Sectores ciudadanos no enviarán a Funes nuevas listas para Instituto de Acceso a la Información

Representantes de los cinco sectores de la sociedad que proponen las ternas de los candidatos para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) advirtieron al Ejecutivo que no realizarán un nuevo proceso de elección de candidatos y pidieron al presidente de la República, Mauricio Funes, que nombre a los nuevos funcionarios de entre los 30 nombres que le fueron remitidos hace ya 10 meses.

El pasado 3 de febrero, los sectores entregaron la lista de aspirantes a comisionados y, según la ley, Funes tenía 30 días para seleccionar a los cinco integrantes propietarios y a los cinco suplentes del IAIP. Sin embargo, el mandatario resolvió que los candidatos no eran idóneos y vetó todos los nombres. Hay una controversia entre los sectores y Funes, pues el gobernante asegura que solicitó nuevas ternas, pero al menos el sector de los periodistas sostiene que eso no es cierto.

Hace dos semanas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional cuatro artículos del Reglamento que el Ejecutivo elaboró para la Ley de Acceso a la Información Pública, entre ellos la disposición que facultaba a Funes a vetar las ternas de los candidatos a comisionados.

'No los nombré porque actué de acuerdo con el reglamento y el reglamento me facultaba a vetar las ternas y pedir nuevas. Yo pedí nuevas y por capricho nadie me quiso enviar nuevas ternas, o por capricho o porque no tenían a nadie a quien proponer, yo no creo que no haya más ciudadanos o ciudadanas que puedan integrar ese instituto, pero de todas maneras yo procedí conforme al reglamento, que el reglamento fue declarado inconstitucional, bueno, entonces tendré que proceder de acuerdo con el nuevo reglamento que elabore, pero en ningún momento estoy incumpliendo la ley, ni estoy incumpliendo el compromiso de transparencia solo por no poner a funcionar el Instituto', dijo Funes, tras conocer la sentencia de la Sala.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) asegura que no se les solicitó nuevos candidatos. Es más, el presidente nunca les informó sobre las razones por las cuales consideraba no idóneas las propuestas. 'Ni siquiera oficialmente se notificó sobre el veto de las ternas, se supo nada más públicamente a partir de las publicaciones de los mismos medios de comunicación, pero de ahí que haya llegado algo oficial diciendo que estaban vetadas o que estaban rechazadas las ternas, nada... no hubo notificación oficial y ahora no se nos ha notificado nada sobre el procedimiento a seguir en esta nueva coyuntura', dice Juan Coronado, miembro de la APES y candidato a comisionado.

Rechazo de Funes a ternas de candidatos para el IAIP

La notificación que la APES dice que nunca recibió es una carta fechada el 4 de mayo de 2012. Ese día, Funes envió una misiva a las dependencias gubernamentales que coordinaron el proceso de selección de ternas (Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía) y les informa, sin mayores detalles, que los candidatos propuestos no son idóneos para el cargo: 'No obstante, las personas gozan de una trayectoria profesional notable; lo cual en ningún momento se pone en duda, los candidatos a comisionados propietarios y suplentes al Instituto de Acceso a la Información Pública sugeridos en dicha terna, no resultan idóneos para el desempeño de tan importante función'.

Las cuatro líneas en las que Funes dice que los candidatos a comisionados no son idóneos se repiten en las cinco cartas: La misma redacción, la misma puntuación, el mismo argumento. Y el cierre también es idéntico: 'Le solicito realizar nuevamente la elección de las ternas, de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes'.

El jueves de la semana pasada, El Faro llamó al secretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, para consultarle por qué la APES no fue notificada del rechazo de las ternas, pero no atendió la llamada telefónica.

En otros sectores la comunicación tampoco funcionó. El Ministerio de Trabajo tenía que notificar al sector de los sindicatos sobre la decisión de Funes de vetar las ternas. 'Personalmente, como candidato, nunca fui notificado. Todo quedó a nivel de las declaraciones públicas del Presidente. Me imagino que era lo correcto que me hubieran notificado', dice Rafael Domínguez, periodista y candidato a comisionado propuesto por el Sindicato de Maestros de Obra de la Industria de la Construcción.

La mañana del 5 de diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que el presidente Mauricio Funes invadió competencias de la Asamblea Legislativa al restringir información pública con el argumento de salvaguardar la 'seguridad política' o 'seguridad nacional', que son causales de reserva de información que no están en la Ley de Acceso a la Información Pública. Además determinó que  es ilegal que la Presidencia se atribuya la posibilidad de vetar de manera discrecional a los candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Declaradas esas inconstitucionalidades, los magistrados consignan en el documento: 'Esta sentencia no altera la validez de los procesos electorales realizados por las entidades convocantes antes del presente fallo'.

