'Lo que aquí se ha hablado y hecho, que no se diga a nadie. Esto es bastante delicado…" El hombre que dirigía las licitaciones insistió varias veces en que todo lo que había sucedido en una oficina del Ministerio de Gobernación debía mantenerse en secreto. Nadie debía comentar con extraños que ese día de marzo un comité sesionó para enmendar una licitación que ya estaba adjudicada; tampoco era conveniente que se supiera que habían quitado la mitad de un contrato a una empresa que se había negado a “colaborar voluntariamente” con la campaña de Arena para las elecciones presidenciales de marzo de 2009.
'Lo hablado y hecho que quede solo entre el grupo', insistió César Mauricio Pérez Avilés, el entonces director de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, según el expediente judicial que registra las investigaciones de corrupción en el Ministerio de Gobernación durante la última administración arenera.
La petición de silencio de Pérez Avilés quedó consignada en una entrevista que los fiscales anticorrupción realizaron a dos empleadas del Ministerio de Gobernación. De esas declaraciones se desprende que los burócratas manipularon la licitación, poniendo en el equipo de evaluación a novatos; y, después, pidiendo explícitamente que nadie comentara sobre los extraños cambios a un contrato de 100 mil dólares para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de esa dependencia.
'Señora', le dijo Pérez Avilés, 'el señor gerente me ha pedido a alguien para que haga un trabajo confidencial y he pensado en usted'. La señora a la que se dirigía Pérez Avilés era una mujer que trabajaba como técnico de la UACI y que tenía menos de tres meses de haber sido contratada. Ella no entendía qué pasaba. '¿Por qué yo? Yo soy nueva y yo no sé mucho…", replicó.
Las visitas del ministro
El 31 de enero de 2008, el Ministerio de Gobernación publicó un cartel en el que anunciaba una licitación para el mantenimiento de sus vehículos. Tres empresas se mostraron interesadas en participar: Taller Martell, Impressa Talleres y La casa del repuesto. Tres meses después, una comisión de evaluación recomendó al entonces ministro y exdiputado Juan Miguel Bolaños Torres la adjudicación en favor de la primera empresa.
La adjudicación se concretó el 16 de abril de 2008, 11 meses antes de unas elecciones presidenciales que por primera vez mostraban en las encuestas a un partido Arena con cifras cuesta arriba para obtener una quinta victoria consecutiva en las urnas. Tres días después, uno de los asesores del ministro, Marco Tulio Rafael Fuentes Linares, llegó al taller Martell, en Santa Tecla, y pidió que el propietario se reuniera con el ministro. La reunión quedó pactada para las 9:30 de la mañana del 24 de abril de 2008, en el despacho de Bolaños Torres.
El ministro, su asesor y el jefe de la UACI se reunieron con Miguel Cabrera Martell López, en el Ministerio de Gobernación. Según la declaración que Martell López rindió ante la Fiscalía, el ministro lo felicitó por ganar la licitación y luego le comenzó a hablar de la campaña presidencial que se avecinaba. Luego tomó la palabra Fuentes Linares, el asesor del ministro:
'Él dijo que necesitaba que le colaborara con la compra de unos vehículos para la campaña, valorados en 35 mil dólares', declaró Martell López.
El dueño del taller se negó a colaborar y, entonces, llegaron las advertencias. El jefe de la UACI, Pérez Avilés, le insinuó que la adjudicación no estaba firme y, por lo tanto, se la podían quitar. Fuentes Linares al parecer se mostró más conciliador y ante la imposibilidad de que les diera vehículos nuevos propuso que le diera mantenimiento a los vehículos que ya tenían listos para la campaña que intentó llevar a Rodrigo Ávila a la presidencia.
Según Martell López, el ministro Bolaños le dijo que la reunión era confidencial. Lo que estaban pidiendo no era obligatorio, dijo, y que solo lo solicitaban como una “colaboración voluntaria” para el partido Arena.
Esa conversación ocurrida hace cinco años y el testimonio de Martell López son la prueba que la Fiscalía ha convertido en la columna vertebral de la acusación por actos arbitrarios y cohecho (pedir sobornos) contra el exministro y dos de sus ejecutivos. El caso ya pasó el tamiz del Juzgado Quinto de Paz, que también avaló continuar la investigación contra el exministro de Gobernación, durante la gestión de Antonio Saca (2004-2009). Bolaños asegura que la acusación obedece a un ataque político y dice que no conoce al empresario que lo ha denunciado por pedir sobornos.
'Lo que sostienen no es cierto. Se nota que ya empezó la campaña política, pese a que no estoy con ningún partido político, por ahí viene todo. La única prueba que tienen es la declaración jurada de él (Martell López). Yo no lo conozco a él, nunca he hablado con él, podría estar frente a él y no lo reconozco porque nunca he estado con él', dijo Bolaños, en su defensa en el proceso.
Bolaños dijo que confiaba en el sistema judicial y que espera un resultado favorable. La investigación en su contra seguirá en el Juzgado Quinto de Instrucción, que deberá depurar la causa hasta decidir si el exministro va a juicio o no. Es el primer expediente judicial abierto en su contra, pero no es la primera vez que su nombre aparece en investigaciones relacionadas con corrupción. El nombre de Bolaños y del exviceministro de Gobernación, Mario Tenorio, ahora diputado de Gana, están en una lista de personas que cobraron dobles viáticos. La investigación fiscal también consignaban que de la Dirección General de Correos se desviaron recursos para la campaña de Arena, pero ninguno de los funcionarios fue procesado por eso.
