Recientemente todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa firmaron el “Acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador” (o pacto fiscal), paso muy importante en la historia reciente del país por varias razones. El acuerdo constituye un pacto fiscal en el cual se enfrentan problemas de las finanzas públicas de corto y mediano plazo. Es un acuerdo que, aunque por razones probablemente diferentes para cada uno de los actores que lo suscriben, lo firman todos los partidos políticos y lo hacen de una manera pública y transparente. En el acuerdo se sobreponen los intereses de nación a cualquiera otros de cada una de las partes. Todas ellas son características inusuales en nuestro medio, y más al comienzo de la contienda electoral.
El pacto autoriza la emisión de bonos hasta por $ 800 millones lo cual le permite al gobierno estar listo para pagar una deuda anterior que se podría cobrar. Con ello ya se toma una posición responsable pues permite al estado salvadoreño estar listo para cumplir con sus obligaciones financieras. Pero lo más probable es que los dueños de esos bonos no quieran ejercer el derecho de cobrar ahora pues perderían plata comparado con el cobrarlos en su fecha de vencimiento; por ello el acuerdo especifica qué se puede hacer con los dineros frescos obtenidos con la emisión de los bonos si no se ocupan para pagar la deuda. Uno de los usos que se permite es para cambiar deuda anterior que se contrajo en condiciones más duras que las existentes ahora. Con ello El Salvador logra renegociar su deuda favorablemente.
Pero lo más importante del pacto fiscal es que va más allá del problema coyuntural y asume el compromiso de tomar medidas de “responsabilidad fiscal para la sostenibilidad y el desarrollo social que deberán comprender límites al déficit fiscal” teniendo en cuenta la responsabilidad social y los ciclos económicos y promueve además un presupuesto por resultados y plazos plurianuales. Exige publicación de un marco macroeconómico con planes y metas y normas de transparencia.
El pacto fiscal compromete ya medidas específicas para el próximo año: bajar el déficit al 2.7% (de un 3.2% actual) - para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá presentar medidas de ingresos y gastos - y el Gobierno se compromete a presentar una política de ahorro y austeridad que incluya una reducción del 10% de bienes y servicios que consume, congelamiento de plazas nuevas y supresión de las vacantes (con algunas excepciones en instituciones claves).
Todas estas son medidas importantes y difíciles con las cuales el Gobierno y los partidos políticos, a través de sus representantes en la Asamblea, se comprometen. Con ello le dan al problema fiscal la importancia que merece y lo hacen de una manera consensuada y bastante concreta. Concepto clave es que el pacto reconoce la importancia de que el ajuste fiscal se debe hacer reconociendo la importancia de lo social; en otras palabras, unas finanzas públicas sanas no se deben lograr sobre la base del sacrificio de los más pobres. Bajar el déficit fiscal en medio punto implica ahorrar gastos y/o subir ingresos en unos $ 23 millones en un año.
El Ministerio de Hacienda toma en serio su compromiso que adquiere con el pacto y responde rápidamente con una propuesta de un paquete fiscal que incluye tanto medidas de ahorro como de subir ingresos. Esa propuesta, hasta donde se conoce, se hace en línea con el espíritu del pacto fiscal “sin afectar a los pobres”, poniendo la carga – por el lado de los ingresos- en los más ricos. El Ministerio propone entre otras medidas: un impuesto a las propiedades suntuarias (casas de playa y otras), introducir tarjeta electrónica para manejar el subsidio del gas (haciendo que el mismo solo lo reciba el que usa gas y no como ahora que se incluye el subsidio en el recibo de energía beneficiando a todos usen o no gas), despido de los que tienen pensión y salario público, e impuesto a los periódicos los cuales hasta ahora han estado exentos del mismo.
Con el acuerdo fiscal se da un paso importante en la dirección correcta, ahora viene su implementación, esperamos que el espíritu del pacto prevalezca y que los intereses de grupos no lo empantanen. Por primera vez se presentan alternativas concretas a las tradicionales de subir el IVA, despidos masivos, cortar subsidios, etc.; medidas que afectan a los pobres y que son políticamente inviables. El acuerdo termina haciendo un llamado a los poderes Legislativo y Judicial para que también ellos implementen una política de sanidad fiscal, quedamos en espera de sus acciones. El pacto es también un ejemplo de lo que se podría hacer en otras áreas de la administración pública y la gobernanza si prevalecen los intereses de nación.