En unas declaraciones que brindó a inicios de la semana pasada, Funes dijo que no comparte los argumentos de la Sala de lo Constitucional, pero que cumplirá con la sentencia. Ese cumplimiento, sin embargo, significará más tiempo de espera para el Instituto de Acceso a la Información Pública. El escenario que plantea el mandatario es el siguiente: primero, el cambio de artículos en el reglamento y, después, la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

'Lo que declaró inconstitucional la Sala son los artículos, no la actuación del presidente. Ahora, está claro que la actuación está en base a esos artículos, entonces lo que tendría que hacer es corregir los artículos del reglamento y una vez corregidos los artículos del reglamento proceder a la elección de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo que establece el reglamento, de acuerdo a lo que establece el procedimiento establecido en el reglamento', dijo el mandatario.

Funes está girando, innecesariamente, en una rueda de caballitos. Al menos, así se puede interpretar con una explicación de la sentencia que hace Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional: 'No, no, no hay que esperar un nuevo reglamento para proceder a la elección. Para proceder a la elección no se debe hacer un nuevo artículo al reglamento, no es necesario porque el procedimiento conforme a la ley y conforme a los artículos del reglamento ya se realizó. ¿Qué anulamos nosotros? Dos cosas están anuladas: el artículo del reglamento que le habilitaba al presidente para rechazar las ternas y la actuación del presidente del rechazo de las ternas, eso no vale. En este momento, la situación está de elegir a los cinco comisionados'.

El magistrado González dice que, después de la sentencia de inconstitucionalidad, el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información está incompleto porque se anularon cuatro artículos y que el Ejecutivo puede sustituirlos de la manera que quiera, siempre y cuando no contradigan el espíritu de la sentencia. 'La situación está para elegir porque las cinco entidades convocantes ya cumplieron sus procesos internos y ya mandaron sus respectivas ternas, en algún momento en el proceso como él es la autoridad demandada alegó en su defensa que tiene que escoger al más idóneo y nosotros dijimos: perfecto, está bien, tiene margen para escoger al más idóneo dentro de la terna. Lo que no puede decir es ninguno de los tres me parece idóneo y rechazar la terna completa o, peor aún, rechazar las cinco ternas. No puede ser'.

Hace una semana, Funes dijo que espera un informe de su Secretario de Asuntos Jurídicos para determinar cuál es el siguiente paso. El posible escenario en que el mandatario más insistió es el de tener un nuevo reglamento primero para hacer la elección de comisionados después. 'Hay que ver si de lo que se trata es de corregir las inconstitucionalidades encontradas por la Sala de lo Constitucional en los tres artículos y, por lo tanto, emitir un nuevo reglamento y luego después proceder a elegir a los miembros integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido por la sentencia', dijo.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ve en las declaraciones de Funes una intención para continuar retrasando el nombramiento de los comisionados. Javier Argueta, abogado del gremio, interpreta que al establecer un nuevo procedimiento en la elección de ternas en el reglamento se les pedirá nuevas listas de candidatos. 'El presidente, sin duda alguna, va volver a pedir ternas, va a volver a pedir ternas'.

Argueta admite que en esa situación bien podría responderse enviando exactamente las mismas ternas que el presidente ya vetó, pero dice que eso no debe hacerse. 'Es que no debemos de mandarlas, el presidente está obligado, como dice la Sala, a elegir entre las ternas ya presentadas (...) Como sector empresarial se ha diseñado y entiendo que varios sectores ya no van a presentar más ternas porque es una burla que se esté pidiendo ternas porque es un proceso engorroso, es un proceso que se le exige más requisitos a un comisionado que a los mismos funcionarios de segundo grado y que a los mismos diputados'.

La Asociación de Periodistas tampoco va a hacer nueva elección, aunque sí estaría dispuesta a enviar de nuevo la lista de nombres. 'Para no darle más largas al asunto, los que estamos propuestos como APES sí vamos a seguir (en el proceso de elección de comisionados) en virtud de no retrasar más la instalación del Instituto, pero si la idea es convocar nuevamente a asamblea y hacer todo el procedimiento, creo que ahí ya no estamos dispuestos a seguir con este juego', dice Coronado.

Uno de los candidatos que representa al sector de los sindicatos también cree que no hay pretextos para pedir nuevas ternas porque la sentencia de la Sala de lo Constitucional fue como un borrón y cuenta nueva. 'Nosotros entendemos que con la sentencia todo vuelve a su condición original, no tiene que cambiarse o modificarse las ternas porque siguen vigentes. No hay razón para no hacer una selección', dice Domínguez.

En el caso de las asociaciones de profesionales se reunirán hasta enero del próximo año para discutir las repercusiones de la sentencia. José Adolfo Ayala, candidato a comisionado, dice que deben ser las asociaciones las que decidan si ratifican o cambian las propuestas de candidatos. 'Tengo interés (de ser comisionado), pero no es decisión de uno, hay que consultarlo con la Junta Directiva por si deciden cambiarlo'.

