Los casos del control de precios de las medicinas, la posible autorización de un aborto terapéutico en un caso muy complicado, el caso de la tregua entre pandillas, la discusión sobre la imposición de nuevos impuestos y la solicitud de los empresarios de mayor apoyo del gobierno, son algunos de los casos nacionales recientes que replantean la pregunta de ¿Cuándo y de qué forma debe intervenir el estado? Las opiniones en cada caso son muy variadas y los argumentos para una intervención, o no, varían e incluso se utilizan para justificar posiciones contrarias por un mismo actor, dependiendo de sus intereses. De allí la necesidad de tener algunos lineamientos generales para, como nación, contestarnos esa pregunta.
Algunos ejemplos. Varios empresarios privados, especialmente aquellos que se hacen representar por los voceros de ANEP, piden la intervención del estado en la forma de mayor inversión pública, mayores garantías y mayores leyes que garanticen sus inversiones, pero se oponen a ella cuando se trata de regular los precios de un producto básico como son las medicinas o de poner más impuestos.
Las fuerzas conservadoras piden la intervención del estado para penalizar un aborto en que el feto está con daño severo y la vida de la madre, una joven adolescente, en alto riesgo, pero se oponen a la intervención estatal para control de los precios de las medicinas.
Ningún partido político avala la introducción de nuevos impuestos pero todos defienden los programas sociales - peor aún - piden mayor inversión social, aunque no haya de dónde pagarla.
La intervención del estado y la de la iglesia católica en la tregua entre pandillas fueron inicialmente negadas por ambos, luego confrontados con hechos, sus funcionarios no solo aceptan su intervención inicial, sino que ahora piden institucionalizarla.
La voz de los actores nacionales, públicos y privados, varía mucho también dependiendo de los intereses en juego. La de mayor voz es la gran empresa privada, con una voz – no siempre explícita, no siempre directa – muy fuerte cuando se trata de defender sus intereses. La iglesia católica usa muy bien los medios de comunicación cuando quiere, pero también es buena para callar cuando no le conviene, recordemos casos como la destrucción del mural de Llort en catedral y la tregua entre pandillas.
Las agrupaciones de defensa de los derechos de la mujer han sido buenas y valientes en defender casos claves recientes como el del aborto en cuestión y los casos de violencia doméstica, pero otros actores claves han guardado silencio e incluso justificado la penalización para la madre si aborta, o la violencia doméstica. En todos esos casos esas voces han contribuido a cambios en posiciones.
Las denuncias de la sociedad civil, entre otros factores, hicieron que el estado reaccionara ante el caso del aborto terapéutico. El reportaje inicial de El Faro sobre la tregua entre pandillas y luego la voz de muchos otros, incluyendo últimamente la del Fiscal General, han llevado la discusión del tema a otro nivel en el que se cuestiona quiénes deberían de ser los actores, los métodos y el marco legal, en una acción de ese tipo.
La voz de muchos columnistas y el acceso por ellos y el estado a medios de comunicación diversos, ha permitido contraponer la gran campaña de ciertos fabricantes de medicamentos y dueños de farmacias en contra del control de precios a medicamentos básicos. La voz de los actores de la sociedad civil, la de los que defienden a los intereses de los más desprotegidos, la voz de los sin voz, como decía monseñor Romero, se vuelve cada vez más eficaz y por tanto más valiosa.
El análisis de los casos anteriores nos permite contestar la pregunta inicial. El estado debe intervenir en defensa de los más vulnerables, de las mayorías desposeídas y más pobres; esos son los casos del control de precios de las medicinas y del aborto terapéutico. El estado debe intervenir para corregir las deformaciones del mercado como son el caso de los oligopolios en la provisión de medicinas o al imponer impuestos para cubrir necesidades básicas de la población. El estado puede intervenir para apoyar al sector privado reduciendo riesgos, abriendo mercados, invirtiendo en bienes públicos, como es lo que pide la ASI. El estado debe intervenir para garantizar derechos básicos de la población, como son la seguridad ciudadana y el derecho a la salud, pero lo debe hacer con transparencia y dentro del marco legal nacional. Varios casos recientes nos enseñan que la transparencia en el accionar público, aunque difícil al principio, paga en el largo plazo.
