Los procesos de construcción democrática en una sociedad tienen varias expresiones. Una de ellas es la constante tensión entre el poder y la exigencia al mismo, por parte del periodismo responsable, de rendición de cuentas. Es decir, por parte del periodismo que aspira a aportar a la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más transparente y más participativa mediante un trabajo permanentemente crítico de los poderes oficiales y los poderes reales.
Nuestra insistencia en exigir información sobre gastos públicos nos granjearon, durante varias administraciones en manos del partido ARENA, constantes acusaciones de militancia “comunista” o afinidad con el principal partido de oposición, el ex guerrillero FMLN.
Ahora que el FMLN ocupa el poder, se ha vuelto cada vez más frecuente que sus funcionarios o diputados traten de desacreditar los señalamientos y exigencias de información de El Faro con el burdo argumento de que servimos a los intereses de la derecha política. En estos tiempos, los nuevos gobernantes, en el Ejecutivo y el Legislativo, nos llaman “derechistas” y “areneros”.
Las voces de unos y otros han tropezado siempre, sin embargo, con la evidencia del trabajo periodístico que El Faro ha mantenido desde su nacimiento hace quince años, en 1998, y en el que se sostiene su credibilidad. En este tiempo, este periódico exigió mayor transparencia en sus finanzas a los gobiernos de Francisco Flores, Antonio Saca y hoy al de Mauricio Funes. La respuesta de las tres administraciones ha sido similar: negativas y campañas de descrédito. El entonces presidente Flores, por ejemplo, insistió durante todo su gobierno en que no conocía El Faro y por tanto no podía darnos información. Y no nos la dio.
Cuando a la Casa Presidencial de Antonio Saca le solicitamos sus gastos de publicidad, la respuesta fue una carta en la que nos advertían que la publicidad gubernamental servía para mantener medios de comunicación, pero no brindaban ninguna información. Cuando se la solicitamos a la de Mauricio Funes lo mismo, respondió simplemente que era información reservada porque podía afectar a algunas agencias de publicidad. En ambos casos, los gastos de propaganda y publicidad se le ocultaron al público.
En las últimas semanas, el actual presidente, Mauricio Funes, ha hecho referencia en varias ocasiones a El Faro en sus discursos radiofónicos sabatinos, en los que ha dedicado buena parte del tiempo a exponer su postura sobre el litigio entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa pública italiana Enel por el control accionario de otra empresa pública salvadoreña: La Geo. Funes ha destacado en varias ocasiones que uno de los implicados en el caso, Jorge Simán, es “propietario del periódico digital El Faro” y, en su más reciente programa, acusó directamente a este periódico de guardar silencio sobre el litigio para encubrir la presunta “culpabilidad” -en un supuesto delito de estafa a los intereses nacionales- de Simán, uno de nuestros accionistas y director comercial de este periódico.
Las decisiones tomadas por Jorge Simán, durante su desempeño como director de La Geo y miembro de la junta directiva de CEL hasta 2008, son totalmente ajenas a su labor como copropietario y director comercial de El Faro. Él ya se ha pronunciado públicamente y a título personal sobre esas decisiones y será quien tenga que sostenerlas ante las autoridades ahora que la Fiscalía y la Asamblea han abierto una investigación.
Jorge Simán nunca ha tratado de influir en la linea editorial de este periódico con fines personales, y este caso no ha sido distinto. No ha participado en ninguna de las discusiones que el consejo editorial y la redacción del periódico han sostenido para decidir cómo dar tratamiento periodístico a este tema. No lo hizo antes y no lo ha hecho ahora.
Al contrario de lo que ha manifestado el presidente Funes, El Faro ha publicado en varias ocasiones, durante los últimos años, notas o reportajes acerca del largo conflicto entre CEL y Enel y ha recogido la voz de todos los implicados desde 2008, cuando anunció la demanda internacional de arbitrio interpuesta por Enel; en julio de 2011 publicó una nota que recogía la sentencia de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, en contra del Estado salvadoreño; y pocas semanas después otra más en la que se explicaba ampliamente la decisión del Estado de impugnar esta sentencia y ampararse, si fuera necesario, en la justicia salvadoreña para mantener el control de La Geo. Ya en esa nota se hacía referencia a la posibilidad de que el Estado emprendiera acciones legales contra la administración de Guillermo Sol Bang al frente de CEL. Si algún lector desea volver a esa nota verá que ya entonces, en las páginas de El Faro, se consignaron por parte de la adminsitración CEL, los mismos argumentos que hoy esgrime el presidente Funes. La única diferencia ahora, un par de años después, es que es el mandatario el que ha hecho suyo el tema. En otras palabras, es un asunto político ahora, uno que aún intentamos entender. Porque la parte informativa la cubrimos desde un principio.
En este largo conflicto, del único hecho del que El Faro no informó, y pensamos que debió hacerlo, es del nuevo fallo emitido en enero de 2013 por la Cámara Internacional de Comercio, en el que rechaza el recurso de nulidad presentado por CEL y reafirma su sentencia en contra del Estado salvadoreño.
Otras publicaciones de El Faro también se han referido a la gestión de CEL o a sus actuales responsables: en el reportaje “La cosecha del gabinete comenzó en CEL”, publicado en junio de 2009, destacamos la decisión de Funes de mantener a Nicolás Salume al frente de la autónoma después de reconocer que el padre de éste fue uno de sus principales financistas de campaña. En aquella ocasión, el que fuera gerente de campaña de Funes, el dirigente efemelenista Roberto Lorenzana, declaró que le parecía “poco ético” haber puesto a Salume al frente de CEL.
Más recientemente, en septiembre y noviembre de 2012, las notas “Un silencio de CEL valorado en $108 millones” y “CEL pagó $28 millones a constructora sin aclarar quién falló en presa El Chaparral” revelaron la negativa de la actual administración de la autónoma a explicar las razones por las que pagó más de cien millones de dólares a la empresa Astaldi en vez de ir a un arbitraje internacional por las obras inconclusas de la presa El Chaparral.
El ejercicio periodístico está, por naturaleza, sometido al escrutinio de la sociedad, y en su calidad de ciudadanos los funcionarios públicos tienen derecho también a evaluarlo y cuestionarlo. El Faro nunca ha huído de las críticas a su trabajo ni ha negado una disculpa por sus errores cuando los ha cometido. Intentamos ser transparentes en nuestra relación con nuestras fuentes y con nuestros lectores.
Sin embargo, las acusaciones del presidente parecen ser, más que una observación a nuestra labor, un intento de ataque a nuestra credibilidad basado en sus intereses estratégicos.
Que el presidente haga uso del aparato de propaganda del Estado, financiado con fondos públicos, para cuestionar la honestidad de El Faro es un evidente abuso del poder que le confiere el cargo y una invitación a establecer un pulso desigual con un medio de comunicación independiente e incómodo para el poder. No vamos a aceptar esa invitación.
El caso LaGeo-Enel es ahora ya investigado por la fiscalía y por una comisión legislativa. Esperamos que se permita la acción debida de la institucionalidad del Estado, y que esta se extienda a todas las administraciones de la CEL, cuyo ejercicio urge de auditorías independientes. En este caso, como en todos los demás, esperamos que sea la justicia bien administrada la que determine responsabilidades.
Nosotros seguiremos exigiendo, a este gobierno y a los venideros, que nos rindan cuentas sobre la utilización del aparato de Estado. Porque eso no les pertenece a ellos sino a todos. De eso se trata una República.