Ayala se ríe cuando se le pregunta sobre el veto presidencial a su candidatura para comisionado por falta de idoneidad. 'Todas las personas que estábamos habíamos cumplido con los requisitos, la experiencia, el trabajo... no sé a qué le llama falta de idoneidad. El reglamento no cita las características, las asociaciones consideraron que eran idóneas, ya la interpretación es otra cosa', responde quien representa a la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales.

Mauricio Vásquez López, propuesto para comisionado por las universidades privadas, agrega que una nueva elección de ternas no procede porque el reglamento fue declarado inconstitucional en los puntos que llevaron al gobernante a vetar. Él considera que el argumento de falta de idoneidad de los candidatos fue como la alfombra para ocultar otros errores que cometió la Presidencia de la República como el incumplimiento de los plazos: el Instituto debía estar conformado el 4 de noviembre del 2011, pero el proceso de convocar a los sectores que proponen es responsabilidad del Ejecutivo y esto se prorrogó hasta enero de 2012.

'Él (Funes) buscó esa cobertura legal que le da el reglamento para decir que ninguna de las 30 personas que habían propuesto y elegido democráticamente los sectores sociales era idóneo, siento que fue una mezcla que se le venció el terminó para nombrar según la ley y también se le olvidó que al entrar en vigencia la ley también entraba en vigencia instituciones como el IAIP que requerían un presupuesto, el cual no contó en el año 2012'.

Funes reconoce la falta de presupuesto como una de las limitantes para el Instituto, pero invita a desarrollar un 'sentido político' para matizar las críticas. 'Pongamos que luego de recibir las ternas yo hubiese aceptado las ternas y hubiese elegido a los integrantes del Instituto, es un instituto que hubiera nacido muerto, únicamente con los funcionarios nombrados, sin que pudieran ejercer sus funciones porque no tendrían salario (...) no tendrían presupuesto ni para lo más elemental como tener un local, pagar el agua, la luz, el internet, el servicio telefónico, la gasolina en que se moverían ellos y sus auxiliares. ¿Qué sentido tenía? Hay que ver el sentido político para aquellos que critican'.

Lo que el presidente no dijo fue que la responsabilidad de incluir el presupuesto del IAIP para el año que está finalizando era de él, porque la ley estaba vigente desde mayo de 2011. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, envió un proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa que no incluía fondos para el Instituto.

Falta de recursos económicos, falta de idoneidad de los candidatos y ahora la discusión sobre el nuevo reglamento son las piedras de tropiezo para la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Argueta, el abogado de la ANEP, dice que la Presidencia tiene 'razones oscuras' para no nombrar al Instituto: evitar la fiscalización. Coronado, de la APES, repite la misma idea con otras palabras: 'La interpretación que hemos hecho es que simple y sencillamente, como se dice en vox populi, nadie quiere que le estén contando las costillas. Lo está retrasando porque no quiere que le estén fiscalizando'.

Sala prepara otra sentencia

La Sala de lo Constitucional alista una segunda sentencia relacionada con el tema de acceso a la información pública. Ese tribunal concluyó el trámite de un amparo presentado por Ramón Villalta, de la oenegé Iniciativa Social para la Democracia, que denunció una violación a sus derechos constitucionales por los atrasos de la Presidencia de la República en el nombramiento del Instituto de Acceso a la Información Pública.

El  9 de mayo pasado, un año y un día después de que entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública, Villalta presentó solicitudes a cinco ministerios sobre la participación ciudadana y sus mecanismos, pero no le fue facilitada. El siguiente paso, según la Ley de Acceso a la Información Pública, sería acudir al Instituto, pero Funes aún no ha seleccionado a los comisionados.

'Debido al incumplimiento del Presidente de la República en cuanto al nombramiento de los comisionados del IAIP, no contamos con la garantía constitucional necesaria para el adecuado ejercicio de nuestro derecho de acceso a la información', reza el documento.

'Ese amparo termina su trámite y quedará para sentencia en enero. En enero podemos emitir ya la sentencia de este caso, está en su última etapa', cuenta el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.

Si la Sala determina que la Presidencia de la República violó el derecho de Villalta, el ciudadano puede demandar a Funes ante los tribunales civiles y pedir una indemnización; una segunda posibilidad es que para resarcir la violación de los derechos constitucionales del demandante se nombre de inmediato al IAIP.

La semana pasada, Funes aprovechó una pregunta sobre la sentencia de inconstitucionalidad del reglamento de acceso a la información pública para cuestionar al ISD, la organización que lo ha demandado ante la Corte por el IAIP. 'Lo que pasa es que muchas de las instituciones que hacen estas críticas viven del financiamiento externo que les dan algunos cooperantes para ser críticos sino no tienen fondos y no existen (...) para que el IDHUCA siga existiendo, para que la Iniciativa Social para la Democracia siga existiendo tiene que plantear como que en el país se viola los derechos humanos, como que en el país no hay transparencia', criticó el mandatario.