El presidente Mauricio Funes se ha reencontrado con el partido que lo llevó al poder y ha convocado a otros tres para comenzar a imponer una agenda que ni ofreció ni parece dispuesto a explicar o debatir en público.
El pasado viernes, en una plenaria especial para tratar el conflicto entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, el FMLN pidió dispensa de trámite para aprobar con urgencia una iniciativa de ley enviada por el presidente, que contenía una reingeniería total de las juntas directivas de 19 instituciones autónomas del Estado. La dispensa de trámite fue concedida y la reforma aprobada después de varias horas de intercambios de insultos y acusaciones de corrupción entre los diputados.
Los argumentos de la reforma son ciertamente debatibles. En la mayoría de casos se trata de quitar a las gremiales empresariales y a los sindicatos la selección de ternas, y dejar en manos del presidente de la República la potestad de elegir a estos representantes a partir de listados de voluntarios.
Ciertamente, el sistema actual de conformación y selección de representantes en las juntas directivas de las autónomas fue diseñado obedeciendo a los intereses de la empresa privada, que durante muchos años dictó políticas públicas desde gobiernos que se confundían con sus gremiales en la conformación, el discurso y la agenda. Esto significó abusos, corrupción y utilización de información privilegiada para beneficios privados. Es muy positivo el esfuerzo de Funes de cambiar esta práctica y separar la agenda estatal de la de las gremiales empresariales.
Pero la urgente consolidación institucional del Estado no es posible mediante actos de la naturaleza de los que vimos el viernes: Un 'madrugón' en el que el mandatario y su bloque legislativo imponen medidas en una clara manifestación de autoritarismo, en la que no creen necesario someter a debate lo que ya decidieron en cuartos cerrados. La visión de democracia de Funes, que nunca expresó antes de tomar posesión, es que es una simple cuestión de aritmética.
Y esta visión no solo es lamentable, sino peligrosa.
La eliminación de los abusos y los privilegios de la empresa privada no puede ser sustituida por el autoritarismo y la falta de respeto a la institucionalidad por parte del presidente. Proteger a las instituciones autónomas de los abusos y la corrupción de algunos empresarios, como alega el FMLN, no puede sustituirse con abrir las puertas a la arbitrariedad presidencial, particularmente en un país con casi nulos controles en materia de corrupción y conflictos de intereses. Los empresarios pueden ser corruptos, pero los presidentes y los políticos también.
Mauricio Funes y el FMLN nos prometieron cambiar la forma de hacer política, y es en eso justamente en lo que más nos han fallado. Su comportamiento en la disputa contra la Sala de lo Constitucional, y su 'madrugón' legislativo del viernes, prueban que no han cambiado nada. Se comportan exactamente igual que aquellos a los que, justo por estas acciones, los salvadoreños decidieron sacar del gobierno. De ARENA, que pasó veinte años jactándose de hacerlo, no esperábamos otra cosa. Tampoco de los partidos gangueros que hoy completan este bloque. De Funes y del FMLN sí. Porque esta fue su principal promesa.
