La crisis institucional ha vuelto a Honduras. O probablemente nunca se fue. El presidente Porfirio Lobo acusó la semana pasada a un empresario mediático de conspirar con otras personas para derrocarlo, evidenciando que el país vecino sigue en una grave crisis que no se resolvió con la salida del gobierno golpista de Roberto Micheletti.
Las Fuerzas Armadas, ejecutoras finales del golpe de 2009, han salido ahora acuerpando al presidente Lobo, lo que le otorga un pequeño margen de maniobra al menos mientras la actual jerarquía militar permanezca al frente. Y hacer la denuncia pública, al menos, sirve para alertar a la comunidad internacional y llamar su atención antes de que sea, como en el caso del ex presidente Manuel Zelaya, muy tarde.
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Pero no es mucho. Lobo no cuenta ni siquiera con el apoyo incondicional de su propio partido, dividido por las elecciones internas para seleccionar el candidato a las próximas elecciones presidenciales. A ello se suma ahora el enfrentamiento directo con la Corte Suprema de justicia -que debe resolver esta semana sobre la ley de referéndum que impulsa Lobo-, y el Congreso, sobre el que poca influencia tiene ya desde la división de su partido.
El aislamiento interno de Lobo, y las conspiraciones que ha denunciado para derrocarlo, parecen relatar una coyuntura que dificulta el verdadero diagnóstico: las fuerzas que orquestaron el golpe de Estado de 2009 siguen controlando el poder político y económico de Honduras, bloqueando cualquier posibilidad de cambio en uno de los países más pobres, más desiguales, más corruptos y más violentos del mundo. Ahora, además, punto crucial en la ruta del narcotráfico desde América del Sur hasta México y Estados Unidos.
Debajo de esta primera capa hay un submundo de corrupción, violencia y crimen organizado: la policía está compuesta por muchos miembros de bandas criminales; la elite económica cuenta con su propio ejército de guardias privados con los que combate los alzamientos campesinos y el Estado no tiene capacidad para administrar los conflictos sociales y la demandas de tierras de organizaciones campesinas; el ejército posee control oficial sobre el espacio aéreo más penetrado en Centroamérica por las narcoavionetas. La situación de impunidad y la incapacidad del gobierno para hacerle frente ha convertido también a Honduras en uno de los tres países latinoamericanos, junto a México y Brasil, con más periodisas asesinados (casi treinta desde el golpe de Estado).
Las elites, los políticos y el Ejército que orquestaron el glope de Estado de 2009 pusieron a Roberto Micheletti como presidente interino, para que “restaurara” el orden institucional a la hondureña; es decir, para que devolviera a los principales grupos empresariales el control patrimonial del Estado y a los políticos el favor de la hacienda pública y los privilegios e impunidad de la representación institucional.
Pero el golpe también desató la organización de movimientos sociales, ambientalistas y campesinos; y una gran presión internacional que obligaron al siguiente mandatario, Porfirio Lobo, a gobernar atendiendo las nuevas realidades. La reforma policial no fue un plan gubernamental sino la reacción política al asesinato de unos estudiantes, un crimen perpetrado por agentes policiales que conmovió a Honduras y al resto de la región. La depuración policial, a la que se opuso la Corte Suprema, ni siquiera pudo ser ejecutada debidamente por el gobierno.
Las promesas del mandatario de otorgar tierras a campesinos obedece también más a la necesidad de una respuesta política coyuntural que a una visión de Estado: es una declaración para calmar a miles de campesinos instalados en los latifundios cuyos propietarios les han mantenido durante décadas en la miseria, la opresión y la imposibilidad de reclamar sus derechos más elementales.
Pero los intentos de Lobo por hacer mínimas transformaciones en Honduras han bastado para ser considerado un traidor por la elite hondureña, la más rancia y feudal de América Central.
Si hoy Honduras vuelve a estar en crisis es porque la salida de Micheletti no significó la salida, ni el retroceso, de los grupos que orquestaron el golpe de Estado. Estas fuerzas tienen aún tal poder que solo pueden ser frenadas con contundentes advertencias de la comunidad internacional.
Aquí, otra vez, el gobierno salvadoreño tiene la oportunidad de enviar un mensaje inequívoco, mucho más claro que el que envió, o no envió, cuando al recién investido presidente Funes le tocó lidiar con el golpe de 2009.
