El 1 de junio era sábado y durante la noche llovió plomo en el Reparto Las Cañas. Ya con luz, la mañana siguiente, en una de las dos canchas de fútbol de la comunidad la Policía contó 120 casquillos de bala. Los pobladores del lugar dicen que la balacera duró cerca de 10 minutos; es decir, más que lo que uno tardaría en escuchar el himno nacional completo, con sus tres estrofas. Mucha bala. Aquella vez no hubo muertos, solo dos carros con agujeros y el latón de alguna tienda traspasado. Pero algo se jodió ese sábado.
El Reparto Las Cañas es un caserío de Ilopango, un municipio con 120 caseríos que a inicios de este año tuvo la suerte o el mérito de ser declarado oficialmente –con cachiporristas, ministro, alcalde, actas e himno nacional- el primer municipio “libre de violencia”: el primero en el que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 acordaron, como una segunda etapa de la tregua que en 2012 negociaron con el gobierno de El Salvador, desmontar su guerra y alejarse del crimen. Un municipio modelo.
A principios de marzo, como prueba de su promesa, los palabreros de las dos pandillas en el Reparto Las Cañas se subieron juntos a la tarima de la escuela y juntos prometieron a los vecinos del lugar que la guerra había terminado. Más de 100 padres y madres de alumnos los escucharon decir que ya no habría más balaceras, que los que vivían en el territorio de una pandilla podrían caminar sin miedo por el territorio de la otra, que era el momento de aprender a vivir sin miedo. Es más, desde entonces, los dos líderes pandilleros comenzaron a encontrarse en la alcaldía, donde los dos grupos se reúnen a menudo con la Policía y con el alcalde Salvador Ruano como notarios, para dar mantenimiento al acuerdo y discutir sus problemas: que si un homie caminó por el territorio de la pandilla contraria; que si aquel fue a provocar… Y juntos le buscaban modo a los entuertos, por las buenas.
Pero el sábado 1 de junio las dos pandillas se liaron a tiros. Y esa balacera no era la primera, sino la primera que se conocía públicamente y llegaba a los periódicos. Los vecinos cuentan al menos seis tiroteos en el último mes. Demasiados para una zona de paz. Cuando se pregunta a los palabreros de Las Cañas sobre el incidente de la cancha de fútbol los dos repiten, casi con exactitud, la misma versión: los “otros” traicionaron el acuerdo; ellos no estaban haciendo nada; los “otros” vinieron a disparar sin previo aviso y ellos decidieron no responder el fuego y replegarse mejor a sus casas, para honrar el pacto. Los “otros” son los traidores. Los otros no tienen palabra.
Los últimos meses, los dos jefes de clica habían intercambiado números de teléfono y se llamaban entre enemigos para hacerse reclamos, informarse novedades, aclarar confusiones antes de que derivaran en conflicto. Ahora, a más de 120 balazos de distancia de aquel día en el que hicieron promesas juntos, sentado en una banqueta de la misma escuela pública en la que en marzo se celebró la paz, el líder de uno de los dos bandos en Las Cañas, un adolescente delgado, buen estudiante, de los que no solo gobierna a sus homeboys con gatillo sino también con cerebro, saca cuentas: “Antes nos llamábamos para arreglar los problemas, pero ahora yo no me sentaría con él… Ya no voy a ir a las reuniones en la alcaldía. No es fácil eso de que a uno le apunten con una pistola para matarlo y después sentarse a hablar”.
Es martes. Han pasado tres días desde lo de la cancha, y el palabrero tiene dos celulares a su lado y rostro de preocupación rutinaria. Dice que empieza a sentirse entre la espada y la pared, acorralado entre la tregua y el deseo de venganza de sus homies. Repite que esto es algo bueno, que con la tregua ganamos todos, ellos, la sociedad, todos, pero admite que las balas pesan y desde hace días tiene que recurrir a mentiras para calmar a su gente:
“Yo les digo que ya se va a acabar esto (la tregua) y vamos a ir a matarlos, a demostrar quiénes somos. Eso es lo único que quieren oír... Mire, aquí vienen todos los días sus mujeres con sus hijos... a mí nada me cuesta agarrar a una y desaparecerla, o enterrarla en cualquier lado. Pero entonces vamos a estar igual que antes”.
