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Ministro de Gobernación de Guatemala: 'No podemos seguir siendo los tontos útiles de EUA'

El ministro Mauricio López Bonilla y el consultor Edgardo Buscaglia coincidieron en que la política de la lucha contra las drogas impulsada por los Estados Unidos en la década de los 70 y en vigor hasta la actualidad ha fracasado. Buscaglia dice que esa política solo sirvió de 'subsidio' para los grupos criminales y López Bonilla llama a 'quitarse esa espada de Damocles' y pensar en métodos alternativos.

Jueves, 16 de mayo de 2013
Gabriel Labrador y Efren Lemus

 

De izquierda a derecha: el investigador uruguayo Edgardo Buscaglia, el periodista mexicano Diego Osorno y el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla.
De izquierda a derecha: el investigador uruguayo Edgardo Buscaglia, el periodista mexicano Diego Osorno y el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla.

La prohibición en Centroamérica del consumo o la producción de drogas como la cocaína y la marihuana y el combate a los cárteles por la vía estrictamente represiva no han sido efectivos para combatir al narcotráfico, concluyeron la noche de este martes los participantes en el conversatorio “Debate crítico sobre la propuesta de Guatemala para despenalizar el consumo de las drogas”, que forma parte del Foro Centroamericano de periodismo.

Edgardo Buscaglia, experto internacional en materia de crimen organizado, y el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, señalaron que el modelo prohibitivo -'excesivamente prohibitivo', dijo López Bonilla- adoptado por Naciones Unidas desde la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 ha sido un fracaso y requiere que los países que se ven afectados por el tráfico de drogas ilícitas busquen soluciones alternativas.

Este nuevo enfoque, explicaron, pasa también por replantear la relación de los países de la región con Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo y que hasta ahora ha financiado con millonarias sumas la lucha militar y policial contra los cárteles en los países al sur de su frontera. Se estima que el 90 % de la droga producida en Suramérica se consume en ese país.

“No podemos seguir siendo tontos útiles en esto, no podemos seguir poniendo los muertos mientras Estados Unidos cada vez va poniendo menos dólares”, dijo López Bonilla ante una provocación de alguien del público, que insinuaba que el presidente guatemalteco Otto Pérez había lanzado la propuesta de regular el mercado de las drogas con el único afán de llamar la atención de Estados Unidos y tratar de que vuelva con la ayuda monetaria. El ministro añadió que con el modelo prohibitivo a los países del sur se les dio una responsabilidad que no podían cumplir a cabalidad, al menos no con sus propios recursos estatales. 'El uso de nuestras propios recursos para combatir al narco representa costos altísimos y ya eso es un fracaso', dijo. 

Buscaglia hizo ver incluso un lado perverso del sistema vigente de lucha antinarcotráfico: “Cuando aplicas represión a una empresa criminal y, al mismo tiempo no la desmantelas, cuando no les tocas y no haces prevención social, cuando no se previene la corrupción política, entonces, a la larga no solo ha fracasado, sino que ha sido un subsidio a los grupos criminales”.

El ministro de Gobernación de Guatemala, ante pregunta del moderador, el periodista mexicano Diego Osorno, aclaró que la propuesta que lanzó el presidente de su país Otto Pérez en las vísperas de la Cumbre de las Américas en 2012 no ha cuajado en un plan detallado. “Más bien se trata de una propuesta aún en discusión en las mesas técnicas guatemaltecas”, dijo el ministro.

Cuando Pérez Molina hizo su propuesta, inicialmente a Centroamérica, la embajada estadounidense en Guatemala reaccionó de inmediato en rechazo a la moción. El presidente convocó a sus colegas del istmo a una cita en su país para discutir su propuesta y llevar un proyecto unificado de Centroamérica a la Cumbre de las Américas, pero los gobernantes de El Salvador, Nicaragua y Honduras no acudieron, después de que se habían manifestado en desacuerdo.

Para López Bonilla la discusión que viene promoviéndose desde hace unos cinco años de parte de exgobernantes y organizaciones integradas por académicos e investigadores debe aterrizarse en las circunstancias específicas de Centroamérica. “La principal causa del problema del narcotráfico no es cosa nuestra, ni siquiera tenemos una categoría especial porque no somos ni países productores ni consumidores, sino que somos países de tránsito. Lo que sí es cierto es que sí estamos siendo afectados tanto por la demanda de drogas en el norte como por la producción en el sur...”, dijo el ministro.

