En Honduras se creará una “ciudad modelo” bajo un estatuto especial, tanto legal como económico, lo que ha levantado una intensa polémica cuyo eje principal es el asunto de la soberanía nacional. La noticia me ha llamado, por supuesto, la atención. Y mi primera pregunta ha sido: ¿de dónde viene todo esto? La clave podría estar en la participación del economista Paul Romer, profesor de la Universidad de Nueva York.
Romer no es un mero asesor del proyecto. Es el ideólogo global de las “charter cities”, término que en español puede tener diversas interpretaciones: ciudades bajo fuero especial, o ciudades alquiladas. Y por lo que se ve, ahora que Honduras le ha abierto las puertas al plan, pues la Constitución Política fue reformada en 2011 para hacerlo posible, será en Centroamérica donde Romer podrá probarlo por primera vez. La clave está en sustraer porciones de territorios nacionales deshabitados, para crear estas ciudades donde sus habitantes vivirán prósperos y felices. La clave del enclave.
En uno de los videos en que promueve su cruzada, Romer comienza utilizando la imagen de un grupo de muchachos africanos que se ven obligados a estudiar sus tareas en plena calle, bajo las luminarias del alumbrado público, porque en su casa no tienen luz eléctrica. Y elige como ejemplo a uno de ellos, Nelson. Seguramente, aún siendo tan pobre, tiene un teléfono celular, dice; pero eso no es suficiente.
¿Qué pasaría si Nelson viviera en una ciudad donde la energía eléctrica fuera barata, y pudiera estudiar en una buena universidad? ¿Una ciudad donde todo el mundo gozara de empleos bien remunerados, y no tuviera que preocuparse de la violencia callejera, ni del crimen, ni de la ineficiencia del estado, regido por leyes obsoletas? Y todo eso, sin tener que emigrar. Ese milagro ocurriría dentro de las propias fronteras del país miserable y atrasado de Nelson. Basta segregar una porción del territorio.
Nelson vive en un país fallido, que no es capaz de hacer posible el desarrollo. El estado no puede garantizar a sus ciudadanos una vida pacífica y segura, su burocracia engorrosa ahuyenta las inversiones, y por todos lados campea la corrupción. Hay que librar al desarrollo económico de estas amarras. En la ciudad modelo, libre de los males endémicos del subdesarrollo, reinará el buen gobierno. Una ciudad exitosa, por fin, en un país fracasado.
Entonces, la fórmula es sencilla: estos países prestan, o alquilan, o ceden, un pedazo de su territorio, y allí se organiza esta nueva Ciudad del Sol. El país en cuestión puede participar, claro, y su primer aporte es el suelo. Pero necesita de socios, socios poderosos que pueden ser otros países, o empresas transnacionales, capaces de invertir, levantar las fábricas y edificios, construir las redes ferroviarias y de carreteras, los hospitales, universidades, escuelas, parques. Pero deben hacerlo bajo leyes propias.
¿Quién gobernará esta ciudad modelo? Sus ciudadanos, los que han decidido libremente trasladarse a vivir allí, nacionales o extranjeros. Se darán su propio estatuto, elegirán a sus autoridades civiles, organizarán su propio sistema judicial y su propia policía, otorgarán las licencias de operación a las empresas industriales y a los bancos, decretarán su propio régimen fiscal, y controlarán las telecomunicaciones. La polis y el demos, por fin, en feliz armonía. Por supuesto que los inversionistas, ejecutivos de empresas, técnicos extranjeros, también serán parte de esta ciudadanía ejemplar, con derecho a voto. En el caso de Honduras, el estado se reservará, según se escucha, la defensa militar, las relaciones exteriores, y la emisión de pasaportes.
Frente a los ataques contra la creación de la nueva ciudad, el presidente Porfirio Lobo, alega que la soberanía está a salvo, y que lo único que habrá son reglas especiales. Aquellos que escojan vivir allí podrán hacerlo con dignidad, sin las amenazas de la delincuencia, o sea, sin maras ni carteles de narcotraficantes, llenos de confianza, amparados por la seguridad jurídica, con trabajos garantizados, y excelentes niveles de educación y salud. Es decir, lo que no puede ser posible en todo el territorio nacional, se podrá conseguir como por encanto en el enclave modelo.
Supongo que de ser así, los 33 kilómetros cuadrados que el presidente Lobo afirma tendrá esta primera ciudad, para cuya construcción Corea del Sur ya ha hecho su primer aporte de socio potencial, no serían suficientes para albergar a los miles que querrán irse a vivir allí, un rápido viaje del infierno al cielo.
En sus explicaciones acerca de la filosofía de sus “charter cities”, Romer se hace él mismo la pregunta: “¿Es esto colonialismo?”. Y se responde que no, porque en este caso no será la voluntad omnímoda de un estado extranjero la que determinará todo, sino que los ciudadanos del enclave tomarán las decisiones de manera democrática. Nada menos que el ágora entre rascacielos y trenes de alta velocidad, en medio de la selva.
El relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank la Rue, tras visitar Honduras en agosto de este mismo año, consignó en su informe que el proyecto de Romer es 'una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los Derechos Humanos que tiene el Estado con la población en su territorio”.
La historia mordiéndose la cola.
Medellín, septiembre 2012
*FE DE ERRATAS:
En la versión original de este artículo utilicé el texto de un despacho de prensa emitido desde Tegucigalpa, donde se afirma que Paul Romer estuvo al lado del presidente del Congreso Nacional al hacerse el anuncio oficial del proyecto de la “ciudad modelo” en Honduras; me dicen que quien en realidad estuvo fue Michael Strong, del grupo MGK. Romel, autor de la idea global de las “charter cities” fue nombrado por el presidente Lobo en enero del año 2011 miembro de una “comisión de transparencia” asesora del proyecto, que integraban además, George Akerlof, Nancy Birdsall, Boon-Hwee Ong, y Harry Strachan, Sin embargo, el nombramiento no se hizo efectivo, según el propio Romer, debido a un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia, en contra de la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).
