La elección del nuevo fiscal comenzará a ser discutida esta semana en la Asamblea Legislativa. Se trata de un caso potencialmente conflictivo, dados los antecedentes y las posiciones de los partidos políticos.
La Asamblea, en voz de su presidente, ha decidido 'no conocer' una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena realizar nuevamente la elección de fiscal, hecha en la legislatura anterior con los votos del FMLN, GANA, Pes y CN.
Esto mismos partidos, que pretendieron desconocer a la Sala provocando una crisis política sin precedentes en la historia postpaz de El Salvador, amenazan hoy con abrir un nuevo enfrentamiento para mantener a su fiscal electo, Astor Escalante. Pocas razones han dado los diputados del llamado bloque para defender su elección, y la discusión que inicia esta semana obedece más a presiones de gobiernos extranjeros que a una verdadera voluntad de diálogo, negociación y, sobre todo, de que se impongan los intereses ciudadanos, como es su obligación.
Los diputados deberían transparentar los motivos de su elección de una persona para un cargo tan sensible en el combate al delito como el Fiscal General. El país no debe conformarse, otra vez, con el nombramiento de alguien por motivos partidarios que tienen más que ver con negociaciones espurias que con la defensa de los intereses nacionales.
Nombrar fiscales cómodos para los partidos que ostentan el poder ha sido la práctica en los últimos años, pero los resultados han sido contrarios a las urgencias nacionales: altísimos índices de impunidad, negligencia en el combate al crimen organizado y prácticamente nula investigación y persecución de casos de corrupción. En un país amenazado por el narcotráfico y con bandas criminales de cuello blanco que se nutren de la corrupción y que han penetrado al Estado, los fiscales no pueden ser nombrados por amarres entre partidos.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional y el inicio de las discusiones de esta semana abren las puertas a una oportunidad histórica: la de establecer un debate alrededor de la idoneidad de los candidatos a Fiscal General de la República. El FMLN, el principal partido del bloque y el que prometió cambios en la manera de hacer política, debería por mínimo respeto a sus promesas abrir el debate en torno al fiscal y exponer los argumentos para poner en el cargo a determinada persona, porque hoy tiene la suficiente fuerza como para obligar a los demás a justificar sus preferencias.
A partir de las últimas acciones de imposición de fuerza por encima del debate y los argumentos, parece más difícil que el principal partido de izquierda lo haga. Pero es pertinente recordarles que aún están a tiempo de demostrar un verdadero cambio y aportar a la construcción de una democracia más sólida, más funcional y a una sociedad más segura, que cierra los espacios a la corrupción y el crimen organizado.