Le preguntamos cuál es su límite, hasta dónde podrá contener ese río de violencia poco acostumbrado a las compuertas. “Hasta que maten a uno de nosotros. Si nos matan a uno tendré que soltar”, dice, y levanta las manos abiertas, como quien deja ir unas bridas. “Y de ahí, sí, que cada uno haga lo que quiera hacer”.
Las plagas de la tregua
La tregua, el acuerdo entre el gobierno y las pandillas que hace ya 15 meses desplomó el indicador de los homicidios en El Salvador casi a la mitad, atraviesa su momento menos estable desde que se inició. Y la primera sacudida vino de la Iglesia Católica.
El presidente de la República, Mauricio Funes, sigue insistiendo en que el proceso fue iniciativa de la Iglesia y el Ministerio de Seguridad solo “facilitó” su labor, a pesar de que el ahora exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, admitió en agosto de 2012 que la tregua había sido diseñada por él y avalada por Funes, y que a la Iglesia se la invitó después, con el acuerdo avanzado, para que ayudara a legitimar el proceso.
Pero la segunda semana de mayo la conferencia episcopal –que reúne a todos los obispos católicos del país, incluido el mediador de la tregua Fabio Colindres- hizo público un comunicado en el que sentenciaba que la tregua no había dado los resultados que la población esperaba, calificaba de “terrorismo” el accionar de las pandillas y aseguraba -antes solo el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez se había atrevido a decirlo- que de ninguna manera era esta, la negociación, una iniciativa eclesial.
Días antes, el fiscal general de la República, Luis Martínez, había calificado la tregua como “falsa e hipócrita” y había prometido revisar exhaustivamente la manera en la que había sido llevada a cabo, en búsqueda de posibles ilegalidades.
Pero la verdadera carga de profundidad la lanzó la Sala de lo Constitucional el 17 de mayo al determinar que el nombramiento, en 2011, de David Munguía Payés, y en 2012 del director de la policía, Francisco Salinas, eran inconstitucionales por ser ambos militares en retiro, y que debían dejar los cargos de inmediato.
Munguía Payés, principal diseñador del proceso, quedaba oficialmente fuera de la escena y alejado del timón de mando de la seguridad pública del país, es decir, alejado de la posibilidad de ordenar que las cárceles se abrieran para los mediadores, que se les permitiera trasladar a pandilleros de un penal a otro para articular mesas de diálogo y, sobre todo, de avalar lo actuado en el día a día por Mijango, convertido en vocero y operador de la tregua con amplias atribuciones a pesar de no ostentar ningún cargo público.
Por si esto fuera poco, la última semana de mayo Arena salpimentó la campaña electoral con una especia que hasta ese momento había estado fuera de la receta: en un spot publicitario, el alcalde de San Salvador y candidato arenero a la presidencia, Norman Quijano, acusaba a este gobierno de pactar con delincuentes y anunciaba sus intenciones de futuro si ganaba la elección: “Con la delincuencia no hay tregua”.
Hasta ese momento Quijano se había mostrado timorato frente al proceso de diálogo con las pandillas, al punto de pedir expresamente, durante una entrevista concedida a El Faro, que no se le pidiera fijar postura sobre el tema. Sin embargo, ahora irrumpía, como vaquero en cantina, en un espacio en el que el resto de candidatos habían preferido ser prudentes.
Y por si el incendio todavía necesitara ayuda, el pastor Edgard López Bertrand, “Toby Jr”, le echó dos grandes maderos a la hoguera el martes 29, al llevar a dar testimonio en el templo que dirige a dos líderes pandilleros: Carlos Mojica Lechuga, “Viejo Lin”, del Barrio 18, y Dionisio Umanzor, “El Sirra”, de la MS-13.
Ante cerca de 7 mil personas, y en vivo por televisión nacional, los pandilleros expresaron su deseo de cambio, ensalzaron la tregua y se permitieron incluso hacer llamados electorales, al pedir a los votantes que no respalden a nadie que quiera “boicotear” el proceso, en clara alusión a Quijano. Era la primera vez que las autoridades permitían que pandilleros de tan alto perfil público participaran en eventos fuera de recintos carcelarios, y el hecho generó una avalancha de críticas al gobierno.
Para evitar ser salpicado por el escándalo, en su tercer día como nuevo ministro de Seguridad Pública, Ricardo Perdomo dio un golpe en la mesa y despidió sin muchos ademanes al director general de Centros Penales, Nelson Rauda. Dijo que consideraba un “privilegio” que los privados de libertad pudieran tener contacto con la prensa y que él no permitiría en adelante ningún privilegio.
