Un silencio de CEL valorado en $108 millones

Después de leer una carta en la que le explican que la construcción de la presa El Chaparral se atrasó por culpa de fenómenos naturales y por importantes discrepancias técnicas, el procurador de derechos humanos, Óscar Luna, dice que sigue sin entender por qué el Estado pagó 108 millones de dólares sin antes establecer quién es el responsable del fracaso de la construcción: “Es bien fácil que en un mal manejo de un contrato algo no salió bien y entonces digan: paguemos porque hay que pagar. ¿Y quién es el responsable de esto, pues? ¿De quién fue la falla?”

El 20 de julio de 2012, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) publicó un campo pagado que anunciaba un arreglo directo con Astaldi, la empresa que el 18 de noviembre de 2008 ganó el contrato para construir una represa generadora de hidroelectricidad en la zona baja de la cuenca del río Torola, entre San Luis de la Reina y Carolina, cuyo embalse se extendería hasta San Antonio del Mosco, en San Miguel, por un monto de 219 millones 197 mil 700 dólares.

Astaldi y la CEL, entonces dirigida por Nicolás Salume, firmaron un contrato bajo la modalidad llave en mano, lo que significa que no se aceptan modificaciones al precio pactado. La obra debería estar finalizada en 2013. Sin embargo, 20 meses después de la firma del contrato, el 24 de julio de 2010, la constructora pedía cambios al acuerdo argumentando dos situaciones ajenas a su control: inundaciones en el cauce del río por las tormentas Ágatha y Álex, y una situación de emergencia por el movimiento del margen derecho de la montaña en la que se apoyaba el dique.

“En las condiciones actuales es inviable continuar con la construcción de la presa con el diseño que se tenía hasta la fecha (…) se deberá realizar un estudio a nivel de factibilidad que permita determinar si la ubicación actual de la presa es aún adecuada para construir una obra técnica y económicamente viable”, se lee en un documento de Astaldi.

En un primer momento, CEL no aceptó que los atrasos en la construcción fueran culpa de las tormentas. Se basaba en la obra misma para rechazar la posición de Astaldi. La tormenta Ágatha inició el 29 de mayo y la tormenta Álex el 28 de junio de 2010. Este mismo mes las obras deberían tener un avance del 35%, pero un informe de supervisión detallaba que la construcción apenas había avanzado en un 23.6%. Sobre la denuncia del deslizamiento del margen derecho de la montaña, la supervisión de la obra escribía en un informe: “Los datos disponibles son limitados para confirmar cualquier hipótesis”.

La CEL echaba la culpa al contratista, pues alegaba que Astaldi no hizo los estudios ni las previsiones de seguridad necesarias para la obra. Astaldi responsabilizaba a la CEL, pues la acusaba de no haber hecho los estudios suficientes para determinar que la millonaria obra se estaba construyendo sobre un suelo arcilloso. Entre versiones encontradas, entre amenazas de convertir el caso en un litigio internacional, pasaron dos años, hasta que finalmente las partes acordaron poner punto final al contrato. Sin aclarar sobre los nombres de cuál actor recae la responsabilidad de no haber previsto la inestabilidad del terreno donde se proyectó la represa. 

El arreglo directo entre CEL y Astaldi establece una liquidación total del contrato por 108.5 millones. De ese monto, la autónoma deducirá al contratista 85 millones (79.8 millones ya pagados más 5.2 millones en camino de pagar) y otros 23.5 millones que sí se reconocerán a Astaldi, empresa que reclamaba 52.4 millones adicionales. “Dicho monto ha sido conciliado a partir del avance y construcción de la obra, con los anticipos y otros pagos realizados con anterioridad; y tomando en cuenta aquellos reclamos económicos que ambas partes han estimado como procedentes, así como el costo-beneficio que para el interés público origina la inmediata efectividad del arreglo directo y la total certidumbre de la situación jurídica de la obra, para su continuación”, reza el campo pagado.

Dado que se trata de grandes cantidades de dinero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechso Humanos (PDDH) se pregunta por qué no se aclara de quién es la responsabilidad. La institución que vigila el buen uso de los recursos públicos, la Corte de Cuentas, no ha hecho público examen alguno sobre el caso. Esto, a pesar de que el mismo procurador Luna solicitó información para seguir con su propia investigación a raíz de las demandas de los habitantes que se consideran perjudicados por la construcción de la presa.

