Desde su incorporación a la vida política, el FMLN exigió a los 4 gobiernos de ARENA transparencia y se quejó de la utilización de subterfugios legales y de la falta de información pública especulando en no pocos casos que ello podía ocultar actos de corrupción.
Mauricio Funes, siendo candidato presidencial del FMLN, prometió combate abierto a la corrupción y un gobierno transparente, lo que reivnidicó en su discurso de toma de posesión.
Parecía, en aquellos momentos, que partido y candidato tenían claro que una democracia requiere contrapesos y que el ejercicio ético del gobierno no puede residir en declaraciones, sino que debe institucionalizarse a partir de que los ciudadanos puedan tener acceso a información sobre lo que sus gobernantes hacen con los fondos del Estado.
Funes, el presidente, abrió una subsecretaría de Transparencia y su partido introdujo una ley de Transparencia y Acceso a la Información considerada como ejemplar en muchos sentidos, pero que requería de instrumentos reales para garantizar su cumplimiento. Y aquí fue donde partido y mandatario traicionaron sus propios principios: Pospusieron la entrada en vigor de la ley y desde entonces han hecho todos los esfuerzos posibles para evitar que la ley pueda verdaderamente funcionar.
El Ejecutivo se negó a nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y clasificó como reservada la información de Casa Presidencial en casi cualquier rubro, como la referida a los gastos de Publicidad, aunque no tengan ninguna relación con la Seguridad Nacional, contraviniendo el sentido de la ley.
Desde la Asamblea, el FMLN, a través de la presidencia, clasificó como confidencial incluso aquella información referida a la adquisición de obras de arte, y en un madrugón a la usanza tradicional de las administraciones anteriores de ARENA y el PCN, introdujo en la primera hora del viernes pasado reformas a la ley que restan toda facultad al Instituto de ordenar a los funcionarios entregar información que considere erróneamente clasificada como reservada, y tampoco podrá ya resolver controversias sobre la clasificación de esta información. En otras palabras, no tendrá ya ninguna utilidad.
Las reformas aprobadas con los votos del FMLN, PCN y GANA son el último atentado contra una ley que significaba un avance importantísimo en el proceso democrático y la satisfacción de un derecho fundamental de los ciudadanos; y la confirmación de que ni el presidente ni su partido creen de verdad en la transparencia ni están comprometidos con ella.
Incluso si Funes vetara las reformas, su negativa a nombrar a los Comisionados tiene como fin extenderse al menos hasta agotar su periodo presidencial, lo que evitaría que su gobierno se vea regulado en materia de transparencia y acceso a la información.
Es decepcionante confirmar que, una vez instalado en el poder, el FMLN se comporta igual que el partido al que criticó durante tantos años, con los mismos celos para mantener en la opacidad el ejercicio del gobierno incluso en sus partes más triviales. Y que lo haga en complicidad con el presidente que prometió cambiar la forma de gobernar. Probada ya la falta de voluntad del sistema político, solo resta la presión ciudadana para obligarlos a avanzar en la rendición de cuentas.
