Los miembros de la red de trata de personas de Barberena, a la que hace referencia el tema de portada de esta semana, huyeron cuando se supieron perseguidos, pero fueron capturados.Tuvieron la fortuna de caer en las manos del juez de Santa Ana Especializado contra el Crimen Organizado, llamado Tomás Salinas, que no vio motivo para que los acusados permanecieran detenidos en el transcurso del proceso y los liberó a pesar de que ya venían huyendo. Y volvieron a huir. La Fiscalía apeló la decisión y al menos seis de los ocho acusados fueron recapturados.
El juez Salinas es un asiduo protagonista de los casos de crimen organizado en el occidente del país. En la mayoría de ellos porque no encuentra motivos para mantener detenidos a los acusados y estos huyen. Como cuando liberó el año pasado a José Antonio Terán, 'Chepe Furia', líder de una clica de pandilleros acusados de 11 asesinatos.
Jefes policiales lo vinculan con el Cártel de Texis y lo acusan de impedir allanamientos y detenciones provisionales. Tiene denuncias de la Fiscalía y una investigación en curso de la Corte Suprema de Justicia acusado de obstaculizar la investigación contra una clica de una pandilla. Su expediente está entre los cinco que la Corte Suprema de Justicia considera de 'los más graves', pero nadie le ha obstaculizado su trabajo. El juez Salinas tiene además contactos poderosos en el ejército.
Hace algunos meses, el entonces subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, el coronel Simón Molina Montoya, llamó a uno de los reporteros de El Faro para comunicarle que tenía un amigo molesto por algunas publicaciones nuestras, y pasó el auricular al juez Tomás Salinas. El coronel Molina Montoya, un hombre que provenía de inteligencia militar y que fue nombrado subdirector del OIE tras la llegada del general David Munguía Payés al Ministerio de Seguridad, fue removido de su cargo poco después, y trasladado como asesor al Ministerio de Seguridad.
Pero no es por sus contactos que el juez Salinas sigue ejerciendo en Santa Ana a pesar de los expedientes en su contra abiertos en la Fiscalía y en la CSJ; es justamente la negligencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la mora en la depuración judicial lo que impide que su caso sea resuelto y se determine a cabalidad si el juez Tomás Salinas tiene capacidad para ejercer su cargo.
Las redes de crimen organizado, por definición, no pueden existir sin protección de autoridades. En varios reportajes sobre crimen organizado este periódico ha señalado la participación directa o indirecta de jefes policiales, de jueces, fiscales, alcaldes, diputados y dirigentes partidarios en las estructuras de organizaciones criminales, y lo hacen favorecidos por una impunidad rampante y una institucionalidad corrompida.
Hay grandes cantidades de víctimas de estas redes, como las mujeres, algunas menores de edad, esclavizadas sexualmente por la red de Barberena. Estas redes seguirán existiendo mientras las instituciones encargadas de supervisar, vigilar, controlar y castigar a las autoridades no cumplan con su trabajo. En el caso de los jueces, la Corte Suprema es cómplice por negligencia. Y cada día que dilate la depuración judicial permite la continuidad del ejercicio de estas bandas criminales.