Seis días después presentó su renuncia el viceministro de Seguridad y Justicia, Douglas Moreno. 24 horas antes, su pareja había presentado contra él una demanda por violencia intrafamiliar. Con su salida quedaban fuera del escenario todos los funcionarios que en el año anterior habían tenido algún rol operativo en la tregua. Solo Perdomo, antes director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), quedaba del gabinete de seguridad creado por Munguía Payés.
Todo esto ocurrió en menos de un mes.
¿Dónde están los mediadores?
Cuando el escándalo por la participación televisada de los pandilleros estalló, Raúl Mijango acababa de ser hospitalizado con una severa crisis respiratoria. Una semana después, cuando fue dado de alta, el escenario había cambiado tanto que hasta la fecha no consigue dimensionar hasta qué nivel las cosas han cambiado también para él.
Asegura que el spot de Norman Quijano alteró todo en el terreno: que los alcaldes areneros ya no quieren saber nada del proceso y que incluso ha alcanzado para que los del FMLN se lo piensen dos veces: “La postura de Norman ha conflictuado a muchos ediles que creen que este es el camino correcto, y no solo a los de Arena, también he visto freno por parte del FMLN en el terreno”, dice.
El spot de Arena fue hecho público luego de que el partido nombrara como principal asesor de campaña al expresidente Francisco Flores (1999-2004), el hombre que en 2003 inició en el país la estrategia de “mano dura” contra la delincuencia, centrada en la proscripción de pandillas y en capturas masivas de pandilleros. La “mano dura” que disparó los homicidios hacia arriba durante los ocho años siguientes. Pero la campaña de Quijano respondía también a recientes encuestas que muestran que más de la mitad de salvadoreños desconfían del proceso.
Jorge Velado, presidente de Arena, admite que las encuestas de opinión pública jugaron un papel “muy importante” a la hora de lanzar el spot de Quijano. El problema es que su partido es parte esencial de la estrategia de diálogo con pandilleros desde hace meses: cuatro de los 10 municipios proclamados “libres de Violencia” tienen alcaldes areneros. Incluido Ilopango.
Salvador Ruano, que fue el primer alcalde de derecha en admitir públicamente que estaba sosteniendo reuniones periódicas con pandilleros de la MS-13 y del Barrio 18 para negociar la reducción de la violencia a cambio de apoyo económico para montar pequeñas empresas, y que había logrado el apoyo de su partido en esta iniciativa, tiene ahora que hacer malabares discursivos para sostener que seguirá trabajando con las pandillas sin desautorizar a su candidato presidencial: “Norman no está de acuerdo en negociar con delincuentes y yo digo lo mismo, pero con otras palabras: yo pido que el que cometa un ilícito que pague... Yo no puedo defender la posición de Norman, yo te digo lo que yo he hecho”, dice. “Se han bajado los homicidios, pero de manera ilegal, porque lo actuado por el Ejecutivo atenta contra la ley de proscripción de pandillas, y lo que he hecho yo también está en contra de la ley y Norman lo quiere hacer de manera legal. Norman ha sido atrevido en el buen sentido… por tener una posición clara… Es más fácil no hablar del tema, que para bien o para mal genera algún tipo de expectativa”.
Velado ahonda en la contradicción y asegura que, si llega a la presidencia, no dependerá de Quijano dar continuidad a la tregua o no, puesto que es, según la entiende él, un asunto “privado” entre las pandillas. Parece olvidar, de repente, que su campaña televisiva se basa precisamente en denunciar que es el gobierno el que negocia con estos grupos. De hecho asegura que no ve ningún problema en que Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres sigan trabajando en este proceso bajo un gobierno de Arena, siempre y cuando se revise que lo hagan en un marco legal. Afirma que, de llegar a la presidencia, su partido no desandará lo andado, pero revisará el marco legal del proceso. Que eso es lo que Norman Quijano quiso decir.
Los mediadores han denunciado que la contaminación de este tema con fines electorales amenaza la tregua, y el pasado día 11 pidieron a los partidos políticos “cordura” y “respeto” para el proceso. “El que crea que la reducción de homicidios ya no es reversible, se está equivocando”, advirtió Mijango.
