El sábado 2 de marzo el fiscal general, el ministro de justicia y el director y subdirector general de la PNC llegaron a la subdelegación policial en Los Planes a decir que sí, que el asesinato de un pandillero, ejecutado a balazos horas antes en las bartolinas del recinto, era un hecho inédito, y que no, que ni la Fiscalía ni la Policía tenían noticias de que el muerto fuese, como habían dicho los periodistas en sus primeros informes en tuiter, un testigo criteriado. Lo primero, si se empieza a contar después de la época en que la PN mataba a los reos en las cárceles del castillo, parece ser cierto. Lo segundo es mentira: dos testigos, el policía encargado de cuidar las bartolinas y un policía de indicativo Marzo, dijeron a investigadores de la Subdirección de Investigaciones de la PNC que el muerto colaboraba con la Fiscalía en varios casos de homicidio en Mejicanos, según consta en un informe preparado por el Centro de Análisis de esa subdirección. Otra fuente de la Fiscalía me confirmó que esos homicidios están relacionados con el narcomenudeo.
Ni el general David Munguía Payés ni el general Francisco Salinas ni el Licenciado Luis Martínez han tenido que dar más explicaciones sobre -eufemismo- la falta de exactitud en sus declaraciones del 2 de marzo a pocas horas del asesinato. El lunes 4 de marzo, primer día hábil después del asesinato, la Fiscalía pidió reserva total en el caso, ese recurso contemplado en el artículo 307 del Código Procesal Penal que permite a cualquiera de las partes en un proceso sellar el acceso del público a las investigaciones con el argumento de que la publicidad puede afectar la moral pública, la intimidad, el orden público o la seguridad nacional. Nadie ha explicado, por supuesto, cómo aplica este criterio en el caso del asesinato de Jaguar en las bartolinas de Los Planes.
En los casi 10 años que trabajé como reportero y editor del área judicial-policial en La Prensa Gráfica no recuerdo un solo caso en que defensores o fiscales hayan podido explicar cómo reservas parciales o totales salvaguardaban la seguridad nacional del territorio, nos protegían del desorden en las calles o ponían barreras morales ante los ataques de etéreas fuerzas del mal. No. Sí recuerdo, con claridad además, como ese pretexto sirvió, por ejemplo, para ocultar información vital en las investigaciones sobre las muertes de los niños Gerardo Villeda y Katya Miranda con el fin último de proteger a jefes policiales que trastocaron o no cuidaron las escenas de los crímenes, para no ahondar en la posibilidad de que el niño Villeda, víctima de un secuestro, haya muerto en un fuego cruzado entre policías y plagiarios en el primer caso, y para extraviar y contaminar la ropa que la niña Miranda vestía cuando fue violada y asesinada en el segundo.
En el caso de Jaguar parece claro que la reserva total librará a las autoridades de la incómoda tarea de responder varias preguntas, además de lidiar con la ya mencionada aclaración sobre la mentira respecto a la calidad de colaborador del asesinado. Entre las cuestiones más importantes a resolver:
Según el relato que el bartolinero hace a los investigadores, el cual consta en la presentación de la Subdirección de Investigaciones de la PNC, el 20 de febrero, a eso de las 3 de la tarde, él estaba en el mercado central de Zacatecoluca cuando un individuo al que no identifica le pasó un teléfono celular. Al teléfono se identificó alguien como el Oso de Izalco, desde el centro penal de esa ciudad de Sonsonate, para proponerle un trato; le dijo que ya sabía que trabajaba en las bartolinas de Los Planes y que ahí estaba preso un “soplón” al que querían “darle”.
