A un mes de que un estudio de la Defensoría del Consumidor señalara a Biggest, La Despensa de Don Juan y Embutidos Toledo por vender alimentos contaminados con bacterias fecales, dos de estas marcas se aprestan a desafiar el proceso que, según la Defensoría, debería culminar con multas o, en caso extremo, con cierre temporal o definitivo del expendio de los productos cuestionados. Después del informe de la Defensoría, el caso pasa a manos del Ministerio de Salud, pero dos de las empresas involucradas anuncian que responderán dando batalla legal.
En octubre pasado, la Defensoría presentó su décimo estudio de Protección al Consumidor y Calidad que evaluó ocho marcas de productos alimenticios a fin de determinar si estos eran aptos para el consumo humano. En esta ocasión la Defensoría analizó por primera vez productos alimenticios preparados en el momento en que serán consumidos. Es decir, aquellos alimentos como la comida rápida que se preparan en el momento en que el consumidor los adquiere. En este caso particular, el producto seleccionado para el examen fue hamburguesas, y la institución tomó muestras de seis tiendas distintas.
Como resultado, los análisis de laboratorio revelaron que dos de las cinco muestras de hamburguesas con queso que se tomaron en el establecimiento de Biggest en la colonia San Luis contenían entre 30 y 45 unidades formadoras de colonias de la bacteria Clostridium Perfringens. En un camarón de las cinco libras de los camarones que se tomaron como muestra en La Despensa de Don Juan de la colonia La Cima se encontró presencia de Salmonella SSP. Y en todas las unidades verificadas de uno de los lotes de la mortadela Toledo Kids se encontró niveles dañinos para la salud humana de la bacteria Escherichia Coli. De acuerdo con la Defensoría, estas tres bacterias usualmente indican contaminación con heces fecales de seres humanos o de otros animales y hacen que estos productos no sean aptos para el consumo humano.
A un mes de conocer los resultados del informe de la Defensoría, la marca Toledo retiró todo el lote de la mortadela Toledo Kids del mercado salvadoreño y paralizó las futuras importaciones de este producto hasta nuevo aviso. Por el contrario, Biggest y Walmart, representante legal de La Despensa de Don Juan en El Salvador, evalúan desde la posibilidad de intentar demostrar que los resultados del estudio están errados hasta la posibilidad de responder legalmente a los señalamientos.
Hasta la fecha, Biggest es la única marca que habla sin reservas sobre el proceso. “Estamos a la espera de los resultados para iniciar un proceso legal. Todos tenemos derecho a defendernos”, explicó Orlando Quintanilla, jefe del departamento de Relaciones Públicas de Biggest. Tanto Biggest como Walmart consideran que el procedimiento que realizó la Defensoría no garantiza resultados apegados a la realidad.
Ahora que finalizó el estudio, el sistema de protección al consumidor establece que la siguiente etapa está en manos del Ministerio de Salud, que debe imponer sanciones de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas y que no está inhibido de llevar algún caso ante el sistema judicial si lo considera necesario. Sin embargo, esta fase del procedimiento parece menos clara que la previa, en la que se recolecta la información y se procesa.
La principal herramienta con la que cuenta el Ministerio para sancionar a quienes infrinjan disposiciones sanitarias es el Código de Salud, normativa que data de 1988. Las sanciones que aplican pueden ser de cinco tipos: Amonestación verbal privada, amonestación escrita, multa que va desde los 10 mil hasta los 100 mil colones (entre mil 142 y 11 mil 420 dólares) y la clausura del establecimiento ya sea temporal -desde un mes- o definitiva.
De acuerdo con Luis Guerrero, coordinador de Control Higiénico Alimentario del Área Metropolitana de San Salvador del Ministerio de Salud, las marcas señaladas cometieron una falta grave al servir comida contaminada. Por eso el Ministerio considera que se violó el inciso 11 del artículo 284 que define como una falta grave “alterar, contaminar, falsificar, envenenar y corromper alimentos destinados al consumo público”.
De acuerdo con el Manual de Normas Técnicas Sanitarias para la Autorización y Control de Establecimientos Alimentarios, de las sanciones graves que contempla el Código de Salud, en el caso de restaurantes aplican tres, pero al revisarlas ninguna se relaciona con la falta de inocuidad en la que incurrieron las marcas.
El estudio de la Defensoría cuyos resultados fueron divulgados la última semana de octubre, forman parte del plan anual de inspección de la calidad e inocuidad de los alimentos. Este busca informar a los consumidores sobre los productos que adquiere, además de verificar el cumplimiento de las leyes y normativas por parte de los proveedores. Para llevar a cabo este tipo de trabajo la Defensoría se basa en el Reglamento Técnico Centroamericano de Alimentos (RTCA) Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos, que es una normativa que establece las bases técnicas que deben cumplir todos los productos alimenticios en el mercado. Esta norma ha sido adoptada por los Ministerios de Salud de todos los países centroamericanos, que además discuten su contenido regularmente a fin de generar normas para todos los productos que ingresan al mercado de alimentos.