En la carta que el presidente de CEL, José Leopoldo Samour, envió a la PDDH no se menciona ningún monto. Samour se limita a decir que el arreglo directo con Astaldi tenía como objetivo evitar un arbitraje, retomar el sitio de la obra y realizar los ajustes técnicos para que a la brevedad posible un nuevo constructor culmine la obra porque “el país está en un déficit energético a futuro cercano”.

La PDDH tiene abierto un expediente por la construcción de la presa El Chaparral desde 2006. La investigación inició por la queja de algunos pobladores a quienes no se les permitió participar en la consulta ciudadana que ordena la Ley de Medio Ambiente para determinar los daños o beneficios de una construcción. “Es un proyecto que puede afectar derechos humanos, mi deber es prevenir. Hay un derecho al medio ambiente”, responde el procurador, cuando se le cuestiona por qué está pidiendo información sobre ese proyecto.

Luna sabe que hay un interés de CEL para continuar con el proyecto, pero dice que en este caso solo hay dos situaciones posibles. Dice que la CEL debería explicar si existen los riesgos que Astaldi denunció en su momento sobre el desplazamiento del margen derecho. En caso de que ese riesgo no exista, entonces debería explicar por qué pagó a la constructora, aun y cuando esta abandonó la obra. “Y esas discrepancias que hubo, ¿fueron por culpa de CEL o por culpa de la empresa Astaldi? Las causas en sí de quién originó esto no las sabemos, ni tampoco tenemos claro el visto bueno que se pudo haber dado para que esto se pagara”.

El titubeo de la Corte de Cuentas

En noviembre de 2010, cuando la Corte de Cuentas era presidida por Hernán Contreras, la Dirección de Auditoría Cuatro realizó un informe de actuación preventiva sobre la presa El Chaparral. Una persona que labora en la institución filtró el documento a El Faro pero pidió el anonimato por temor a represalias. “Nunca entendí por qué se hizo ese informe del que solo se sacan conclusiones y recomendaciones no vinculantes para las instituciones. La Corte de Cuentas por cosas menos graves (a los atrasos de la construcción de la presa El Chaparral) hace auditorías”, comentó el empleado.

El informe de actuación preventiva determinó que el contrato entre CEL y Astaldi no establece que las quejas deben ser documentadas, pero “ante la naturaleza y envergadura” de la situación reclamada por la constructora sobre los deslizamientos en el margen derecho de la montaña que sostendría el dique, los auditores dicen que esos argumentos deben estar respaldados por estudios científicos.

Luego pasan a enumerar recomendaciones. La primera sugerencia para CEL es la revisión y consideración de alternativas de solución de controversias establecidas en el contrato, y la segunda, que la decisión de continuar el proyecto sea “en base a pruebas y evidencias de estudios técnico-científicos, que garanticen la viabilidad del proyecto, sin poner en riesgo la integridad y funcionabilidad de las obras, la sostenibilidad de los recursos naturales de la zona y la seguridad de la población”.

El seguimiento a esas dos recomendaciones llevó a Samour a pedir una opinión técnica a la Corte de Cuentas el 13 de junio de 2012. El titular de CEL expone la estrategia de extinguir el contrato por medio del pago de 108.5 millones y manifiesta su interés de continuar la construcción de la presa porque tienen un nuevo estudio que se encomendó a Novotec, empresa que en enero de este año determinó que bajo ciertas condiciones sí es viable seguir con el proyecto: “Se determina la viabilidad de continuar con la construcción de la presa, condicionados a aspectos técnicos que implican la realización de nuevos estudios, así como aspectos relativos al diseño de la presa y a la implementación de técnicas de construcción adecuadas a las condiciones existentes en el sitio del proyecto”.

Samor quería saber si habría alguna objeción de parte de la Corte de Cuentas al camino de la rescición del contrato a Astaldi mediante el pago de los 108.5 millones. Un documento firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla Hernández, que data del 28 de junio de 2012, dice que el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé que la extinción del contrato implica reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados. “En cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde, la Junta Directiva de CEL debe apegarse a las disposiciones legales aplicables”.