Hay en El Salvador una tregua pandillera cuya moneda de cambio es la baja en los homicidios -no la baja en las extorsiones o en el narcomenudeo, en los homicidios-, ¿casos como este indican que el Estado, aunque ¿facilitador?, ¿partícipe?, ¿arquitecto?, ¿observador?, no tiene en realidad control sobre a quién se deja de matar? Es decir, ¿si el asesinado es un soplón que interfiere con el negocio de las pandillas está bien matarlo? Porque el informe de la PNC dice así en su cuarta página: “La víctima estaba trabajando con la DIN de Mejicanos y con él se estaban investigando varios casos de homicidio (sic) cometidos por una estructura de la pandilla 18 en el sector de Mejicanos” Y ahí viene la otra:
Marzo es el otro testigo importante en este caso. Lo que este hombre cuenta a los investigadores es que las bartolinas de Los Planes son, en realidad, un chiste, y que bien hicieron los generales Munguía y Salinas en llegar con toda su seguridad porque ahí pasa de todo. Dice Marzo: “En unas nueve veces el testigo observó sujetos sospechosos que bajaban a las celdas; aprovechaban cuando el custodio iba a traer la cena, a eso de las siete de la noche”. En otra ocasión, Marzo vio a un individuo escondido detrás de unas escaleras cerca de las bartolinas. Las labores de reconocimiento, que empezaron antes de la Navidad de 2012, dieron frutos: el 2 de marzo en la madrugada los tres individuos que mataron a Jaguar solo se tomaron 23 minutos y 11 segundos para bajarse de un microbús, saltarse el muro perimetral del recinto policial, bajar a las bartolinas, inutilizar al personal, vaciar una uzi en el testigo, volverse al saltar el muro y subir de nuevo al microbús. El reconocimiento de los asesinos en la subdelegación duró al menos tres meses. ¿Nadie en Los Planes, el recinto de la PNC donde la Fiscalía deposita a los criteriados, avisó que había procesiones de intrusos saltándose los muros para chequear las celdas? ¿Cómo va a hacer ahora la Fiscalía, que basa la mayoría de sus condenas en el criterio de oportunidad?
Lo dicho. Reserva total.
Pero el asesinato del testigo clave Jaguar en Los Planes es solo uno de dos casos recientes que hablan de un ejercicio sistemático de ocultación de información relacionada a redes de crimen organizado. El otro caso es la captura en Guatemala del narcotraficante Jorge Ulloa, alias Repollo, y la insistencia oficial de que la red termina en él y de que en El Salvador el narcotráfico es un problema menor, algo que el ministro Munguía Payés dijo hace poco en Washington.
El Salvador, dijo Munguía, es, a diferencia de Honduras o Guatemala, un lugar en que sí hay narcomenudeo -como ese del que hablaba Jaguar con los fiscales, por lo que lo mataron-, pero no grandes casos de narcotráfico.
Eliú Martínez movió 36 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ulloa, Repollo, 10 o 16 -según a que cuerpo de inteligencia en Centro América se le pregunte- y era capaz de desembarcar hasta 270 kilos de una vez. Antes que Ulloa, se supo de Daniel Quezada, el hotelero de El Tamarindo, pero ese no bajaba tanta cocaína de un solo, al menos según lo que dice la causa que le abrió el juzgado especializado de San Miguel. Eliú está preso en Estados Unidos, en un cárcel en Lousianna; lo agarraron en El Salvador, se lo llevaron a Panamá y de ahí a Washington. Quezada está libre por falta de prueba. A Ulloa lo agarraron en Guatemala y, desde que lo deportaron a El Salvador, poco más hemos sabido, más allá de que el ministro Munguía aseguró, al principio de la Semana Santa, que la red empezaba y acababa en él, que no había diputados implicados. ¿Y Policías? Para mover un par de docenas de kilos por desembarco Daniel Quezada tenía comprados tres puestos policiales en las playas de La Unión. Eliú era diputado, tenía inmunidad, como Roberto Silva. Y para mover menos de dos toneladas y media de coca en cinco años Reynerio Flores llegó a pagar cerca de 560,000 dólares a sus protectores políticos. ¿Debemos creer que Jorge Ulloa movió cinco veces eso amparado, solo, por 20 lancheros? Tal vez si decretamos reserva total a nuestra inteligencia y a nuestro sentido común.
* El autor es Investigador Asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Washington, DC, y miembro de la Junta de Asesores del Center for Democracy in the Americas.