Las inspecciones de la Defensoría abarcan cuatro tipo de análisis: etiquetado, que está referido a que la viñeta de los productos refleje fielmente el contenido del producto; contenido neto, que sobre todo se refiere a que el peso que se refleja en la viñeta sea el peso real del producto; inocuidad, que significa que debe haber una garantía de que el alimento no causará daño al consumidor, y calidad, que es que el alimento cumpla con los estándares técnicos establecidos para su producción y comercialización. En los primeros dos casos, si el análisis de la Defensoría revela incumplimientos por parte de las marcas es la misma institución la que se encarga de iniciar un proceso legal que sancione a las empresas según la gravedad de cada caso. Si el estudio mide la calidad e inocuidad de los alimentos es el Ministerio de Salud al que le corresponde aplicar las sanciones a los establecimientos de acuerdo con lo que dicta el Código de Salud.
En septiembre de este año, la Defensoría inició el proceso para elaborar su décimo estudio. En ese momento, la institución ya había realizado una licitación pública para contratar a un laboratorio privado que analizaría las muestras. Además, ya se habían seleccionado ocho productos alimenticios que serían analizados: hamburguesas, pollos rostizados, huevos, néctares, mermeladas, mantequillas, camarones y mortadelas. La selección se hizo con base en las normas del RTCA tomando en cuenta dos criterios básicos: que fueran productos de consumo masivo y que tuviesen un reglamento técnico a nivel nacional que debiesen cumplir para evaluarlos.
“No hay excusa alguna, el proveedor no puede decir que no conoce la ley”, dice Ana Ella Gómez, directora de Vigilancia de Mercado de la Defensoría cuando se refiere a la selección de marcas. De acuerdo con los registros de la Defensoría, unas 361 empresas de productos alimenticios han sido capacitadas a nivel nacional para conocer las normas que plantea el RTCA para la elaboración y comercialización de cada producto y las normas que se han establecido a nivel nacional.
Una vez se seleccionan los productos, el RTCA establece cuántos establecimientos deben ser visitados y cuántas muestras de cada producto deben ser tomadas en cada uno de ellos. En total se analizaron 64 marcas. “No hay una llamada previa porque entonces estamos advirtiendo al proveedor de la labor que vamos a realizar, pero sí vamos debidamente identificados. Según lo que nos establece el reglamento tomamos la muestra que está lista, lo que está expuesto en la góndola. De ahí tomamos la muestra y es eso lo que se analiza”, explica Gómez.
En el caso de las hamburguesas, el estudio tomó muestras de Wendy´s Los Héroes, Burger King del centro de San Salvador, McDonald´s de la Zona Rosa, Biggest de la San Luis, Comet Diner de Plaza Mundo y GBC Gourmet Burger Company, de la colonia San Benito. En cada tienda se tomó cinco hamburguesas para examinarlas. En el caso de los camarones se escogieron seis lotes: uno de Súper Selectos en Multiplaza, otro de Hiper Europa, un tercero de La Despensa de Don Juan de La Cima, un cuarto de Walmart Las Cascadas, un quinto de Súper Marino Sucursal Paseo y un sexto de PriceSmart de Santa Elena. De todos estos establecimientos se tomaron cinco libras de camarón por marca. Por último, en el caso de las mortadelas, se analizaron presentaciones empacadas de las marcas Dany, Suli, Fud, Embutidos Superior, Productos Alimenticios La Única, Pollo Indio, Sello de Oro, Toledo Kids y Gwaltney Great Bolony.
De acuerdo con Gómez, en el caso de las hamburguesas, por tratarse de alimentos preparados en el momento, la Defensoría del Consumidor se hizo acompañar por representantes del Ministerio de Salud, quienes tomaron las muestras guardando los estándares de custodia del producto para evitar contaminarlo. “Fueron inspectores del Ministerio de Salud a tomar las muestras porque cada caso es específico. Tenemos un protocolo de actuación para cada uno de las inspecciones que se hacen. Esa muestra se llevó directamente al laboratorio”, explicó Gómez. Según la directora, todas las muestras fueron llevadas inmediatamente al laboratorio que realizó los estudios microbiológicos.
En este punto la versión de la Defensoría entra en controversia con Biggest, pues la empresa plantea que no hubo garantía de que las hamburguesas que se tomaron no fueran expuestas a otros ambientes contaminados. “Esos estudios no son hechos por el Ministerio de Salud. Ahí puede llegar cualquiera y poner algo en la comida para decir que estamos mal”, explicó Quintanilla, el jefe de relaciones públicas de Biggest. “Esto nos huele a política, como que es un acto hecho con dolo, con el afán de hacernos daño. Acuérdese que la competencia (refiriéndose a McDonald´s) acaba de perder en un juzgado mercantil”, señaló.
