A veces argumentando que se debe modernizar, fortalecer y reformar un cuerpo legal, se aprovecha para su debilitamiento. El Sistema Interamericano de la OEA ha tenido grandes consecuencias en la vida latinoamericana en su rol de promoción y protección de los derechos humanos. En la Corte Interamericana se han defendido, durante más de 40 años, derechos fundamentales tales como Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Tan es así que, como DTJ, en repetidas oportunidades hemos hecho referencia al caso Claude Reyes Vs. Chile, sentencia que impactó en el reconocimiento del derecho humano fundamental al acceso a la información en Latinoamérica, de tal forma que se extendieron a nivel regional leyes de este tipo.
Dentro de la OEA se encomendó al Consejo Permanente para que se discutieran una serie de recomendaciones que profundizaran el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión. Entre los temas más destacados, están: 1. El otorgamiento de medidas cautelares y 2. La publicación del informe anual en el que se hace un listado de los países que no están actuando conforme sus compromisos en materia de Derechos Humanos. Algunos países que han sido cuestionados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, como son el caso de Venezuela y Ecuador, han favorecido el proceso de reforma. También Brasil, quien recientemente ha objetado la forma en que se emiten las medidas cautelares debido a un caso relacionado a las cuencas amazónicas.
Todavía está por verse, a nivel de la OEA, si estas reformas tendrán efecto vinculante o no. Cuando se está en proceso de reforma institucional, se puede prestar el momento para que los países utilicen diferentes herramientas para debilitar la institucionalidad que ha mantenido su independencia. Una de ellas ha sido el dotarle de pocos recursos, y es así como parte del presupuesto operativo ha provenido de la cooperación internacional y no propiamente de los países latinoamericanos.
Esto me recuerda al caso de El Salvador, en donde carecemos de un presupuesto especial para el Instituto de Acceso a la Información Pública. Como siempre, allí donde se pone el dinero, es allí donde están las prioridades. La Comisión y también la Corte Interamericana, han tenido un destacado papel en la complementariedad, subsidiariedad, en la defensa del estado democrático de derecho, pero en ningún momento ha pretendido sustitución, como si lo han hecho instancias regionales centroamericanas.
Mucho se puede interpretar de la forma en que nace esta iniciativa para reformar la Comisión. Si hubiera nacido de un ambiente de debate y reflexión, sería menos preocupante el impulso a la reforma. Sin embargo, la reforma nace en un ambiente de aprensiones, por lo que es un tema de obligado seguimiento. Por supuesto que no se trata de una defensa ciega, pues el Sistema Interamericano, al igual que las instituciones nacionales, siempre se les debe valorar su eficacia y eficiencia, sobre todo frente a los nuevos retos y desafíos que vivimos los países latinoamericanos.
En el caso salvadoreño, ojalá el gobierno le brinde toda la atención a esta temática con el fin de evitar que la reforma sea hacia el debilitamiento de esta importante instancia regional.