Pero el mediador no solo teme el efecto de la campaña, sino también las posibles decisiones futuras del nuevo ministro: “Yo lo hubiera pensado un poco más”, dice sobre la destitución de Rauda, por ejemplo, e intenta conjurar la posibilidad de que, para consolidar un mensaje de firmeza y eliminación de privilegios, los líderes pandilleros que en marzo del año pasado fueron trasladados de la prisión de máxima seguridad a otras de menor rigor vuelvan a este recinto. “Regresar a los líderes a Zacatecoluca sería un mensaje de guerra total”, dice.
Si se le pregunta qué podría hacerle considerar que ya no tiene sentido seguir en medio de este proceso, Mijango responde de inmediato, como se hace con las preguntas que uno ya se ha hecho antes a uno mismo, y apunta de nuevo al gobierno: “Que cambien las condiciones en las que he venido trabajando hasta ahora”. Aunque luego de una pausa, matiza un poco: “Bueno, creo que seguiríamos buscando otras vías para seguir adelante”.
Gabinete de crisis
Cuando se supo que Ricardo Perdomo sucedería a David Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad se dio por hecho que iba a ser poco más que una fachada, que pese al mandato de la Sala de lo Constitucional el general de brigada seguiría controlando a distancia la seguridad pública.
Al fin y al cabo fue Munguía quien llevó a su amigo, economista, al gabinete de Seguridad, y el que coordinó en buena medida su trabajo al frente de la Inteligencia del Estado. Y dos altos funcionarios confirman que Munguía participó directamente, junto al Presidente, en la decisión de nombrar ministro a Perdomo, con el propósito de dar continuidad al proceso de la tregua. Y pese a su salida de la Policía, Salinas, del equipo de confianza de Munguía, no dejaba en realidad el gabinete sino que pasaba al OIE. Y el presidente acababa de nombrar a Munguía su asesor personal en materia del proceso de pacificación -el último nombre político dado a la tregua-. Todo indicaba que por encima de los formalismos de los cargos las decisiones sobre la tregua, principal estrategia de seguridad de este gobierno, no iban a cambiar de nombre.
Pero parece que el cálculo era equivocado.
Perdomo es de los políticos que siempre sonríe cuando da declaraciones a la prensa. Aunque esté anunciando una destitución, aunque le ahoguen los problemas o encare una pregunta incómoda, sonríe e hincha el pecho. El nuevo ministro de Seguridad, no es muy alto pero camina siempre con los hombros hacia atrás y el pecho hinchado. Y al igual que el presidente Funes suele hablar en primera persona del singular, sentado en el “yo”, para recordar que él es el ministro, el que toma las decisiones, el que manda.
Y sus primeras dos semanas en el cargo fueron, entre destituciones y renuncias, para distanciarse de Munguía Payés y enviar un mensaje de más firmeza ante las pandillas, de fin de las concesiones que hasta el momento formaban parte del proceso de tregua, de institucionalización por encima, incluso, del trabajo de los mediadores, con los que no consultó antes de prohibir que los pandilleros siguieran celebrando conferencias de prensa en las cárceles para enviar mensajes a sus estructuras y a la sociedad en su conjunto.
Sus amigos dicen que Perdomo tiene un “carácter impulsivo”, que es “un macho sin dueño”. Un antiguo colaborador suyo le define como “un hombre inteligente, pero no reflexivo”. Sus primeras decisiones y anuncios en el cargo generaron, en palabras de Mijango, “un momento de incertidumbre que ha tenido inquietas a las pandillas, a los privados de libertad, a todo el mundo”. Y también al exministro Munguía Payés y el mismo presidente Funes, temerosos de que el ímpetu de Perdomo rompiera la tregua.
Durante los días que siguieron a la destitución de Rauda, en la residencia presidencial se celebraron varias reuniones a las que asistieron el nuevo ministro, Munguía Payés y en ocasiones el general Salinas y el nuevo director de la Policía, Rigoberto Pleités. En ellas se discutió sobre el impacto de los mensajes iniciales de Perdomo, se le advirtió de las posibles consecuencias de un cambio brusco en el modo de gestionar el proceso y se le dijo que si debilitaba a los mediadores y a los líderes de las pandillas se arriesgaba a cosechar “el mismo caos que tenías antes”. Se revisaron estrategias. El presidente en persona le reafirmó la línea que deseaba que siguiera, para no golpear al proceso.