Biggest está preparando acciones legales que Quintanilla no quiso detallar, y además encargó sus propios análisis microbiológicos para demostrar que todo está en orden. Asimismo, delegados de la marca se han reunido en reiteradas ocasiones con el personal del Control Higiénico Alimentario y de Registro Sanitario de la Región Metropolitana de San Salvador del Ministerio de Salud con el fin de realizar inspecciones conjuntas a sus establecimientos.
“En el caso de Biggest descartamos un cierre temporal o total”, dijo Guerrero, del Ministerio de Salud. “Ellos se están reuniendo con nosotros y han mostrado apertura”, añadió, a modo de explicación. Y es que decidió contactar directamente a las autoridades de Salud para que se verificaran sus procesos de producción.
De acuerdo con Silvia de Urrutia, coordinadora del área de alimentos del Ministerio, las inspecciones que el personal de Salud realizó en las instalaciones de Biggest sirvieron para detectar las fallas en la producción. “Se analizaron los problemas en la materia prima, la contaminación cruzada, los procedimientos de cocción y la manipulación de los alimentos. Ahora creemos que el problema se dio en el grado de la temperatura de cocción de los alimentos. No era el suficiente para matar la bacteria. Pero ellos están haciendo cambios para garantizar el producto”, explicó.
En Walmart, una fuente de la corporación que pidió el anonimato porque dijo que la compañía aún estaba afinando su estrategia, coincidió con la posición de Biggest en cuanto a que la inspección de la Defensoría también generó dudas dado que no cumplieron medidas rigurosas de higiene que garantizaran que los productos no se dañarían en el traslado del establecimiento al laboratorio. “Ellos no utilizaron guantes, se llevaron los camarones en bolsas. El producto se vendió congelado pero a ellos se les pudo generar la bacteria si por ejemplo los anduvieron en el carro por mucho tiempo”, explicó la fuente.
El Faro se contactó con los representantes de Walmart en El Salvador quienes enviaron un comunicado en el que detallaron parte del proceso que realizó la Defensoría. “Hace dos meses, representantes de la Defensoría del Consumidor llegaron a La Despensa de Don Juan de La Cima, solicitando al dependiente que abriera una bolsa de cinco libras de camarones congelados y se distribuyeran en cinco bolsas de una libra cada una para muestreo, de todas ellas solo una resultó con Salmonella SSP, cuando todas las muestras provenían de un mismo empaque sellado. Por lo que consideramos que es a la Defensoría del Consumidor a la entidad que le correspondería dar más detalles sobre esta situación”, reza el documento.
En su comunicado, Walmart aseguró ser “respetuoso de los procesos que las autoridades deben seguir según las leyes y reglamentos establecidos en los países en los que operamos”. Además, dijo estar a la espera de que el Ministerio de Salud se comunique con la marca. Sin embargo, el representante de la compañía que conversó con El Faro aseguró que la marca ya evalúa iniciar un proceso legal.
De las tres marcas señaladas, la única que fue retirada del mercado fue el lote de mortadela Toledo Kids. El producto era distribuido en el país por la compañía Avícola Salvadoreña, S.A de C.V. que lo importa desde Guatemala. El Faro se contactó con Claudia Orozco, representante legal de Avícola, quien dijo desconocer el estudio de la Defensoría y si la marca había retirado la presentación de Toledo Kids del mercado. Sin embargo, Guerrero explicó que por tratarse de un producto que se distribuye por lotes, Toledo procedió a retirar del mercado y posteriormente destruir todas las presentaciones que pertenecían al lote contaminado.
“La marca va a entrar al país cuando corrijan el problema”, señaló Guerrero. De ser así serían sometidos a un nuevo control por el departamento de Registro Sanitario de Alimentos. Guerrero también explicó que por ser un producto procesado en el exterior el distribuidor, en este caso Avícola, no contaba con ningún tipo de responsabilidad ante el Ministerio.
El Faro se comunicó con los representantes de la marca Toledo en Guatemala quienes aseguraron que enviarían una respuesta ante los señalamientos en la que además detallarían el proceso de retiro del mercado del lote contaminado, sin embargo, al cierre de esta nota no se comunicaron con el periódico.
Sobre las acciones con las que proceda el Ministerio, las autoridades de la Defensoría del Consumidor aseguraron que no pueden hacer nada. El área jurídica de la Defensoría solo trabaja los resultados de los estudios relacionados con el contenido neto y el etiquetado de los productos. Para el nuevo estudio la Defensoría analizará productos lácteos y espera publicar los resultados en diciembre.
