Fiscalía toma riendas de investigación del contrato CEL-Enel

La Fiscalía General de la República presentó el jueves pasado a los miembros de la comisión especial conformada para investigar el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power. La Comisión es independiente de la conformada en la Asamblea Legislativa con el mismo propósito, aunque la Fiscalía ha dejado claro que las conclusiones legislativas o las del mismo presidente Funes, que ha emprendido una campaña personal denunciando el acuerdo, son solo opiniones: 'La que define la situación final es la Fiscalía', dijo el abogado Saúl Morales, uno de los tres miembros del equipo investigador creado por el fiscal Luis Martínez. Los otros dos integrantes son Guillermo Alexander Parada y Nelson Armando Rodríguez. 

A inicios de febrero, Funes, quien ha llamado 'gran estafa' al acuerdo entre CEL y Enel firmado en 2002, anunció el propósito de resistirse a lo que han resuelto dos tribunales internacionales consecutivamente, que le dan la razón a la compañía italiana en sus pretensiones de capitalizar sus inversiones en LaGeo, lo que eventualmente le daría mayoría accionaria.

En 2008, cuando Enel propuso una inversión superior a los 100 millones de dólares que le permitirían poseer el 53 % de LaGeo, el gobierno del presidente Antonio Saca se opuso y eso dio lugar a que la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en Francia, entrara a dirimir el caso. En septiembre de 2011 determinó que CEL debía permitir la inversión requerida por Enel, y ante la apelación de CEL, en enero pasado el Tribunal de Apelaciones de París ratificó el fallo de la Corte de Arbitraje favorable a Enel.

En su programa de radio de los sábados, Funes explicó hace más de un mes el propósito de su gobierno: “Vamos a presentar una demanda judicial donde solicitaremos la nulidad del acuerdo de accionistas y sus posteriores modificaciones. Vamos a recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para que ahí se dirima el conflicto”.

El abogado morales, miembro de la Comisión Especial de la Fiscalía, se expresó en estos términos el mismo día de su nombramiento: “La Fiscalía va a decidir qué acciones se van a tomar porque la Fiscalía es el apoderado del Estado”.

—¿El Ejecutivo, entonces, no puede pedir la nulidad del acuerdo?

—El Ejecutivo puede dar opinión y hacer las consideraciones que crea convenientes, pero la Fiscalía goza de autonomía para hacer sus propias investigaciones y al final va a ser ella la que va definir qué acciones va a tomar.

El Faro preguntó a CEL si ya presentó esa demanda de nulidad o cuándo la presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Al cierre de esta nota la institución no había respondido a la solicitud de información.

Además de la petición de nulidad, el presidente de CEL, Leopoldo Samour, presentó un aviso de supuestas irregularidades en el acuerdo con los italianos. El fiscal general, Luis Martínez, dijo que ese aviso provocó la apertura del expediente y la creación de la comisión. Sus integrantes, aclaró el fiscal Martínez, tienen experiencia en arbitrajes pero “no son fiscales, por eso van a ser asignados a una directora fiscal, de la Unidad de Intereses del Estado”.

La otra Comisión Especial para investigar el acuerdo, la de la Asamblea Legislativa, definió la semana pasada una lista de documentos que se solicitará a CEL, así como una lista de exfuncionarios y funcionarios de CEL que deberán declarar ante los diputados sobre la forma de cómo se seleccionó a Enel como socio estratégico de LaGeo.

El origen de la controversia data de noviembre de 1999, cuando en aplicación de la Ley General de Electricidad emitida por la Asamblea Legislativa, los activos de CEL fueron separados, se creó una empresa subsidiaria para el área de la generación geotérmica de electricidad, llamada Gesal, que luego cambió su nombre a LaGeo. La CEL argumentó que no tenía capacidad para invertir en la exploraión y desarrollo de la energía geotérmica en El Salvador y hacía falta un socio estratégico para invertir. 

En 1999, CEL contrató los servicios del Deutsche Bank para asesorar en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para LaGeo. El banco nombró a Peter Vonk, un holandés residente en Venezuela, para recomendar varias alternativas para la creación de un asocio público privado.

La comisión especial de la Asamblea acordó solicitar a CEL el informe del Deutsche Bank en el que se plantearon tres recomendaciones para mejorar la producción de energía geotérmica en el país. Los diputados también programaron la declaración de funcionarios y exfuncionarios de CEL que intervinieron en el acuerdo.

La primera propuesta era citar al exministro de Economía, Miguel Lacayo. Sin embargo, los diputados pospusieron su citatorio porque recibieron una solicitud de Maurizio Bezzechheri, representante de la empresa Enel, quien aprovechando un viaje al país pidió que la comisión lo escuche este 6 de marzo. La declaración del exministro Lacayo se pospuso para el 13 de marzo.

Lacayo es una de las personas que más han sido mencionadas por el presidente Funes en sus declaraciones públicas porque envió una carta al entonces presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, en la que recomendaba que la búsqueda del socio estratégico fuera dirigida por la junta directiva de Gesal. Esa búsqueda terminó con el contrato entre CEL y Enel que, amparado en la Ley General de Electricidad, dispuso conceder al socio estratégico la posibilidad de llegar a controlar LaGeo.

A finales del año pasado, la Sala de lo Constitucional resolvió que la potestad dada a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de otorgar concesiones como la explotación de la energía geotérmica era inconstitucional, pues esa tarea corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.

Entre las personas a quienes Funes ha mencionado reiteradas veces cuando habla de la 'gran estafa' están, aparte de Sol Bang y Lacayo, el expresidente de LaGeo, Jorge Simán Zablah (que es accionista de El Faro) y el ex Director Ejecutivo, José Antonio Rodríguez. 

El fiscal general, Luis Martínez, dijo que la investigación de la comisión ad hoc abarcará más de una década, “desde la fecha del contrato hasta el día de hoy”. A Morales se le preguntó si la investigación incluirá la gestión de los cuatro últimos presidentes de CEL, Guillermo Sol Bang, Nicolás Salume hijo, Irving Pavel Tóchez y Leopoldo Samour. El primero, como firmante del contrato y los otros, que decidieron incumplir el contrato y luego rehusarse a atender los fallos de la Corte de Arbitraje de París y del Tribunal de Apelaciones. 'Habrá un marco histórico de investigación que aún no está definido', dijo.

Los últimos tres presidentes de CEL fueron personas ratificadas o nombradas en el cargo por el gobierno de Funes. El Ejecutivo comenzó a denunciar una “privatización encubierta” y supuestas irregularidades en la licitación y contratación del socio estratégico luego de perder la apelación en enero pasado.