Para la CEL, esa respuesta resultaba ambigua y no necesariamente respaldaba hacer el pago. Un día después, el 29 de junio de 2012, Samour envió una segunda misiva a la Corte de Cuentas en la que planteaba las siguientes preguntas: “¿Si el orden legal permite la extinción del contrato por mutuo acuerdo que puede ser generado por el arreglo directo; pagar al contratista lo que se le adeude y llegar a una liquidación del contrato, será correcta la actuación de la Junta Directiva? (…) ¿Sería procedente contratar directamente los servicios de diseño y construcción de la central hidroeléctrica si se cumplieran con los supuestos legales para hacerlo?”

El 5 de julio de 2012, la Corte de Cuentas dio la bendición a las actuaciones de la administración Samour. Sobre el pago de los 108.5 millones, la nueva carta firmada por Bonilla Hernández dice: “Considerando que los actos realizados por la Junta Directiva de CEL buscan garantizar la viabilidad del proyecto, evitar riesgo a la integridad y funcionabilidad de las obras, la sostenibilidad de los recursos de la zona y la seguridad de la población; consideramos que es correcta la actuación de la Junta Directiva de la entidad que usted preside”.

La Corte de Cuentas también dio luz verde para que la autónoma no haga una licitación pública para la contratación de diseño y construcción de la presa: “La figura que bajo estas circunstancias puede invocarse es el calificativo de urgencia”.

Al mismo tiempo que solicitó la información a CEL, el procurador Luna pidió un informe a la Corte de Cuentas para esclarecer el pago de los 108.5 millones y, sobre todo, para determinar si la continuación de los trabajos de construcción no afectará a los pobladores de la zona. Luna, sin embargo, no recibió los datos que esperaba, pues la Corte de Cuentas se puso del lado de la CEL en cuanto a mantener bajo reserva la información: “Esta administración no ha conocido el proyecto desde sus inicios, por lo tanto no está al tanto de toda la información del proceso que ha llevado Astaldi. Por lo antes expuesto, tomando en cuenta el requerimiento de confidencialidad y declaratoria de reserva de dicha información (…) suscrita por el señor presidente de CEL, respetando dicho requerimiento no es esta Corte la que debe rendir informes”, reza la carta de respuesta a Luna.

El 30 de agosto pasado, el presidente de la Corte de Cuentas, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, reiteró que la PDDH y los medios de comunicación deben cuestionar a la CEL por todo lo referente a la presa El Chaparral y no a la Corte de Cuentas. “Es la CEL la que tiene toda la programación, toda la forma de pago, tiene todo el proyecto dado. Nosotros no ejecutamos, no preparamos, no elaboramos absolutamente nada respecto al proyecto El Chaparral. Nosotros no coadministramos. Segundo, no avalamos pagos, no hemos avalado ningún pago. No damos opiniones abiertas, decimos: siempre y cuando se tomen las medidas precautorias para que la ejecución del proyecto sea válido… siempre y cuando se cumplan con las normas técnicas debidas… Empezamos a poner todo el eslabón de observaciones, podrá a, decisión de la junta directiva de CEL, aplicar la negociación que están pactando”.

Sánchez Trejo explicó que el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP. “Estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatarlas y no son mandatos. No se pueden refugiar en nuestra resolución para hacerlo ni tampoco tiene problemas si no lo hace. La Corte de Cuentas puede dar una opinión favorable en este momento y al auditar posteriormente puede llegar a determinar hallazgos de carácter administrativo o patrimonial”.

El presidente de la Corte de Cuentas no precisó si la anterior administración realizó alguna auditoría al proyecto El Chaparral, pero él la prometió: “Oportunamente vamos a auditar. Una auditoría financiera necesariamente lo tenemos que hacer, cuando ellos (CEL) lo estén ejecutando”.

El pasado 29 de agosto, El Faro pidió una entrevista al presidente de la CEL. Ese mismo día, la oficina de comunicaciones pidió un correo electrónico en el que se detallara los puntos de la entrevista. Una semana después dijeron que las respuestas se harían llegar por escrito. Tres semanas más tarde, después de reiterar las peticiones de información, la CEL no había respondido sobre los cuestionamientos de la PDDH, sobre el proceso de liquidación con Astaldi y sobre el proceso de contratación de la nueva empresa que diseñará y construirá la presa El Chaparral.  Oficialmente, ni la CEL ni la Corte de Cuentas han aclarado esos puntos.

-¿De quién fue la falla? -se pregunta Luna.

El procurador vuelve a tomar las cartas que están sobre su escritorio y se responde:

-Esas son respuestas que no están claras. Ellos no dicen nada…