Al ministro le quedaba, aun así, una herida por sanar: con los mediadores. El jueves 6 de junio, por la tarde, en la sede del Ministerio, Perdomo asistió por primera vez a una reunión de la Comisión Técnica de seguimiento de la tregua. Después de ocho días de frenesí, se sentaba por fin con Colindres y con Mijango. También estaban en la reunión Antonio Cabrales y Paolo Lüers, representantes de la Fundación Humanitaria, y ahí estaba también el embajador Adam Blackwell, de la Organización de Estados Americanos, que hacía una rápida escala en el país para asistir a ese encuentro. Antes, el diplomático se reunió en la sede local de la OEA con el exministro Munguía Payés para valorar el escenario. Aquel le trasladó sus peores temores: el día antes se había reunido con Mijango, recién salido del hospital, y su nivel de enfado por las formas en que Perdomo había gestionado lo sucedido en el Tabernáculo. No bastaba con que el nuevo ministro dijera a los periodistas que los mediadores formaban parte de su plan. Los gestos, las acciones, decían lo contrario.
Blackwell ha admitido que en la reunión de aquella tarde tuvo que hacer “de amortiguador” entre mediadores y nuevo ministro, y que hizo un llamado a la prudencia de todos los implicados, especialmente en sus declaraciones a través de los medios de comunicación.
El punto central de la cita, sin embargo, era definir las condiciones en que trabajarían, bajo las normas del nuevo ministro, los mediadores y sus equipos de apoyo. Aunque Mijango no salió de aquella reunión con la certeza de tener el respaldo completo de Perdomo, o al menos no en el grado en que contaba con el de Munguía Payés, sí se alcanzaron acuerdos mínimos: los mediadores conservarían el acceso ilimitado a las cárceles, y la potestad de trasladar, sin apenas frenos burocráticos, a los líderes de las pandillas de un penal a otro para celebrar reuniones en las que resolver conflictos o coordinar actividades relacionadas con la tregua.
Los mediadores tuvieron que ceder en el asunto de las conferencias de prensa de los líderes pandilleriles, suspendidas indefinidamente. Paolo Lüers, que ya desde antes de integrarse a la Fundación Humanitaria viene asesorando la estrategia de comunicaciones de la tregua, asegura que esta limitación no hará, en todo caso, sino precipitar un paso que Mijango ya había contemplado: trasladar la vocería principal de las pandillas en este asunto a las calles, a líderes fuera de la cárcel. Funcionarios de Seguridad aceptan haber sostenido reuniones en los últimos meses con pandilleros libres a los que las cúpulas encarceladas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 -también de la Máquina, la Mao Mao y la Mirada Locos- habían delegado como portavoces nacionales de la pandilla. Serían estos los que, en adelante, se pretende que asuman ese protagonismo público.
La reunión del Comité Técnico no disipó del todo las asperezas de las últimas semanas, pero salvó, al menos, los temores de los más pesimistas. Hubo un momento, el día previo, en que los mediadores contemplaron incluso la posibilidad de no acudir. Hubo quien temió que, tal y como estaban los ánimos, ahí se rompiera el proceso.
Nuevas promesas
En los días que siguieron a aquellas reuniones apagaincendios, Ricardo Perdomo asentó su discurso, dejó de repetir que su predecesor había dado “privilegios” a los pandilleros y se centró en anunciar las novedades de su plan de trabajo en en Ministerio.
“Hubo conceptos precipitados y no felices del ministro, pero hay que dar margen de que la gente se equivoque… ya se han corregido algo esos conceptos”, opina Raúl Mijango, con cierta displicencia. Cuenta que el lunes 10 el presidente Funes les invitó a cenar a él y a Colindres en la residencia presidencial. Quería transmitirles calma, resolver dudas que pudieran haber creado las declaraciones del ministro. Les dijo que el proceso debía seguir, esencialmente, en la forma en que venía desarrollándose, y que no se pusieran nerviosos por lo que pudieran escuchar de otros funcionarios. “La estrategia de seguridad la decido yo”, dice Mijango que les dijo.