Una vez se oficialice la categoría de 'países puente', a juicio del ministro, lo que procede es que los Estados detecten qué parte de la cadena productiva del mercado de las drogas debe cambiarse. '¿Es la producción? ¿Es la distribución? ¿Es la comercialización? ¿Es el consumo? Primero debemos ver hacia dónde queremos caminar', dijo. 

En El Salvador, el presidente Funes, aunque inicialmente había dicho que él se oponía a la posibilidad de despenalizar las drogas, cuando Pérez Molina hizo su propuesta dijo que estaba dispuesto a promover el debate a nivel de la Asamblea Legislativa.

En la Asamblea, aunque no ha habido un debate abierto, algunos legisladores concuerdan con López Bonilla en que el modelo vigente fracasó y es preciso buscar caminos alternativos.

“Regular no es la panacea”

La regulación del consumo de algunas drogas como la marihuna no resolverá los problemas. Así lo sostiene Buscaglia, quien considera que la implementación de esa medida irá al fracaso en la medida en que no se complemente con políticas de prevención, con políticas de educación para concienciar a la población de los daños que provoca el consumo. “¿Tenemos capacidad de que no se transforme en un problema de salud pública? Es uno de los grandes desafíos. El hecho que se acceda a la droga no va ocasionar una explosión del consumo. ¿Tenemos la institucionalización de prevención de consumo instalada?”, cuestionó, para luego señalar que, particularmente en países como los centroamericanos, los Estados no son suficientemente fuertes como para responder a ese desafío.

El ministro de Guatemala, a manera de ejemplo, dijo que en Guatemala tres de los 22 departamentos tienen un alto porcentaje de su territorio dedicado al cultivo de amapola y que cualquier decisión alternativa para golpear las narcoestructuras requiere que tome en cuenta estas realidades. 'Si se decide prohibir cierta producción, entonces hay que ver qué tantos casos podemos judicializar. Hay que pensar en el nivel de saturación de nuestras cárceles.. ¿podemos saturarlas más?', dijo el funcionario. En algunos casos, por las disposiciones de cárcel universal, incluso para la sola posesión para consumo personal, esto podría suponer que miles de personas fueran a prisión, drenando recursos importantes que podrían destinarse a atender otras responsabilidades del Estado.

Hay dos elementos que, de acuerdo con Buscaglia, se deben considerar claves en la discusión: el primero es el fortalecimiento del Estado y su capacidad para generar opciones de vida económicas para la población que tradicionalmente se ha mantenido bajo el refugio de estructuras de crimen organizado. Un segundo radica en el hecho de que, una vez legalizado el consumo de alguna droga, el Estado debe crear mecanismos para el control de la calidad de esa droga y que no cause mucho daño. “Es otro desafío para el Estado”, dice.

Una política de regulación de drogas no significará que la amenaza del crimen organizado desaparecerá. Las convenciones internacionales establecen que las organizaciones criminales tienen 23 delitos que les generan ingresos y el tráfico de drogas es solo uno de ellos. “La delincuencia organizada es un poder social y político. Es un mecanismo alternativo de poder social y político. Podés regular las drogas de la manera avanzada, pero si hay vacíos de Estado, la delincuencia organizada va a estar creciendo como hongos”, dijo.

Mientras el Estado no tenga la capacidad de establecer controles patrimoniales que le permitan la incautación de dinero y bienes generados por el crimen organizado, mientras no exista un acuerdo político y social para enfrentar a esos “actores no estatales nocivos”, será difícil que exista un Estado con capacidad para contrarrestar ese poder. “Baja el precio de la droga, pero no desaparece la delincuencia organizada. La gente utiliza la autoridad de los grupos criminales porque el Estado falla. Hay que cubrir las fallas de Estado. A los políticos no les convienen mecanismos preventivos de corrupción”.

Buscaglia vaticinó reformas en los pactos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. “Claramente el régimen vigente no funciona. El criterio prohibicionista no funciona. Tarde o temprano esas convenciones de la ONU van a tener que ser sujetas a cambios importantes”, dijo.

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