Una verdadera batalla por la vida, por hacer efectivo el derecho del pueblo a la salud, se está librando en el país desde mucho tiempo atrás. Poderosos intereses económicos, políticos y hasta ideológicos, han tenido que ser enfrentados. De hecho, siguen en actitud de resistencia, por lo que estamos aún lejos de un final feliz en este tema. No hay desenlace, pero sí primeras y valiosas victorias.
Costó diez años elaborar y aprobar la Ley de Medicamentos, un año el Reglamento que hará efectiva su aplicación y tres meses la entrada en vigencia del primer listado de precios máximos a fármacos con un solo componente activo. Hoy sí, desde el 4 de abril recién pasado el país cuenta con regulación del precio de 4 mil 406 medicamentos. Para otros mil 797 productos con más de un componente será publicada la lista de precios máximos el 23 de mayo. Con ello pasarán a quedar sujetas de regulación un total de 6 mil 203 medicinas. Es un proceso complejo, sin duda, pero ya está en marcha y es de esperar resulte indetenible.
La correspondiente reducción de precios ha sido significativa, entre un 30% hasta un 69%. El Salvador ha sido el país, de toda América Latina y probablemente del mundo, donde son más caras las medicinas. La voracidad, afán desmedido de ganancia e insensibilidad que han demostrado los distintos agentes que tienen que ver con tal problema raya en lo grotesco. Indigna ver que unos pocos se hayan podido aprovechar impunemente, por décadas, de la desprotección de muchos por falta de legislación adecuada. Ahora siguen intentando maniobras y trucos a fin de entorpecer o retrasar la aplicación de la Ley de Medicamentos.
De palabra nadie se atreve a despotricar del beneficio para la población que supone la drástica bajada de precios, pero en los hechos tratan algunos de ponerle palos a las ruedas y piedras en el camino.
Ciertamente, el primer listado de precios sufrió modificaciones, por lo menos en tres ocasiones tras su publicación el 3 de enero del presente año. Pero dichos cambios afectaban a una pequeña parte del total de fármacos objeto de regulación y respondían a reclamos y peticiones de revisión que laboratorios y droguerías hacían a la Dirección Nacional de Medicamentos, DNM. No puede ser excusa para alegar dificultades con el plazo de tres meses dado para la aplicación de la tabla de precios máximos. Incluso el día antes de su entrada en vigencia el sr. Víctor Shily propietario de Farmacias San Nicolás solicitaba revisar precios de 7 productos en sus 12 diferentes presentaciones, “para evitar su salida del mercado”.
Dichos medicamentos son parte del grupo de 38 que se anunció ya no se ofrecerán a la venta “porque sus costos de producción son superiores a los precios de venta autorizados”. Con ello se concretaba la reiterada amenaza de desabastecimiento que se ha venido repitiendo desde la aprobación de la Ley el año pasado. En realidad no llega ni a un 1% del total regulado, aunque los medios insisten en que se trata de las medicinas más recetadas por los médicos. Son sólo 4 los laboratorios internacionales que las producen y que se han negado a ajustar sus márgenes a las nuevas tarifas aprobadas. Vicente Coto, Director Nacional de Medicamentos, ya ha anunciado que en la presente semana se publicarán los nombres de, por lo menos, cinco genéricos para cada uno de los medicamentos retirados, que contando con los mismos componentes activos son alternativa a los originales.
En la campaña del miedo emprendida para preocupar y asustar a la población, otro mecanismo ha sido sembrar dudas sobre la calidad de la medicina genérica. La solución no puede ser la de regresar al Consejo Superior de Salud Pública, como pedía el Dr. Carlos H. Castelar, cardiólogo y columnista de La Prensa Gráfica, que se manifiesta “contra la burocracia estatal” y califica de “inconsulta” y “electorera” a la Ley. No puede ser solución que el control de calidad lo efectúen los propios productores y distribuidores como fue antes. Ahí actúan como juez y parte; es como dejar a los lobos cuidando a las ovejas. Debe hacerse como si fuera una auditoría externa. Ha de ser un ente estatal.
El problema es que la DNM no cuenta con la infraestructura para los análisis de laboratorio para el control de calidad. Se anunció que se enviarán las primeras muestras a México para realizar ahí las pruebas científicas respectivas. También se informa la disposición del Instituto de Medicina Legal para hacerse cargo pero está pendiente de verificarse su acreditación por la Organización Mundial de la Salud para tal efecto.
Un último escollo puede aparecer desde la trinchera jurídica, ya que han sido 8 las demandas de inconstitucionalidad a diversos artículos de la Ley presentadas a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de las cuales la Sala de lo Constitucional ha admitido dos hasta el momento. La primera fue aceptada en octubre del año pasado y la segunda lo fue el 20 de marzo del presente. El tema de que fijar precios máximos sea inconstitucional, objeto de la primera, se sostienen sólo desde posiciones muy ideologizadas –como la del editorialista de El Diario de Hoy – cercanas a la insensatez.
En la segunda demanda, que consiguió que el acto reclamado fuera suspendido temporalmente, es decir, los artículos 23 y 79 por los que se prohíbe que se ofrezcan consultas médicas en las farmacias, hay fuerte controversia. La Sala vio fundamentada la demanda por argumentos de libertad económica y derecho de contratación pero hay otros criterios técnicos y de salud pública que es de esperar prevalezcan a la hora de analizar y emitir un fallo. El Presidente de la República en su programa radial de los sábados citó la recomendación de la OMS a que se prohíba la “práctica perversa” de ofrecer consultas médicas en el lugar donde se vende la medicina. “Debe separarse la prescripción de la dispensación”, insiste el DNM, y recuerda que se ha venido infringiendo la Ley de Farmacias, que se remonta a 1927, que prohíbe que médicos contratados por las farmacias receten en el establecimiento.
Entre los dueños de Sociedades Farmacéuticas Equivalentes, la cadena que interpuso la demanda, están figuras ligadas a Arena, como Miguel Lacayo, Francisco Flores y Juan José Daboub. En otras droguerías y laboratorios hay otros reconocidos areneros y ex-Presidentes. No es éste un sector de la economía, como por ejemplo sí ocurre en el transporte público, donde participan diputados y líderes de los diferentes partidos. Este sector está muy penetrado por uno solo de los partidos políticos, lo cual politiza y polariza aún más el polémico tema. La pelota está en la cancha de la Sala de lo Constitucional. Puesto que hay quien no pierde oportunidad para atacar al grupo de 4 magistrados, por considerar que con sus sentencias contrariaron al FMLN o favorecieron a Arena, su fallo en esto hará que se desestimen o se reafirmen tales acusaciones y sospechas.
No sólo ellos, los diferentes actores han de saber que un pueblo entero, con poca salud, un país enfermo, está expectante y muy pendiente de las acciones que se tomen en un asunto que, sin exageración, es de vida o muerte.
