Es cierto que la resolución de la Sala de lo Constitucional contra el nombramiento del fiscal general en la anterior legislatura afectó el proceso. Es cierto que, con los votos de la mayoría calificada, Ástor Escalante había sido ya elegido como fiscal. Es cierto también que los diputados acataron la resolución y decidieron reiniciar el proceso, pero eso no justifica que El Salvador lleve casi un mes, una vez más, sin fiscal general.
Es labor de los diputados elegirlo, y las fracciones deben ponerse de acuerdo para que el país tenga garantizado a un responsable de la persecución del delito, aunque esto es apenas lo más elemental.
Los diputados deben elegir a una persona idónea para el cargo, algo de lo cual han sido incapaces hasta ahora. Los últimos fiscales han sido negligentes en la persecución del delito, particularmente de aquellos que atentan contra los intereses del Estado.
A pesar de las tremendas irregularidades en la administración pública denunciadas tanto por algunos funcionarios como por los medios de comunicación, ni Escalante ni Barahona pueden presentar logros en esta área.
El presidente Funes y varios de sus ministros se han quejado de haber entregado muchas cajas para sustentar denuncias de corrupción de administraciones anteriores, pero ninguna ha sido llevada hasta sus últimas consecuencias. Ni lo hizo Barahona ni lo hizo Escalante.
Hoy encontramos un nuevo caso de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, que se une a las decenas de denuncias de mala administración pública y corrupción que El Faro ha realizado en los últimos años sin consecuencias porque la fiscalía no ha podido llevar el caso hasta los tribunales. Lo mismo ha sucedido con casos denunciados por otros medios de comunicación.
Para que una democracia sea funcional, uno de los requisitos elementales es que cuente con instrumentos efectivos para el combate a la corrupción y para transparentar el uso de los recursos del Estado. Para ello se necesitan funcionarios probos, sí, pero sobre todo instituciones de contraloría, investigación y persecución de los actos de corrupción. Particularmente ahora que el crimen organizado amenaza con erosionar toda la institucionalidad del Estado.
Es lamentable que los diputados no hayan sometido a los candidatos a fiscal a cuestionamientos de fondo, que permitiesen depurar mejor la lista y avanzar hacia la optimización del trabajo legislativo en torno a la elección del fiscal. Los partidos tienen intereses, pero eso no debe significar el sacrificio de la institucionalidad del Estado para nombrar como fiscal a nadie. La Asamblea, nuevamente, ha fallado en su función. Y lo seguirá haciendo mientras no hayan mecanismos o presiones sociales que les impidan comportarse de manera tan poco honrosa.
