:30 p.m. Leyó el acuerdo firmado en Casa Presidencial y sendas cartas enviadas por Ovidio Bonilla y José Argueta Manzano. Estos ponían a disposición sus cargos como “magistrados” de la Sala de lo Constitucional y en el caso de Bonilla incluso como 'presidente” de la Corte Suprema. Los dos expusieron que su dimisión era en favor del acuerdo político al que habían llegado los partidos. Una vez leídos estos documentos, Reyes convocó a la Comisión Política de la Asamblea y llamó al pleno a un receso. El objetivo era traducir el acuerdo en decretos.
En la Comisión Política la discusión arrancó a las 3 p.m. e incluso tuvo la presencia de delegados del mismo presidente Funes. Franzi Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y Ministro de Educación, se presentó a la sesión y la abandonó a las 5:30 p.m., pero antes de retirarse de la Asamblea anunció a la prensa que ya había un acuerdo. “En todas las negociaciones hay dificultades”, dijo.
El resultado final quedó plasmado en un solo decreto en el cual se eligieron por segunda ocasión a los cinco magistrados propietarios de 2006: Rosa María Fortín, Evelyn Núnez, Lolly Claros, Miguel Trejo y Mario Valdivieso. Y a tres suplentes: Ricardo Zamora, Rinha Ramos y German Álvarez. En el caso de los dos suplentes restantes, Sonia Cortez de Madriz y Óscar Luna, que actualmente fungen como procuradora general y procurador de Derechos Humanos, los legisladores acordaron no llenar esas vacantes. El nombramiento de la promoción de 2012 también se incluyó en el mismo decreto: Ovidio Bonilla, Salomón Padilla, Doris Luz Rivas, José Argueta y Elsy Dueñas. Y cinco suplentes: José María Méndez, Ricardo Iglesias, Sergio Luis Rivera, Juan Manuel Bolaños y Ricardo Mena. En total, 18 nombramientos.
La diferencia de este último nombramiento respecto del del 24 de abril pasado -el que era inconstitucional- es que Bonilla ya no fue escogido como presidente de la Corte ni como integrante de la Sala de lo Constitucional, y José Argueta tampoco fue elegido para esa misma Sala.
Sin embargo, el decreto no incluía uno de los aspectos fundamentales del acuerdo político, que Belarmino Jaime permaneciera en la Sala de lo Constitucional. Para Arena esto era normal, porque la sentencia de junio pasado que emitió la Sala dijo que cuando se nombra presidente de la Corte Suprema de Justicia antes se ha asignado a dicho magistrado a la Sala de lo Constitucional, y la Constitución establece que los magistrados constitucionalistas son elegidos para nueve años en esa cámara. Los diputados encabezados por el FMLN, sin embargo, aseguran que a Jaime se le nombró presidente de la Corte y por eso quedó en la Sala, pero que hacía falta nombrarlo explícitamente ahí. Por eso decidieron emitir un nuevo decreto.
La jefa de la bancada del FMLN, Norma Guevara, anunció que con excepción de Arena los partidos habían acordado que era necesario reformar el decreto No. 81 que la Asamblea emitió en 2009 y que colocó a Jaime como presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional por tres años y juramentar una vez más al magistrado. “Vamos a llamar al magistrado Belarmino Jaime porque debe venir a juramentarse para que se corrija el decreto de 2009. Tiene que incorporarse para que quede en la Sala”, dijo Guevara. Las palabras de Guevara se interpretaban de forma distinta desde la perspectiva de los diputados de Arena. 'Eso no tiene por qué votarse. Belarmino jamás salió de la Sala. Además, hay un acuerdo político que lo reconoce como miembro de la Sala y ellos lo firmaron', dijo Donato Vaquerano, jefe de la bancada tricolor.
En el acuerdo firmado por los partidos en Casa Presidencial, Jaime aparece en la Sala sin mencionar que requiere decreto adicional alguno o nombramiento especial: “Proceder a la votación nominal y pública de la Asamblea Legislativa para nombrar al abogado José Salomón Padilla para integrar la Sala de lo Constitucional (…) A fin de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia quede integrada por los magistrados: Salomón Padilla, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González”, dice uno de los puntos del pacto, suscrito por la diputada Norma Guevara en representación del FMLN.
En el Salón Azul, minutos antes de que se concluyera la votación nominal y pública de las promociones de magistrados de 2006 y 2012, los legisladores del bloque continuaban esperando a que Jaime se hiciera presente. Los diputados aseguraban que de no ser juramentado nuevamente, Jaime no podría asumir su cargo en la Sala. Esto choca frontalmente con la sentencia de junio pasado. “Si no se presenta (a la nueva juramentación) él sabrá cuáles serán las consecuencias', dijo el diputado de Gana Mario Tenorio a la prensa.
El tono de Tenorio fue reiterado por el legislador del FMLN Santiago Flores. “Nosotros lo hemos llamado y es su problema si él no acude. Nosotros solo estamos cumpliendo los acuerdos que hemos firmado. Esa es parte de la arrogancia y la prepotencia de él. Él está siendo reelegido para la Sala, y si no viene no es parte de la Sala. Son esas mentes las que han hecho posible que estemos entrampados en el país”, dijo.
Faltando tres minutos para la media noche, Tenorio pidió una modificación de agenda para integrar la pieza que se refería a la situación de Belarmino Jaime, aclarando que este sería parte de la Sala en lo que queda de su magistratura. Sin embargo, minutos antes, la sesión se detuvo por unos minutos y Reyes llamó a los jefes de bancada. Sin mencionar nada al respecto, el presidente reanudó la sesión, y con 43 votos a favor de los legisladores del FMLN, Gana y Pes, pasó a ser decreto. En ese momento ningún diputado, entre estos los que antes advirtieron que de no estar presente para una nueva juramentación Belarmino Jaime quedaría fuera de la Sala, solicitó la palabra.
Al final de la noche, la controversia entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional por los fallos de esta última, concluyó con dos generaciones de magistrados electos y una Sala de lo Constitucional integrada por los mismos cuatro abogados que estuvieron en un inicio, pero con diputados de FMLN y Gana advirtiendo que no reconocerán a Jaime si no llega a prestar juramento ante la Asamblea Legislativa.
