Las negociaciones entre los partidos políticos sobre la Corte Suprema de Justicia pasaron por etapas y experiencias interesantes que obligan a señalar algunas de sus características, procesos e interrogantes que ellas nos dejan. Aunque con muchas versiones e interpretaciones, cambios de posiciones y alianzas de todo tipo, ha quedado claro que los malos en este proceso han sido muchos de los políticos y diputados.
El proceso sirvió para continuar educando a los ciudadanos en conceptos que no eran tan conocidos o sobre cuya importancia no se tenía tanta conciencia. Fue penoso, y espero nos deje la lección, que el acudir a agentes extranjeros para que intervengan en conflictos internos, es peligroso y no conveniente para el país. El negociar es parte del proceso democrático y en una negociación, por definición, todas las partes deben ceder, no puede haber un ganador absoluto. Las negociaciones sobre la Corte mostraron con bastante claridad dónde se alinean actores claves de nuestra sociedad, incluyendo algunos que no deberían alinearse. Por último, lo tormentoso del proceso obliga a cuestionar la forma en que se eligen, y por quién, los magistrados y el fiscal general.
El proceso empezó por que unos quisieron hacer lo que los otros habían hecho tradicionalmente y que, en el pasado, lograron que pasara desapercibido; pero dado que ya todos los poderes no están alineados y porque hay separación de poderes – aunque débil e inicial, se logró rechazar el concepto de que lo que hago es válido porque los otros lo hicieron y detener elecciones que no procedían. Se presentaron tesis apocalípticas de que lo que se pretendía era “una toma absoluta del poder”, tesis a la que muchos medios de comunicación le dieron gran cobertura. Luego, cuando se empezó a aclarar posiciones y hubo que buscar salida al conflicto, la pugna de poder entre partidos políticos quedó clara; no era uno el malo, los malos eran los partidos políticos y diputados. Al final lo que se negocia en la mesa son cuotas de poder para un lado o el otro; es pues una vez más la tradicional piñata de reparto de poder por todos – con la excepción de la cordura que demostró Cambio Democrático.
El proceso sirvió para continuar educando a la ciudadanía sobre conceptos que antes no eran parte del debate público. Hasta ahora poca relevancia tenía la Corte Suprema de Justicia pues muy pocas (y quizás ninguna) veces ocupó su independencia e intervino en procesos relevantes a nivel nacional, los otros poderes no la consideraban un peligro. Poco parecía importar la independencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Menos se sabía y se apreciaba la relevancia de la Sala de lo Constitucional. ¿Hace solo unos años, quién iba a pensar que esa Sala iba a declarar algo inconstitucional y peor todavía, declarar inconstitucional algo que los otros poderes promovían?
Ambos lados de este conflicto acudieron a agentes o instituciones extranjeras cuando las nacionales no les eran favorables; poco importó si ellas tenían la potestad para intervenir, si el involucrarlas atenta contra la soberanía nacional o si ello tiene costos altos para el interés nacional. Actores nacionales excedieron sus poderes al tomar partido en el conflicto o expresar opiniones en áreas que por su naturaleza no les corresponden; ese fue el caso de funcionarios públicos que deben gobernar para todos o de gremiales que deben defender intereses de nación y de gremios, y no tomar parte en este tipo de conflicto o cuando el mismo estuviere en un proceso de negociación. Muchos actores tomaron posiciones contrarias a las que antes, cuando estaban en el otro lado, habían defendido; aunque es de esperar que eso sirva en el futuro al país para dialogar y debatir sobre la base de conceptos y principios y no de posiciones circunstanciales.
Cada vez se les hará más difícil a esos actores estar cambiando de posición dependiendo de en qué lado estén. Pocas sorpresas hubo en la alineación de actores, aunque si mayor transparencia; los que se sabían de un lado estuvieron todos en defensa (o ataque) de una posición.
El acuerdo es casi unánime que el proceso de negociación fue demasiado largo y tormentoso, en parte ello se debió a la poca experiencia en este tipo de negociaciones y, sobre todo, si esas negociaciones conllevan algo de transparencia. Esa falta de experiencia llevó a tomar posiciones maximalistas, no ceder nada, lo cual es contrario a la esencia de una negociación. En procesos de negociación ningún lado puede ejercer la totalidad de su poder, todos deben ceder, es el papel de un buen moderador hacer que las partes entiendan esto y logren compromisos sobre la base de los intereses de nación.
La Asamblea Legislativa, formada por representantes de los partidos políticos, elige ahora a los magistrados de la Corte. Ello ha sido razón importante del entrampamiento en la negociación. Se supone que esos diputados, políticos por naturaleza, deben elegir magistrados independientes. Se supone que esos diputados deben tener honorabilidad comprobada, para poder elegir magistrados con iguales características. Este proceso puso en cuestionamiento la honorabilidad de varios diputados. Por esas razones quizás se debe empezar, luego de que salgamos de este lío de las cortes, reflexionar sobre la forma en que se elige a los magistrados (y al Fiscal general). Estas negociaciones han representado un gran costo para el país, es de esperar que por lo menos nos queden estas reflexiones y lecciones y que los ciudadanos se las cobremos a los partidos políticos a través del voto futuro.
