Durante años, el FMLN acusó a los gobiernos areneros de permitir que empresarios y hombres afines al partido se beneficiaran del Estado. Cuando Mauricio Funes, su candidato, asumió la presidencia de la República, repitió su promesa de campaña y dijo que estas prácticas habían terminado para siempre.
Hoy sabemos que Miguel Menéndez 'Mecafé', uno de los hombres que más lo apoyaron en su campaña, es también el empresario de seguridad privada que más se ha beneficiado con contratos del Ejecutivo, como lo hiciera en el gobierno anterior el director departamental de Arena en San Salvador, Adolfo Tórrez.
Menéndez es una persona muy cercana al presidente. A pesar de no ostentar ningún cargo público tras su renuncia como Presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, tiene mayor acceso al mandatario que muchos miembros del gabinete, lo que le convierte en un hombre muy influyente y clave en la operatividad política del círculo presidencial.
El hecho de que la mitad de los contratos del Ejecutivo hayan sido asignados a este empresario es contrario al discurso presidencial, particularmente el de su campaña, que ha recuperado en las últimas semanas vetando las limitaciones que el FMLN pretendía imponer al Instituto de Acceso a la Información y nombrando por fin a los miembros de ese Instituto.
'Precisamos hacer una revolución ética', dijo Funes en su toma de posesión. 'El bien público no puede ser confundido con el bien personal y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y democrática'. Inmediatamente después, el presidente recién investido agregó aquel 1 de junio de 2009: 'Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno'.
Hoy es su propio partido, el mismo que intentó quitar todas sus facultades a la Ley de Transparencia, el que señala la falta de combate a la corrupción en Casa Presidencial.
Si el discurso sobre transparencia del presidente representa realmente su visión del Estado, haría bien en explicar por qué uno de sus más cercanos allegados se ha beneficiado tanto de su gobierno; y en ordenar una investigación de las asignaciones contractuales a la empresa COSASE, que custodia desde la cancillería hasta los parques arqueológicos.
Pero también deberían actuar las instituciones a cargo de indagar y rendir cuentas sobre estas situaciones, entre ellas la Corte de Cuentas y la Subsecretaría de Transparencia.
Ojalá que el entusiasmo renovado por la transparencia que ha manifestado el mandatario en las últimas dos semanas le permita abrir el camino para transformar los viejos hábitos, que denunció hace tres años, en una verdadera reforma estatal que ya no deje muchos espacios para la corrupción y el abuso de los privados más cercanos al presidente de turno. Ya no le queda mucho tiempo a Funes para cumplir con sus promesas. Y para darnos explicaciones de cómo se administran nuestros fondos.
