Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Después de varias semanas en las que el inicio estuvo en entredicho, con continuos cambios de fecha, este martes 19 de marzo se abrió al fin el histórico juicio contra el octogenario dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de casi 1,800 indígenas durante su régimen (1982-1983), delito por el que puede ser condenado a medio siglo de reclusión.
“En este momento se declara abierto solemnemente el presente debate” oral y público, afirmó la jueza Jasmín Barrios, titular del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A de Ciudad de Guatemala.
“En el juicio vamos a probar que se implementaron planes militares contra la población indígena, hubo charlas motivacionales a los altos militares y se ordenaron estrategias contra la lucha contrainsurgente”, sostuvo el fiscal Orlando López en el inicio de su presentación.
La apertura del juicio, que se prolongará varios meses, se realizó con casi dos horas de retraso debido a una serie de siete amparos y objeciones presentadas por los defensores, que debieron ser analizadas una a una por los jueces, incluyendo un pedido del general Ríos Montt de ir a los sanitarios.
El exdictador, de traje oscuro y corbata con pequeños puntos blancos, lució todo el tiempo con rostro adusto, sentado en medio de sus dos abogados defensores.
El general Ríos Montt, de 86 años, está siendo juzgado por la ejecución de 1,771 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché durante su mandato, en lo más cruento de una guerra que se prolongó por 36 años (1960-1996) y que dejó 200,000 muertos o desaparecidos, según cifras avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el juicio, en el que declaran 130 testigos y casi un centenar de peritos, también está acusado por genocidio el general retirado José Rodríguez, exmiembro de la cúpula castrense de entonces.
Además de la jueza Barrios, integran el tribunal los magistrados Pablo Xitumul y Patricia Bustamante.
Cinco horas después de iniciado el proceso, Barrios decidió convocar para el miércoles a las partes, día en el que está previsto que los peritos presentados por la defensa presenten sus argumentaciones. En el primer día del juicio dos testigos de masacres rindieron testimonio, mientras que el general Ríos Montt se abstuvo de declarar.
La jueza Barrios además separó al defensor Francisco García del exdictador, nombrado tres horas antes en sustitución del exguerrillero Danilo Rodríguez, porque intentaba bloquear el proceso. García calificó como “una aberración” la decisión de la magistrada, de quien se ha declarado su “enemigo”.
Tendrán que escuchar a las víctimas
La jueza Barrios pidió a los dos militares procesados que asistan a todas las audiencias, o de lo contrario los consideraría “en rebeldía” y los obligaría a presentarse bajo custodia policial, dado que el general Ríos Montt está en arresto domiciliario y Rodríguez internado en el hospital militar.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, un general retirado que combatió a la guerrilla, negó el martes en improvisada rueda de prensa que durante el conflicto armado se cometiera genocidio en el país: “En Guatemala no hubo genocidio, porque si usted lee la figura, lo que significa genocidio, usted mismo se va a dar cuenta de que eso no ocurrió en Guatemala”.
“Yo estoy diciendo lo que leí, lo que conozco y lo que he tratado de investigar sobre el tema de lo que verdaderamente ha sido genocidio”, insistió Pérez, quien firmó en 1996 en nombre del Ejército la paz, que puso fin al conflicto armado. No obstante, comentó que lo importante en este caso es “la aplicación de la justicia”.
La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (ubicada en Zona 1, el centro histórico de la ciudad) estaba abarrotada con unos 500 asistentes, entre ellos mujeres indígenas con sus trajes tradicionales, activistas de derechos humanos, comunidad internacional, exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civoc (Pac) y familiares de militares.
El inicio del juicio ha sido calificado de histórico por grupos de derechos humanos en un país en el cual el 98% de los casos criminales quedan impunes, según la ONU.
“El procesamiento de un general por estos delitos aberrantes a 30 años de ocurridos los hechos constituye un testimonio de la valentía y la tenacidad de las víctimas y organizaciones humanitarias de Guatemala”, dijo Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, que participa como observador.
Afuera de la Corte, un grupo de activistas de derechos humanos lanzaba consignas contra el exdictador, mientras que otro grupo, integrado por exparamilitares, con pancartas y altoparlantes, aseguraban que en Guatemala no se cometió genocidio.
“Tenemos derecho de alzar la voz, los guerrilleros también mataron hombres”, gritó Adán Ramírez, un exparamilitar junto a una docena de viudas de soldados.
“El comunismo financia la destrucción de la unidad nacional”, “Acusados falsamente dispuestos a la defensa de Guatemala”, “Otto Pérez dijo: no hubo genocidio en Guatemala”, señalaban pancartas del grupo denominado “Amigos del Ejército”.
A pocos metros de ellos, activistas de derechos humanos con el sonido de tambores afirmaban lo contrario. “Porque aunque lo quieran negar, sí hubo genocidio”, indicó la defensora de derechos humanos, Sandra Morán.
© Agence France-Presse
--------------------------------------------------
Si le interesa el tema, puede consultar Juicio por genocidio, un especial elaborado por el periódico digital guatemalteco Plaza Pública.
