La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo contra la Oficial de Información de la Asamblea Legislativa, Cecilia Menjívar, por negar información y omitir respuesta a un ciudadano que pedía datos sobre la compra de arte en el Órgano Legislativo y el uso de fondos públicos para comprar regalos a los diputados y licor. Los magistrados, en su resolución de este miércoles 6 de marzo, ordenaron a la Asamblea resguardar la información requerida por el demandante mientras resuelve el caso de supuesto atropello al derecho a la información.
La oficial de información respondió el pasado 30 de enero a Roberto Burgos, del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), que los acuerdos de junta directiva que aprobaron la compra de obras de arte entre octubre y diciembre de 2012 eran información confidencial, debido a que, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), los datos personales sensibles deben mantenerse protegidos. Con esa justificación, la Asamblea denegó la entrega de copia de los acuerdos, y en la misma resolución dijo que el inventario que respalda el número y tipo de obras de arte adquiridas es inexistente. Esto último motivó que Burgos pidiera amparo ante la Sala de lo Constitucional porque considera vulnerados sus derechos de acceso a la información y de petición, establecidos en los artículos 6 y 18 de la Constitución.
La demanda fue admitida con la firma de cuatro de los cinco magistrados de la Sala. El presidente de la Sala y de la Corte, Salomón Padilla, se abstuvo de votar, según dijo porque a su juicio debería ser el Instituto de Acceso a la Información el que atienda esta situación. Considera que admitir el amparo 'sin que haya una sentencia estimatoria en el proceso de amparo' significa acceder, prácticamente, a las pretensiones de los demandantes. Padilla es un abogado que ha trabajado con el FMLN y que fue gerente legal de Alba Petróleos, la empresa de capital salvadoreño-venezolano fundada por las alcaldías efemelenistas y el proyecto de cooperación internacional del gobierno de Venezuela.
En la resolución de admisión, el tribunal ordena como medida cautelar a los diputados de la junta directiva que tomen medidas especiales de resguardo de la información solicitada por el Alac, de la que deberán entregar en 10 días una copia de seguridad a la Sala que mantendrán como confidencial mientras se emita la resolución final del proceso. Asimismo, se le ha otorgado un plazo de 24 horas a Menjívar, para que rinda un informe en el que confirme o rechace la actuación que se le atribuye en cuanto a denegar la información pedida y en cuanto a omitir una respuesta en el caso del inventario. La medida cautelar responde al artículo 85 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.
Este jueves, ante la notificación de la Sala, el tema de la inversión en arte seguía debatiéndose en el ámbito legislativo. La discusión entre parlamentarios seguía arrojando respuestas inconclusas sobre el paradero de las piezas adquiridas por la institución desde 1996. Mientras los diputados del FMLN, Lorena Peña y Benito Lara, acusaban al alcalde capitalino y exdiputado Norman Quijano de haber sacado del edificio legislativo las piezas que adornaban su oficina mientras fungió como secretario de la junta directiva, Guillermo Gallegos, de Gana, afirmó que la información será entregada a la Sala solo si los abogados que los asesoran en esta materia 'estiman conveniente' que lo hagan: 'Tendríamos que estudiar si esto es pertinente. [...] No todo lo que diga la Sala es legal y pertinente'.
El diputado arenero Roberto d´Aubuisson salió en defensa de Quijano, quien es el candidato presidencial del partido de derechas. Aseguró que la acusación de Peña era infundada, pues las obras requeridas habían permanecido en la Asamblea desde 2009, cuando Quijano ganó la alcaldía capitalina.
A partir de esta resolución, la Sala reitera una vez más la condición indiscutible del derecho de acceso de la información y el principio democrático que 'impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos'.
'Nosotros tenemos la obligación de llegar hasta donde haya que llegar para conseguir información', explica Roberto Burgos, coordinador de Alac, sobre la decisión de acudir al máximo tribunal constitucional para evitar que los datos que respaldan las decisiones de los miembros de la junta directiva sean alterados o se extravíen.
Esta es la tercera instancia a la que acude el ente asesor ante la negativa de las autoridades correspondientes por dar explicaciones sobre las adquisiciones. Los recursos agotados son la solicitud de acceso a la información, seguida de una denuncia contra los diputados ante el Tribunal de Ética Gubernamental, aún sin resolver. Ante la inexistencia del Instituto de Acceso a la Información para el pasado 20 de febrero, fecha en que fue presentada la demanda, la Sala era la siguiente instancia competente a la que los demandantes podían acudir.
En su petición de que se le ampare, el demandante acusa a la titular de la oficina de información de limitar 'su capacidad como ciudadano en la fiscalización del manejo del Estado, particularmente en la actual legislatura', y por no justificar la omisión y negativa de responder a una de las peticiones. Burgos aclara que no están en contra de la compra de arte ni de las fiestas navideñas, pero que ante la precariedad de las finanzas del Estado y las prioridades que otros sectores necesitan suplir, no es la Asamblea legislativa la que tendría que hacer esta clase de gastos.
