En su afán por desarmar a la Sala de lo Constitucional, varios diputados han emprendido una lucha tan obsesiva que podría, al final, ser útil para la política y el servicio público.
La integración de una Comisión Especial para determinar si el magistrado Rodolfo González (que algún tiempo antes de ser elegido a la Corte Suprema sostuvo un altercado matrimonial que llegó a los tribunales) cumple con el requisito constitucional de moralidad notoria, se ha hecho de tal forma que provoca primero preguntar por la moralidad y la honradez de los miembros de esa comisión y de los demás diputados.
La destitución de González se encuentra ahora entre los puntos que, a puerta cerrada, discuten el presidente y los partidos políticos. Es importante determinar la idoneidad moral del magistrado en cuestión, y de todos los demás. Y es importante que se haga justamente por respeto a los ciudadanos y a la Constitución. El problema reside en quién y cómo determina esta idoneidad.
Nunca la Asamblea Legislativa ha llevado a cabo una pesquisa de este tipo, y ojalá siente con este caso un precedente para determinar mediante investigaciones, cuestionamientos y audiencias públicas la idoneidad moral de todos los funcionarios de segundo grado cuya elección compete al poder Legislativo.
Pero ojalá, ya que el Tribunal Supremo Electoral nunca ha demandado el cumplimiento del mandato constitucional, se encuentre también un mecanismo para determinar la honradez e instrucción notoria que la Constitución exige de los diputados.
En la Comisión que investiga a González se encuentran Francisco Merino, Rodolfo Parker y Guillermo Gallegos. Una rápida búsqueda podría permitir a cualquiera hacerse una idea del grado de honradez con que cuentan estos diputados.
Merino, que preside la Comisión, se libró de un antejuicio, tras disparar ebrio a una policía, gracias a que su partido comprometió a cambio los votos para aprobar la dolarización; antes se apropió de tierras del Estado destinadas a campesinos. Parker es mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad por el caso jesuitas. Gallegos se apropió de viáticos que le fueron entregados para viajes que nunca realizó (luego, al ser cuestionado, devolvió una parte).
En este mismo momento hay dos diputados esperando antejuicios, uno por violencia intrafamiliar contra su esposa y otro por lesionar a un policía mientras intentaba huir.
Dadas las condiciones en que se ha establecido la Comisión extraordinaria, es muy difícil creer que la investigación contra el magistrado González no es una venganza política, sino, como sería deseable, el inicio de un camino para garantizar la satisfacción de los requisitos constitucionales para aspirar a cargos públicos.
Si fuere un acto de verdadero compromiso con el deber, podría convertirse en un noble suicidio político para los miembros de la comisión investigadora, que tendrían mayores problemas demostrando su propia idoneidad para ejercer la diputación.
