La Sala de lo Constitucional rechazó una solicitud del presidente de la Corte de Cuentas de la República, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, de cerrar una demanda contra su nombramiento y quedó a un paso de sentenciar si la Asamblea Legislativa cumplió el mandato constitucional de que Sánchez Trejo y los otros dos magistrados de la Corte de Cuentas elegidos en 2011 cumplen los requisitos de honradez y competencia notorias.
1. No presentó declaración jurada de patrimonio correspondiente a la toma de posesión del cargo de subgerente de la unidad jurídica de ANDA 2009.
2. Informe de examen especial relacionado con la contratación directa de hasta 20 camiones compactadores de basura, en alcaldía de San Salvador, período 1 de mayo al 10 de agosto del 2006, condenado al pago de una multa de $900.18.
3. Pendiente del juicio de cuentas por su actuación como secretario municipal de la Alcaldía de San Salvador, período del 1 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de 2007. Condenado en responsabilidad patrimonial, junto con 3 personas más, al pago de $5,003.45
4. Pendiente del juicio de cuentas por su actuación como directivo de la Junta Directiva por el Ministerio de Hacienda ante el Registro Nacional de las Personas Naturales, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. Caso ante la Cámara Tercera de Primera Instancia.
Marcos Gregorio Sánchez Trejo
1. Expediente pendiente de resolución, número LU 0089-08, por violación al derecho de trabajo cuando actuó como procurador general de la República.
2. Pendiente de juicio de cuentas por auditoría financiera a la Procuraduría General de la República, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.
José Andrés Rovira Canales
1. Examen especial al FISDL, MARN y alcaldías, período 1 de enero 2004 al 28 de febrero de 2007, condenado al pago de una multa de $802.57.
2. Auditoría financiera y operativa al FISDL, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, condenado al pago de una multa de $481.54.
3. Auditoría financiera y de gestión a los recursos de un préstamo BID, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, condenado al pago de una multa de $2,100.
4. Pendiente del resultado de examen especial a la ejecución de las obras FISDL/FANTEL, período 11 de julio del 2008 al 31 de mayo del 2009.
5. Pendiente del juicio de cuentas en la Cámara Primera de Primera Instancia, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
6. Pendiente de análisis de auditoría financiera, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, en la Cámara Segunda de Primera Instancia.
En caso de declarar que los nombramientos violaron el artículo 198 de la Constitución, los diputados estarían obligados a volver a elegir a los tres magistrados de la institución contralora, cuya designación en junio del año pasado fue producto de un pacto negociado en secreto por los legisladores de los partidos FMLN y Gana.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional -incluido el presidente, Salomón Padilla- firmaron el pasado viernes 19 de octubre una resolución en la que notifican a todas las partes involucradas que la demanda contra la Asamblea Legislativa por supuesta violación de la Constitución está lista para emitir un fallo: 'Tráigase para sentencia el presente proceso de inconstitucionalidad', dice el documento.
A casi siete meses de haber admitido la demanda presentada por una abogada que aspiraba al cargo, los magistrados de la Sala ya cumplieron todos los pasos de ley antes de sentenciar, incluida la petición y recepción de la opinión de la Fiscalía. El exfiscal Romeo Barahona, poco antes de que expirara su mandato el 19 de septiembre pasado, expresó que considera inconstitucional el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas.
La Sala también solicitó a la Asamblea Legislativa que remitiera el expediente que armó la Comisión Política y del cual los diputados escogieron a 3 de de los 56 abogados que aspiraban al cargo.
Los magistrados deben escuchar la opinión de la Fiscalía, pero esta no es vinculante para su propia decisión. Barahona opinó por escrito que hubo una vulneración constitucional en los nombramientos como magistrados del ex procurador general Gregorio Sánchez Trejo; del presidente del partido Gana, Andrés Rovira, y del ex funcionario municipal de la alcaldía capitalina Tránsito Bernal, del FMLN.
La demanda fue presentada por María Olimpia Jirón Hilleprandt, quien en marzo del año pasado había presentado a la Asamblea una carta en la que solicitaba que se le considerara candidata para presidir la Corte de Cuentas.
En su demanda, Jirón sostiene que los magistrados electos no reúnen los requisitos de honradez y competencia notorias. Uno de los pilares que fundamentan su denuncia es el número de juicios de cuentas que han enfrentado los tres funcionarios. En unos casos, los magistrados fueron condenados al pago de multas por mala gestión en cargos públicos anteriores, y otros juicios de cuentas aún estaban pendientes de resolución por ellos mismos cuando asumieron sus cargos. La Sala admitió la demanda el 28 de marzo de este año.
Tras haber sido admitida su denuncia, esta podría tomar el camino de que la Sala le dé la razón o que los magistrados determinen que la Asamblea Legislativa respetó la Constitución al hacer los nombramientos. Después de la admisión, dos magistrados, Sánchez Trejo y Bernal, pidieron que se les permita defender legalmente sus nombramientos.