Esa garantía, sin embargo, no ha bastado para borrar del discurso del mediador una prudencia mayor de la habitual. El día 11, en conferencia de prensa, Colindres y él anunciaron que el proceso entra a una etapa de “consolidar lo avanzado hasta la fecha”. Hablaro de “desacelerar” acciones. “El objetivo ahora es no retroceder”, explica Mijango. “La meta era acabar el año habiendo declarado 30 municipios libres de violencia. Ahora, con el actual escenario, no lo vamos a poder alcanzar”.
Perdomo, en cambio, solo habla de iniciativas: ya se ha conformado, por decreto ejecutivo, un Grupo Especial Antiextorsiones en la Policía, y se anuncia la creación de un programa de atención a víctimas y un mayor énfasis en la búsqueda de desaparecidos. Y algo más: el impulso de un “nuevo plan de pacificación” basado en un pacto con la sociedad civil. “La tregua era un acuerdo entre privados, esto va a ser una política de país”, ha dicho.
Ese énfasis en las víctimas, y en un nuevo protagonismo de la ciudadanía en el proceso, parece encajar en la necesidad de responder a la estrategia electoral de Arena, basada en pedir a los votantes que elijan entre quienes están con las pandillas y quienes están con el resto de la sociedad.
El pastor Carlos Rivas, cabeza del Tabernáculo del Avivamiento Internacional (TAI), una de las iglesias evangélicas más grandes del país, y que se ha reunido en las últimas semanas de forma asidua con el nuevo ministro, lo confirma: “Para generar una nueva percepción a nivel nacional (Perdomo) necesitaba poner orden, quitar las conferencias de prensa, hacer cambios en la Policía... pero él tiene claro que este proceso de tregua es irreversible”, apunta.
Rivas aplaude, en todo caso, que el ministro haya hecho suya una propuesta, la del pacto de la sociedad, que desde antes del inicio de la tregua había hecho el Consejo Nacional de Educación (CNE), del que él es parte con otros rostros conocidos como el obispo Gregorio Rosa Chávez o la poetisa Silvia Elena Regalado. El pastor asegura que en 2011 lo que iba a ser un diagnóstico para prevenir la violencia en las escuelas acabó siendo la base para, en sus palabras, un “Pacto social por el desmontaje de la violencia” basado en acuerdos mínimos sobre prevención. Cuando en febrero de 2012 presentaron su iniciativa a Munguía Payés y Douglas Moreno su acogida fue, dice Rivas, fría. Luego se sabría que el gobierno ya estaba negociando la tregua.
Perdomo sí parece haber adoptado el proyecto. Después de discutirlo en privado con Rivas, el viernes 7 se reunió con el Consejo en pleno. El jueves 13 ya hubo una reunión en Casa Presidencial, a la que asistió el ministro de Educación, Hato Hasbún, para comenzar a diseñar una consulta nacional de la que, en teoría, debe salir al cabo de unos meses un consenso que puedan hacer suyo los candidatos a la presidencia y diferentes sectores sociales. “El ministro ya se ha reunido también con la ANEP y lo va a hacer con iglesias y la Conferencia Episcopal”, dice Rivas. Pese a su cargo como asesor presidencial en materia de pacificación, David Munguía Payés no ha estado hasta ahora en ninguna de esas reuniones.
Se trata, en todo caso, de un proyecto muy a largo plazo, sin presupuesto todavía, y que se comienza a discutir a solo ocho meses de las próximas elecciones presidenciales. “Admito que yo aún me pregunto si esto de anunciar el pacto es una maniobra para lavarle la cara al proceso, que se hizo de espaldas a la gente, o si el ministro tiene suficiente respaldo político para impulsarlo”, dice el pastor Rivas.
Aun así, se muestra optimista: “En cualquier caso la tregua no vuelve atrás porque los pandilleros no quieren volver atrás. Les conviene esta calma, para sus hijos y su familia, y para no vivir en constante paranoia.”
El jefe de la subdelegación de Ilopango de la PNC, el inspector Menjívar García, no es tan optimista. Revisa sus bases de datos, echa mano de su memoria y hace recuento de buenas y malas noticias: en enero de 2013 hubo en Ilopango cuatro homicidios, en febrero dos, en marzo tres, en abril uno, dos en mayo, y no ha habido ninguno en junio hasta el día de hoy, pese a las balaceras de Las Cañas. Solo en enero de 2012, en aquel lejano enero antes de que iniciara la tregua, en el municipio hubo 19 asesinatos. Las cifras, a pesar del dolor de cada familia, de cada víctima que aún muere, animan a sonreír. Pero debajo de las cifras hay matices, hay alertas, hay diques y candados que por momentos parecen a punto de romperse.
