En España un auténtico tsunami político ha sacudido la realidad sociopolítica del país y no se sabe en realidad si las cosas son o no, como se denuncian en los diarios El País y en El Mundo sobre si la cúpula del partido gobernante Partido Popular ha cobrado en negro miles de euros durante años. Lo que sí está ya acreditado es que el tesorero del PP tenía una cuenta en Suiza, no declarada a la hacienda española con 22 millones de euros. Y a pesar de que el Presidente haya puesto sus declaraciones de hacienda a la luz de todos, sus frases siguen siendo ambiguas. Declara “que lo que se señala es falso, salvo algunas cosas”, cuando lo lógico fuera que dijera esto y esto es falso y esto esto y esto es verdad. Y al ver las declaraciones de hacienda del presidente se observa que mientras se pedía contención a los españoles, se le subían los impuestos, y se bajaba y congelaba los salarios públicos y las pensiones, a él su partido le subía el salario el 22%.
La democracia es participación pero también es transparencia, y formas.
El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, editado en el 2001 reconocía que los ciudadanos “tienen cada vez menos confianza en las Instituciones y en los políticos, o simplemente no están interesados en ellos”
En la Unión Europea, países como España, Grecia, Portugal, Irlanda… entre otros, sus ciudadanos una y otra vez contestan en sus encuestas que la clase política se ha convertido en una casta que solo le interesa su propio mundo y no son capaces de conectar con los problemas reales de los ciudadanos que los han votado.
“Buscan antes su propios intereses o los de su partido que el bien de los ciudadanos (71%) y 'anteponen los intereses de las multinacionales, los bancos y los grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos (66,7%). Solo el 1% de los encuestados opina que los hombres públicos tienen en cuenta sus ideas e inquietudes”.
En algunos países la ética social ha llevado a que un político, varón o mujer, dimita por que por error pagó con la tarjeta oficial una cosa privada, de menos de tres euros (Dinamarca) o porque plagió su tesis doctoral aunque ello haya ocurrido hace treinta y tres años,(Alemania).
En otro país otro político dimite porque mintió en una denuncia de tráfico, aunque ello haya ocurrido hace ocho años (Reino Unido). En otros países los políticos son imputados por haber metido la mano en la caja pública y haber sido sobornado y no solo no dimiten sino que reciben el apoyo de su partido y se les mantiene en cargos de máxima responsabilidad política (España, Italia).
En otros países a pesar de que más de un político haya sido imputado por delitos varios y condenado pero como la sentencia no es firme sigue estando en la política y sigue siendo candidato. (Italia, Grecia).
Si cambiamos de continente, en otros países los políticos ponen trabas continuamente a la transparencia y a la información y niegan a la prensa libre el acceso a documentos y a contestar las preguntas de la prensa democrática. Ello ocurre muy frecuentemente en países, de Asía, Iberoamérica.
Da la impresión de que demasiados políticos son partidarios de la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.”
No se tiene en cuenta que ya en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que forma parte del derecho reconocido en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión e información) el acceso a la información.
Así mismo se ignora que debe cumplirse desde el año 2009 el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos que afirma: “el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: i) proporciona una fuente de información para el público; ii) ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; iii) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”. La premisa básica es que “todos los documentos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos”.
En la UE la Carta de Derechos Fundamentales reconoce, como derecho de ciudadanía, que todo ciudadano o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión” y al “el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones está ligado al carácter democrático de éstas”.
