Desde el fin de la administración Bush y sus desconocimientos de la legislación internacional, es difícil traer a la memoria un acto más prepotente y atentatorio a las convenciones internacionales que la amenaza británica de invadir la embajada ecuatoriana en Londres para capturar a Julian Assange.
En América Latina sabemos muy bien de lo importante que es respetar la inviolabilidad de las embajadas y los asilos diplomáticos. Casi todos nuestros países vivieron en la segunda mitad del siglo pasado bajo dictaduras y regímenes militares que asesinaron y desaparecieron a cientos de miles de personas. Que no fueron pocos los que se salvaron de tal suerte gracias a valientes diplomáticos extranjeros que les dieron refugio en sus embajadas y que no pocas veces incluso tomaron el riesgo de ir personalmente a traerlos. Ni siquiera en esos casos, con gobiernos militares dictatoriales, se violaron esos principios internacionales que incluyeron también el otorgamiento de salvoconductos para que los perseguidos pudieran abandonar el país.
Curiosamente, así llegaron miles de salvadoreños a Suecia, el país que hoy pide la deportación de Assange, a quien no le han abierto siquiera un juicio para interrogarlo por acusaciones de delitos sexuales (dos mujeres suecas denunciaron que Assange sostuvo relaciones sexuales consentidas con ambas pero sin usar preservativo).
La obsesión británica y estadounidense por capturar al fundador de Wikileaks está generando peligrosos precedentes para la convivencia internacional. La amenaza británica por eso es intolerable, independientemente del caso en cuestión. Independientemente del país que otorgó el asilo. Independientemente de las razones para este asilo. Las reglas básicas de convivencia internacional, expresadas en convenciones y tratados, definen a las embajadas como territorios soberanos del país al que representan y por tanto inviolables. Esto no es ni discutible ni sujeto al visto bueno de ningún Estado. La actitud británica es pues una afrenta a toda la comunidad internacional.
El Faro publicó los cables de Wikileaks sobre El Salvador y en ese sentido fue aliado de la organización que dirige Assange. Publicamos una extensa entrevista con él en la que hablamos sobre su trabajo y el de los medios que estábamos procesando toda esta información. En ese momento dijimos, y lo sostenemos aún, que esa información era de interés público y que nos parecía muy importante en cuanto ayudaba a comprender mejor las relaciones internacionales y la perspectiva de un actor tan poderoso como Estados Unidos sobre los asuntos de nuestro país.
Ciertamente no estamos de acuerdo con todas las expresiones y reflexiones de Assange y de Wikileaks. Es difícil estarlo porque partimos de lugares, intereses y perspectivas distintas. Pero no ponemos en duda el extraordinario aporte que Wikileaks ha hecho para que el público en el mundo entero conozca mejor cómo manejan privadamente los gobiernos y las corporaciones asuntos públicos.
La amenaza británica solo puede leerse en este contexto. Es difícil creer que el mismo país que le brindó tantas facilidades al señor Augusto Pinochet esté dispuesto ahora a violentar las convenciones internacionales solo para obligar a Assange a responder a un interrogatorio judicial en Suecia, cuando ni siquiera tiene un juicio abierto. Es difícil creer que esta situación no esté vinculada al bloqueo financiero contra Wikileaks o a la detención vergonzosa, en condiciones de tortura, del soldado Bradley Manning en Estados Unidos, acusado de filtrar los cables diplomáticos a Wikileaks.
El gobierno ecuatoriano actuó correctamente en este caso. Consultó a las partes, ofreció a la justicia sueca su embajada para interrogar a Assange, pidió a Suecia garantías de que Assange no sería deportado 'a un tercer país' y solicitó a Estados Unidos aclarar si tenía algo contra él. Estados Unidos respondió que no podía informar sobre la situación de Assange, ya que un Gran Jurado secreto está a cargo de investigarlo. Y Suecia tampoco respondió.
Algunos ecuatorianos dicen, con justa razón, que es paradójico que un gobierno como el de Rafael Correa, que ha atentado contra la libertad de expresión en su propio país, amenazando y cerrando medios de comunicación, otorgue a Assange asilo en nombre de la libertad de expresión. Pero el asunto, hoy, no es ese. Sino la persecución política contra un hombre debido a su trabajo.
En los últimos años, con la masificación del internet y el ordenador, un gran número de personas conocedoras de la red y de la ingeniería de sistemas se ha dado a la labor de luchar con esas herramientas por la construcción de un mundo abierto en el que los ciudadanos estemos sometidos a menos controles, mantengamos una vida privada en internet mientras se abren los secretos de gobiernos y corporaciones. Es esta actividad, que hoy se encarna en Julian Assange, la que los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos necesitan desalentar, porque lo que está en riesgo es su propio control sobre estos sistemas.
Hace pocos meses, en Estocolmo, el gobierno sueco fue anfitrión de un encuentro que reunió a activistas de libertad de expresión, de privacidad en la internet y representantes de gobiernos y de corporaciones mediáticas. La reunión develó que algunas compañías telefónicas estaban entregando datos privados a gobiernos autoritarios a cambio de jugosos contratos telefónicos; y los activistas cuestionaron el rol de los gobiernos occidentales que, amparados por la guerra contra el terrorismo, han extendido la secretividad de sus actos mientras intervienen las comunicaciones privadas y ejercen mayor control sobre las libertades civiles.
Assange, desde hace muchos años uno de los hackers más respetados del mundo, es el mayor símbolo de estos esfuerzos. Su trabajo puede causar enormes daños a la reputación de gobiernos, ejércitos y corporaciones. Tan relevante es lo de Assange y Wikileaks que hoy hay al menos cinco países directamente involucrados en un proceso judicial por un delito menor: Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Ecuador y su natal Australia. Es por estas razones por las cuales un juez como Baltasar Garzón, el mismo que intentó enjuiciar a Pinochet, ha tomado hoy la defensa de Julian Assange.
Es una batalla peligrosa la que pretenden librar los cazadores de Assange. Están elevando su popularidad, su condición de víctima y su prestigio. Y mientras lo hacen, demuestran que aún conservan los peores modales de los colonizadores.