“Exponen que la decisión de este Tribunal podría incidir en el ejercicio de su derecho al cargo para el que fueron electos y que mediante la pretensión se pone en duda su honradez y capacidad notorias, a pesar de que ello fue establecido documentalmente dentro del proceso de selección”. La Sala dice en su resolución que cuando el control constitucional recae sobre un decreto legislativo de elección de segundo grado, con el propósito de conceder derecho de audiencia, la persona elegida puede solicitar su intervención.
Aprovechando esos argumentos, el presidente de la Corte de Cuentas, por medio de su abogado José Ángel Pérez Chacón, esbozó a los magistrados tres argumentos por los cuales el caso debía ser cerrado. Primero, dijo, la demanda es producto de una “mera inconformidad” de una persona que no resultó elegida y, por lo tanto, esa situación debería resolverse con un amparo y no con una petición de inconstitucionalidad. En segundo lugar dijo que la Sala no tiene competencia ni legitimidad para resolver el caso y, por último, pidió un sobreseimiento (cierre de la demanda) porque, contrario a lo que plantea la demandante, los diputados realizaron las evaluaciones jurídicas que establece la Constitución.
La Sala dio una respuesta desfavorable a los intereses de Sánchez Trejo. Le dijo que analizar la competencia y moralidad notorias de un funcionario es un acto de aplicación directa de la Constitución. Sobre la posibilidad de que los diputados eligieran legalmente a los funcionarios de la Corte de Cuentas, la Sala dice: “El apoderado considera que debe sobreseerse el presente proceso porque la autoridad demandada supuestamente cumplió con los parámetros o requisitos necesarios para designar funcionarios de segundo grado, se advierte que tal circunstancia, lejos de provocar la terminación anticipada del proceso, motiva el pronunciamiento de una decisión de fondo, pues la verificación del proceder legislativo para acreditar tal situación constituye el thema decidedum del presente caso (…) por lo que deberá desestimarse la petición formulada”.
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Petición a la Asamblea
Los magistrados de la Sala han pedido a la Asamblea Legislativa que envíe los documentos que sustentan el cumplimiento del artículo 198 de la Constitución, que es el que establece que para ser presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República se debe contar con honradez y competencia notorias.
El análisis que podría obligar a una nueva elección se basa en lo siguiente: en caso de no existir documentos que sustenten los criterios de elección, la demandante estaría probando que la Asamblea Legislativa omitió deliberadamente calificar las cualidades de honradez y competencia notorias en las personas elegidas.
El Faro tuvo acceso a los documentos que la Comisión Política de la Asamblea recibió sobre cada uno de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas. El actual presidente de la Corte de Cuentas tiene un expediente pendiente de resolución en la Procuraduría de Derechos Humanos por violación al derecho al trabajo de un empleado de la Procuraduría General. Sánchez Trejo también tenía pendiente una auditoría por su gestión en la PGR durante 2007. Cuando asumió el cargo, Sánchez Trejo dijo que el expediente en la Corte de Cuentas se abrió con motivos de obstaculizar su nombramiento.
El 16 de junio de 2011, el FMLN y Gana acordaron -sin exponer méritos ni razones técnicas- que el presidente del partido Gana, Andrés Rovira; y un ex funcionario municipal de la alcaldía de San Salvador, Tránsito Bernal también llegaran a la Corte de Cuentas. Según los documentos de la Corte de Cuentas, ambos tenían condenas por responsabilidad administrativa y hasta patrimoniales por mal desempeño en cargos públicos anteriores (ver recuadro).
El partido FMLN, históricamente crítico de la partidización de la Corte de Cuentas y de que hasta 2008 Arena y los otros partidos negociaran en secreto la designación de los magistrados contralores, pactó con el partido Gana para hacer una designación que solo requiere mayoría simple de la Asamblea Legislativa.
En junio de 2011, El Faro reveló que los diputados que propusieron al pleno legislativo los nombramientos de Sánchez Trejo, Bernal y Rovira, tuvieron en sus manos información que mostraba que entre los tres sumaban 38 procesos en la Corte de Cuentas, la misma institución que dirigen desde hace 16 meses.
Aunque los nombramientos fueron producto de una negociación exclusivamente entre FMLN y Gana, la elección se produjo con el apoyo adicional de los diputados del PCN. Los tres funcionarios fueron juramentados la noche del 16 de junio, y eso significó el fin de una era de casi tres décadas de control pecenista sobre la institución.
La administración Sánchez Trejo pronto tuvo que enfrentar su primera prueba cuando, el mismo día de su toma de posesión, su antecesor, Hernán Contreras, se retiró con un bono de 66 mil dólares que se otorgó como compensación por los años de servicio en la Corte de Cuentas. Motivado por la presión pública, Contreras devolvió a la Corte los cheques con el fin de que Sánchez Trejo determinara si la autocompensación era legal o ilegal. Hasta el momento, Sánchez Trejo no ha resuelto, a pesar de los reiterados desafíos de Contreras a que determine la legalidad del bono.