El inspector, cuyo indicativo es “Pastor”, nos pasea el último mes por uno de los muchos puntos calientes del municipio, uno de los que sirve para tomarle la temperatura a la tregua: el cantón Changallo. El jueves 6, la clica de la Mara Salvatrucha que controla esa zona asaltó el camión de una ONG que llevaba materiales y dinero a la escuela; el viernes 7 la misma clica asaltó el camión de reparto de la Pepsi, se llevó toda la caja y se hidrató con algunos litros de bebida gratis; el martes 11 de junio los mismos pandilleros, o sus homies, asaltaron en el mismo cantón el camión de la Diana. Al conductor le quitaron la caja, al vigilante que le acompañaba, la escopeta. Todos ellos, los asaltados, manejaban tranquilos porque pensaban que las cosas estaban calmadas, porque calmadas habían estado los últimos meses. Siempre había que regalar una cora o un dólar cuando los bichos, los adolescentes de las pistolas y los machetes, lo pedían, como pagan renta aún los vecinos de Changallo, pero en cierta paz ensayada, sin violencia. Hasta hora. Ahora se vuelve a ver armas.
“¿Qué cree usted? Al proceso hay que darle mantenimiento diario. No va solo”, dice el inspector Menjívar García. Él dice que el punto de inflexión para que esto funcione, o al menos para que funcione en el tema de que las pandillas no anden agitadas, son los recursos del gobierno central. Según “Pastor” lo de Changallo es un mensaje de cansancio. “Los muchachos empiezan a desconfiar del alcalde”, dice. Algunos creen que les usa para conseguir votos, que los sube a la tarima de las escuelas para sacarse la foto. A la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en Ilopango el gobierno, por boca del exviceministro Moreno y del alcalde Ruano, les ha prometido 400 plazas en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), 200 por pandilla, para que una parte de sus miembros reciban 100 dólares mensuales mientras están en capacitación profesional. Pero cada día que ese programa no inicia es una piedra que afila las dudas.
Raúl Mijango, el mediador, el hombre que trata de desarmar esas dudas, ha visitado tres veces Ilopango el último mes. Ha hablado con quienes mandan en las calles del municipio y estos, a su vez, han hecho bajar palabras de paz y vuelta al orden hasta las clicas. También hasta las que viven a un lado y a otro de la cancha de fútbol donde el 1 de junio alguien sembró 120 casquillos de bala. Parece que esas palabras han logrado de momento alejar a Las Cañas de su propio precipicio.
Es domingo 16. Han pasado dos semanas desde la balacera y al otro lado del teléfono el palabrero de Las Cañas con el que hablamos hace unos días en la escuela parece más tranquilo. Dice que ya se está solucionando el problema y el proceso vuelve a avanzar. “Vinieron todos los de diferentes zonas de Ilopango para hablar con nosotros, y lo mismo hicieron los de la otra pandilla. Nosotros les explicamos por qué era la cosa: por esto, por lo otro, por lo otro... Y hemos arreglado cosas. Yo les pedí disculpas por lo que había pasado y ellos también pidieron disculpas, porque tenían algo de culpa.”
Ese “arreglar cosas” ha sido reescribir las bases del pacto de no agresión: no adentrarse más allá o más acá de cierto pasaje, no insultarse o rifarse el barrio si dos pandilleros enemigos se encuentran cara a cara, cero ofensas, cero armas a la vista. Un delicado puente de palabras y gestos que se ha roto decenas de veces durante este año -con cada grito de cerotes, culeros, mierdasecas, chavalas, que alguien da desde un callejón o un carro en marcha; con cada balacera- y que decenas de veces se ha vuelto a levantar a base de llamadas telefónicas y nuevas promesas.
“Mis homies lo ven bien ahora”, dice el palabrero, con un optimismo que parece haber olvidado ya lo que hace dos semanas era imperdonable. “Dicen que para ellos mejor, que van a vivir más tranquilos, pero que ojalá sea algo cierto, verdadero, no solo palabras. Esto hay que solucionarlo de raíz”. ¿Qué significa “de raíz”? “Que no pase el mínimo error, que hasta el más pequeñísimo error lo controlemos. Que no pase ni un insulto”.