En su declaración, el empresario asegura que el ministro lo visitó dos veces en las instalaciones del taller, en Santa Tecla, para convencerlo de que colaborara económicamente con la campaña. A cambio de esa ayuda, dijo, Pérez Avilés –exjefe de la UACI- le ayudaría a conseguir la continuidad de los contratos. Él no aceptó y entonces el Ministerio de Gobernación ordenó revisar la adjudicación. Los mandos medios del Ministerio, por su parte, querían mantener el asunto en secreto porque era un asunto delicado...
Los pequeños favores
El 21 de abril de 2008, cinco días después de que la empresa Martell había ganado la licitación, el asesor del ministro, Fuentes Linares, llegó al taller con un vehículo Toyota verde, rústico, año 1998. Ese vehículo tenía la caperuza desnivelada y tenían que pulirlo y pintarlo; ese vehículo era propiedad del ministro y el taller debía repararlo.
Dos días después, el 23 de abril, el taller recibió otros dos vehículos: un Jeep Cherokee verde que necesitaba mantenimiento preventivo y un Nissan Sentra, año 1991. El primero pertenecía a Fuentes Linares; y el segundo a Lorena Dolores Lara de Fuentes, esposa del asesor del ministro. Según ha declarado el dueño del taller, ellos no pagaron por la pintura y mantenimiento de esos vehículos, sino que las reparaciones fueron una especie de dádiva que exigieron al contratista. La Fiscalía ha pedido los registros de esos vehículos.
Esos pequeños favores, empero, no sirvieron para que el Taller Martell se quedara con todo el contrato. Dice Martell que después de la negativa de colaborar directamente con la campaña de Arena las autoridades de Gobernación le quitaron una buena tajada del contrato. El 28 de abril de 2008, el exministro Bolaños nombró una comisión de alto nivel para resolver un recurso de revisión que presentó una de las empresas perdedoras de la licitación, Impressa Talleres.
La comisión resolvió que dentro de la documentación presentada por la empresa, al pie de página había datos que mejoraban la oferta y recomendaron una nueva evaluación. El informe también establecía que ambas empresas fallaron en la presentación de sus ofertas y que se debía tomar una decisión salomónica: dividir el monto del contrato. Entonces, al Taller Martell le adjudicaron un contrato por 124,082 dólares y a Impressa Talleres otro por 124,082 dólares.
Los fiscales sostienen que los funcionarios manipularon ese proceso haciendo que en el mismo participara gente recién contratada que no tenía experiencia en el ramo. Y para demostrarlo anexan el testimonio de una técnica de la UACI que cuando le informaron de su selección dijo: '¿Por qué yo? Si yo soy nueva y yo no sé mucho…"
Ulices del Dios Guzmán, exmagistrado de la Corte Suprema y defensor del exministro Bolaños, rechaza que el Ministerio haya manipulado el proceso de contratación y, menos, que se haya cometido un delito.
'De la versión fiscal hay una narración de cuestiones administrativas. Han desnaturalizado los hechos, han mal interpretado los hechos. No hay evidencia directa, hay una inconformidad de uno de los ofertantes a quien no se le adjudicó completamente, esa pretensión le causó inconformidad'.
El elefante que ve una hormiga
La Ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos se aprobó el 24 de abril de 1959. La ley tiene 54 años de estar en vigor y la Corte Suprema de Justicia todavía no la ha estrenado. La letra dice que la sección de Probidad debe investigar y cuando detecte un aumento patrimonial sospechoso, la Corte debe ordenar un secuestro preventivo de los bienes y promover un juicio ante una cámara de lo civil. Eso nunca ha pasado. En 54 años, la Corte no ha promovido ni un solo juicio.
Lejos de fortalecer la sección de Probidad, en 2005 la Corte Suprema accedió a la petición de los bancos Salvadoreño, Agrícola y Cuscatlán de quitar a la sección la facultad de pedir informes bancarios sobre exfuncionarios. La mutilación de Probidad ocurrió justo cuando la sección investigaba el incremento patrimonial de funcionarios del gabinete el expresidente Francisco Flores, ahora hombre fuerte de la campaña de Norman Quijano.
Sin la facultad de pedir informes a los bancos, la sección de Probidad es como un guardametas sin manos que debe atajar los goles. Y aunque es una institución sin dientes y sin fuerza para investigar el incremento patrimonial de los funcionarios, la Fiscalía incluyó en el expediente judicial contra el exministro Bolaños un informe de esa dependencia en la que se cuestiona una relativamente pequeña cantidad no justificada: 15,646 dólares.
“Teniéndose como incremento de la relación de ingresos sobre egresos familiar la cantidad de $30,139, dando resultado de $66,607.90 que es el valor que se puede justificar del total del incremento ($82,255.90), pero lo restante del valor es lo que tendría que justificar”, se lee en un informe. Probidad ha solicitado que el exministro presente sus declaraciones de renta correspondientes a 2007 y 2008.
El exministro Bolaños reconoció que existe un cuestionamiento de la sección de Probidad, pero dijo que el mismo no debe relacionarse con el proceso judicial que se ha abierto en su contra por delitos relativos a la corrupción.
'Son dos cosas aparte. En Probidad cuando hay duda piden información. Probidad hizo una observación y hay que presentar esa justificación, pero no tiene nada que ver', dijo.
El defensor del exministro, Ulices del Dios Guzmán, quien en su momento apoyó quitar a Probidad la facultad de pedir informes bancarios, dijo que desconocía sobre el informe que señala una cantidad de dinero no justificada por el exfuncionario. 'En el requerimiento (los fiscales) no hicieron referencia a esos supuestos indicios. No tenían la magnitud suficiente para tomarlo como un indicio de corrupción y no lo incluyen en él'. requerimiento.
