Opinión /

Prioridades legislativas


Lunes, 26 de noviembre de 2012
El Faro

La agenda legislativa ha sido dominada, en las últimas semanas, por acusaciones entre las diferentes fracciones que tienen más relación con la campaña presidencial que se nos viene que con las prioridades del país. El préstamo para salud, después de una ejemplar sesión extra entre la principal fracción opositora y al Ministra de Salud, terminó devuelto a comisión porque Arena decidió poner a última hora nuevas condiciones que no guardaban ninguna relación con el préstamo sino con su candidato presidencial; y a los forcejeos entre los dos principales partidos se agregan intercambios poco dignos de un parlamento relacionados con supuestas compras de diputados que nunca han sido investigadas y que, al tenor de las anteriores denuncias, nunca lo serán.

Hace unos días, la cabeza administrativa de la Asamblea, el diputado Sigfrido Reyes, dijo que la elección del fiscal no era prioritaria. Sus palabras reiteran lo desconectada que la Asamblea, y la fracción del FMLN particularmente, están de las prioridades del país. Lo que no es prioridad para la Asamblea es una urgencia para una nación con alarmantes niveles de impunidad en todos los renglones y desde todas las apreciaciones (salvo, probablemente, la de los diputados), y los partidos políticos tienen una enorme deuda con los ciudadanos a los que constitucionalmente representan.

No solo han sido incapaces de elegir al fiscal, sino que están forcejeando para poner al que convenga más a intereses partidarios y no a la nación. En un acto de franqueza, representantes de estos partidos han admitido que los candidatos no son los idóneos, pero era difícil sostener la pertinencia de sus favoritos habida cuenta del curriculum de los candidatos. Los favoritos son dos que ya han ejercido el cargo y que tienen un historial de negligencia e incapacidad sospechosa en lo que se refiere a corrupción y crimen organizado, lo cual abre también sospechas sobre el interés del Fmln y de Arena de imponer a su favorito.

El fin de semana pasado, en la inauguración del Bulevar Monseñor Romero, el presidente de la República recordó que su Ministerio de Obras Públicas presentó a la fiscalía la 'denuncia más documentada de la historia' sobre actos de corrupción en la construcción de esa vía, cuyo costo se triplicó debido a las irregularidades y los problemas entre constructores y autoridades. La obra, que terminó costando casi cien millones de dólares a un país pobre y con recursos muy limitados, tiene ahora un nuevo nombre (originalmente se llamaba Diego de Holguín) porque la actual administración no quiere que se relacione con actos de corrupción por los cuales no hay nadie procesado, y la fiscalía sigue sin manifestarse al respecto.

Funes se refiere a la gestión de Romeo Barahona en la fiscalía; pero él (Funes) y su partido, el Fmln, a quien quieren imponer es al antecesor, Ástor Escalante, que tiene su propia lista de deudas de sus tiempos como fiscal adjunto y como Fiscal General de la República. En otro acto de franqueza, uno de los líderes del partido, José Luis Merino, confesó que Escalante es el candidato del partido Gana y que acordaron apoyarlo. Pero mientras no consigan los votos necesarios para imponerlo mediante la simple aritmética legislativa, el diputado Reyes sostiene que no es prioritaria la elección del funcionario encargado de investigar el delito. Probablemente en la misma línea en la que él y su fracción decidieron dar sus votos para que el Secretario General de Gana, Andrés Rovira, fuera electo magistrado de una Corte de Cuentas presidida por el magistrado Sánchez Trejo, que ha hecho de esa corte la heredera perfecta de otras absolutamente incapaces de lidiar con actos de corrupción pero muy capaces de corromperse.

El caso del bulevar es solo la más reciente muestra de la negligencia de las últimas administraciones de la fiscalía y de la Corte de Cuentas, y revela la poca seriedad con que aquellos a los que elegimos como nuestros representantes se toman su responsabilidad de verdaderamente representar los intereses de la nación. Esos intereses no pasan por nombrar fiscales para tapar actos de corrupción y de crimen organizado. ¿Por qué entonces están tan interesados en nombrar a esos y no a otros?

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.